null: nullpx

Cómo la frustración de no poder llegar a EEUU genera un aumento de los suicidios en cárceles de migrantes de México

Bajo presión de Estados Unidos por detener y deportar a migrantes centroamericanos en la frontera sur de México, los suicidios en el mayor centro de detención en América Latina son cada vez más frecuentes.
30 Jun 2016 – 12:51 PM EDT
Comparte
Default image alt
Tapachula es el punto de deportación principal para los migrantes detenidos en el sur y centro de México. Crédito: Oscar Batres/Getty Images

TAPACHULA (México).- “Era de El Salvador. Sabía que iba a ser deportado. El chavo se tiró. Y cayó de cabeza. Está vivo, decía Migración. Pero era mentira. Allí en ese instante se mató. Después no supimos nada del chavo. Lo querían deportar y él decía que tenía problemas en su país”.

Así inicia el testimonio, en declaraciones a Univision Noticias, un antiguo recluso hondureño sobre el suicidio de Manuel Antonio Ventura García en un centro mexicano de detención para migrantes, en la frontera con Guatemala. Por su localización estratégica, se trata del punto de deportación principal para los migrantes detenidos en el sur y centro de México.

Situado en la ciudad fronteriza de Tapachula, Chiapas, tiene capacidad para cerca de 1,000 personas, aunque los que lo conocen por dentro dicen que a menudo su capacidad está rebasada. Así que el suicidio de este salvadoreño de 32 años tuvo cientos de testigos. Dicen que se tiró al vacío desde un tablero de basquetbol, en la cancha de juego.

Al centro se le conoce como 'Estación Migratoria Siglo XXI', pero en poco se ajusta a los estándares de derechos humanos esperados en este siglo. Hay 32 instituciones similares en todo el país y aunque ser indocumentado sea una falta administrativa y no un crimen, éstas funcionan como cárceles.


Muchos de los reclusos vienen huyendo de la violencia en El Salvador y Honduras. Y aunque soliciten refugio, por ley deben esperar 2 meses y medio (45 días hábiles) en detención, mientras se tramita su solicitud ante la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR).

“Ha ocurrido que un solicitante de asilo esté 8 meses en una estación migratoria”, denuncian desde el Centro de Derechos Humanos Fray Matías, una ONG en Tapachula. Aunque COMAR asegura que solo un 1% de los procesos de los procesos de solicitud de refugio se extiende más allá de los 45 días.

Bajo la Iniciativa Mérida lanzada en 2008, Estados Unidos dedica parte de sus fondos a “gestionar” centros de detención para migrantes en México, dándoles sellos de calidad cuando cumplen con ciertos estándares. Pero en los propios centros de detención para migrantes en los Estados Unidos, organizaciones como Human Rights Watch o la Comisión Interamericana de Derechos Humanos también reportan abusos. Por ello, organizaciones como American Friends Service Committee (AFSC) se oponen a cualquier cooperación estadounidense en esta materia.

“Hemos visto las violaciones de derechos humanos cometidas por las instituciones de migración de Estados Unidos y nos preocupa que estén aquí enseñándoles a los agentes de México”, dijo la coordinadora de incidencia política de AFSC, Kathryn Johnson.


Representantes de la Embajada de EEUU en México niegan que la política de detención y deportación se deba a presión de su gobierno, pero en audiencias en el Senado de los Estados Unidos se habla abiertamente de “agentes fronterizos de EEUU incrustados” con los de México. Además, los datos oficiales muestran que entre octubre de 2014 y mayo de 2015, agentes d el Instituto Nacional de Migración (INM) detuvieron a más migrantes que la patrulla fronteriza de los Estados Unidos (110,043 y 85,131 respectivamente).

Las detenciones se realizan en el marco del Plan Frontera Sur que se implementó tras el anuncio del presidente Obama sobre la crisis humanitaria provocada por el aumento del flujo de niños no acompañados que llegaron a la frontera de EEUU en el verano de 2014. Las cifras revelan que de julio de 2014 a junio de 2015, las detenciones de migrantes centroamericanos en México se incrementaron en un 71% respecto del año anterior, antes del lanzamiento del Plan.

El suicidio de Manuel Antonio el 10 de mayo pasado es la tercera muerte en cinco meses en este centro de detención. En diciembre de 2015 se suicidó otro salvadoreño y murió un hombre de Somalia, debido presuntamente a una atención médica negligente. Mientras tanto, este mes un joven hondureño se quitó la vida en una instancia provisional del INM, en Comitán de Domínguez, también en Chiapas.

En el Centro de Derechos Humanos Fray Matías creen que no será el último: “Es frecuente, entre las personas que sufren detención por razones migratorias, la presencia de ideas suicidas e intentos de terminar con la vida”.

En este caso, uno de los testigos denunció que los agentes migratorios dentro del centro de detención no dejaron que los detenidos ayudaran a su compañero Manuel Antonio, visiblemente traumado.


“Todo el mundo le quería ayudar. Intentaron poner una colchoneta pero los de migración con el pie la quitaron. Vinieron otros chavos. Dejen, dejen, dijo otro de migración. Todo el mundo lo quería ayudar. Después vino otro chavo. Y Migración dijo: Quítense. Nosotros lo vamos a bajar. Cuando Migración quita a todo el mundo, viene el chavo y se tira”, comentó el testigo.

“Él estaba mal de la cabeza. Decía que lo querían matar allí adentro [del centro de detención], que lo querían matar. Pero era mentira. Donde querían matarlo era en su país. Decía que los mareros lo querían hacer picadillo con un machete. Tenía un trauma o no sé”, comentó el testigo de una voz grave.

También en Tapachula abundan los relatos de migrantes y solicitantes de asilo golpeados por fuerzas de seguridad y agentes migratorios dentro del centro de detención, pero son escasas las denuncias que llegan a la fiscalía. De las pocas victimas que interponen denuncias, muchas se retractan por miedo a represalias.

Además, el testigo, solicitante de refugio hondureño, le aseguró a Univision Noticias que dentro de la Estación Migratoria Siglo XXI hay colusión entre agentes oficiales y maras centroamericanas. “Hay maras dentro del centro de detención y los agentes les comunican los nombres de los que van a deportar”. Así se han reportado casos de personas que mueren en manos de las pandillas horas después de haber sido deportados a Honduras o El Salvador.

El artículo 20 de la ley mexicana sobre refugiados estipula que COMAR puede liberar a los solicitantes de asilo más vulnerables. “Cuando una mujer está embarazada, por ejemplo, solicito que siga su procedimiento fuera, en coordinación con el Instituto Nacional de Migración y la Agencia de la ONU para los Refugiados”, explicó la delegada de la COMAR en Chiapas, Alma Delia Cruz Márquez.

Mientras que 11 organizaciones de derechos humanos mexicanas, estadounidenses e internacionales han pedido que se cierren los centros de detención para migrantes en México, en un evento público celebrando el Día Mundial del Refugiado el pasado 18 de junio, el alcalde de Tapachula aseguró que su ciudad “es el hogar de todos”.

Pero parece más acertada la declaración que en 2012 hizo Alan Bersin, oficial del Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos: “la Frontera de Guatemala con Chiapas-México es ahora nuestra frontera sur”.


Comparte