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Inmigración Infantil

Juez determina que el gobierno de Trump podría tener que reunificar a más familias migrantes

El fallo del juez de distrito Dana Sabraw ocurre tras saber que se produjeron separaciones adicionales de niños migrantes antes de que se conociera públicamente la existencia de la política de 'tolerancia cero' en la frontera sur.
9 Mar 2019 – 9:52 PM EST

El juez de distrito en San Diego, California, Dana Sabraw, falló este viernes que miles de familias migrantes adicionales que fueron separadas por la política de 'tolerancia cero' antes de que se supiera que ya estaba en vigencia, también deberían ser reunificadas por el gobierno de Donald Trump.

Sabraw ya ordenó al gobierno federal el pasado 28 de junio de 2018 reunificar a más de 2,700 niños migrantes que fueron separados de sus padres.


Sin embargo, en los últimos meses informes de medios de comunicación revelaron que la administración Trump tenía un programa piloto de separación de familias no revelado y que estaba en vigor desde julio de 2017, lo que puede haber llevado a miles de separaciones adicionales.

Sabraw dictaminó que las familias separadas durante esos 11 meses son parte de la demanda colectiva que encabeza la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU). Para ello, programó una audiencia este 27 de marzo para decidir si el gobierno deberá identificar a todas las familias adicionales o reunirlas también.

"El sello distintivo de una sociedad civilizada se mide por la forma en que trata a su gente y a los que están dentro de sus fronteras", escribió en su fallo el juez Sabraw este viernes en la noche.

El nuevo pedido se produjo en respuesta a una solicitud de la ACLU después de que se enteró de las separaciones adicionales.

Además, Sabraw dijo que su decisión responde a un informe del regulador interno del Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos que dijo que miles de niños pudieron ser separados desde tan temprano como el verano de 2017.

Sin embargo, se desconoce el número exacto.

Antes de la implementación de la política de separaciones, estrategia que el gobierno niega rotundamente que haya existido (este miércoles la secretaria del DHS, Kirstjen Nielsen volvió a negarla), los padres o madres y sus hijos eran procesados conjuntamente al llegar al país y ser detenidos por la Patrulla Fronteriza. Así fueron tramitados los casos de miles de familias centroamericanas en los últimos años.

Pero la Unión Americana de Libertades Civiles advirtió en marzo del año pasado que ya no era así para muchos inmigrantes. El texto presentado en la corte advertía que los adultos y los menores eran llevados a diferentes centros de detención.
El grupo de derechos civiles también pidió en esa ocasión a la justicia que declarara la separación familiar como una práctica "ilegal" y subrayó que se trataba de casos en los que el progenitor "no presenta un peligro para el niño".

"Se trata de una práctica nacional", dijo en ese entonces Lee Gelernt, subdirector del Proyecto de Derechos de los Inmigrantes de ACLU, en un comunicado. "Quiera o no el gobierno de Trump llamar a esto una 'política', sin ninguna duda ha llevado adelante una práctica generalizada dedicada a arrancar a los niños de las manos de sus padres".

El grupo de derechos civiles, que encabeza la demanda de separación familiar, dijo que era imperativo que todas las familias separadas sean reunidas en los casos en que el padre fue deportado o permanezca bajo la custodia del gobierno en los EEUU.

ACLU calificó la decisión del viernes como un "paso crítico" para asegurar que todas las familias afectadas por la 'tolerancia cero' sean contadas. "El tribunal dejó en claro que potencialmente miles de vidas de niños están en juego y que la administración Trump no puede simplemente ignorar la devastación que ha causado", señaló en un comunicado.

La ‘tolerancia cero’

Dos meses después de la demanda de la ACLU, en la que se incluyó el caso de una mujer de nacionalidad congoleña que fue separada de su hija de 7 años mientras la menor "gritaba y lloraba", y donde la madre luego fue liberada pero la hija siguió detenida en un centro al que fue trasladada en Chicago, Illinois, a unas de 2,000 millas de distancia, el entonces fiscal general, Jeff Sessions, anunció la puesta en vigor de la política de ‘tolerancia cero’ en la frontera.

La medida significó presentar cargos criminales a los adultos que entran al país por zonas no autorizadas y con ello quitarles forzosamente a sus pequeños. Una vez resueltos los casos criminales, los padres podían recuperar a sus hijos, pero para entonces las autoridades del DHS ya los habían entregado a la custodia del Departamento de Salud y Recursos Humanos (HHS), quien a su vez los envió a la Oficina de Reasentamiento de Refugiados (ORR).

Luego de un tiempo un número no confirmado de menores fueron enviados a hogares temporales, situación que dificultó las reunificaciones una vez los padres finalizaron los procesos criminales forzados por el Departamento de Justicia.
El dictamen del juez Sabraw del 26 de junio no solo ordenó poner fin a las separaciones, sino que le ordenó al gobierno reunificar a la totalidad de las familias afectadas.

El juez Sabraw ha dejado en claro que su principal intención era "sacar a la luz" todos los errores cometidos por el gobierno al aplicar su nueva política migratoria en las fronteras, especialmente el trato de núcleos familiares que cruzan ilegalmente o llegan a los puntos de entrada pidiendo asilo: "Es importante reconocer que estamos hablando de seres humanos", dijo el magistrado.

Las carpas de Tornillo, el nuevo centro de detención para niños inmigrantes (fotos)

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