Cómo California está protegiendo la información de los inmigrantes indocumentados que venden en sus calles

Inmigrantes que venden comida, flores y otros productos en las aceras de California tendrán nuevas protecciones de privacidad frente a los agentes federales de inmigración.

La medida, promulgada la semana pasada por el gobernador demócrata Gavin Newsom, se suma a otras leyes estatales que buscan proteger a los estudiantes en las escuelas y a los pacientes en los centros de salud del alcance de las acciones migratorias del presidente Donald Trump.

Estados liderados por demócratas han acogido leyes para resistir la ofensiva de Trump. Esto incluso mientras él intensifica su campaña de deportaciones al buscar desplegar tropas de la Guardia Nacional en ciudades gestionadas por demócratas para supuestamente apoyar a agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) que están arrestando —en ocasiones de forma agresiva— a personas sospechosas de estar en Estados Unidos sin autorización.

En contraste, algunos estados liderados por republicanos están exigiendo que las agencias locales cooperen con los agentes de ICE.

“Las acciones de los estados realmente reflejan la polarización del país en este tema”, de acuerdo con Jessica Vaughan, directora de estudios de políticas en el Centro de Estudios de Inmigración y quien apoya las restricciones a la inmigración.

“Hemos visto a algunos estados moverse para cooperar en la mayor medida posible” con la administración Trump y otros “haciendo lo que pueden para tratar de impedir que se apliquen las leyes migratorias en su estado”.

En todo Estados Unidos, legisladores estatales han aprobado este año más de 100 proyectos de ley relacionados con la inmigración, según un análisis de The Associated Press con la ayuda del software de seguimiento de proyectos de ley Plural. Las medidas están divididas casi equitativamente entre aquellas que otorgan y niegan protecciones a los inmigrantes.

California está protegiendo la información de los inmigrantes

Los inmigrantes constituyen una parte significativa de los vendedores ambulantes urbanos de California. Algunos han sido detenidos en operativos migratorios, en parte, porque su trabajo al aire libre en lugares públicos los convierte en objetivos más fáciles que las personas detrás de puertas cerradas.

Los vendedores ambulantes de California generalmente necesitan permisos de las ciudades o condados. La nueva ley prohíbe a los gobiernos locales preguntar sobre el estatus migratorio de los vendedores, exigir huellas dactilares o divulgar información personal —nombre, dirección, fecha de nacimiento, identificadores de redes sociales y números de teléfono y licencia de conducir, entre otras cosas— sin una citación judicial.

La ley, que entrará en vigor el 1 de enero, fue impulsada por preocupaciones de que agentes federales de inmigración pudieran acceder a las bases de datos de vendedores que están en manos de los gobiernos locales para detener o deportar a personas.

“Estamos hablando realmente de seguridad —seguridad para los negocios, seguridad para los seres humanos, seguridad para las personas que han pasado por tanto”, señaló Sergio Jimenez, organizador de vendedores ambulantes con la organización sin fines de lucro Community Power Collective en Los Ángeles.

Leyes adicionales recientemente firmadas por Newsom añaden el estatus migratorio a una lista de información médica protegida y prohíben a las escuelas otorgar acceso a agentes federales de inmigración sin una orden judicial.

Otra nueva ley de California ordena a las escuelas e instituciones de educación superior notificar de inmediato al personal y a los estudiantes o padres cuando los funcionarios de inmigración estén en el campus.

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