Una corte le exige a Nuevo México invertir más en educación debido al triste estado de su sistema escolar

Las escuelas de este estado fronterizo están entre las que menos fondos reciben de toda la nación. Y esos fondos relativamente escasos tampoco se comparten de manera equitativa entre los distritos. Los estudiantes en escuelas de mayor pobreza en el estado a menudo reciben sustancialmente menos dinero que los estudiantes de otras escuelas.
11 Ago 2018 – 9:17 AM EDT

Un tribunal encontró que el estado de Nuevo México ha estado fallando en su deber constitucional de asegurar que todos los estudiantes reciban una educación adecuada. El tribunal le ordenó al estado que presentara una solución antes del próximo abril . En términos prácticos, cualquier solución significará más dinero para los distritos escolares pobres, más supervisión para garantizar oportunidades uniformes en todo el estado y más servicios educativos para los estudiantes en riesgo.

En la mayoría de los hechos, la decisión parece obvia. Las escuelas de Nuevo México están entre las que menos fondos reciben de toda la nación. Y esos fondos relativamente escasos tampoco se comparten de manera equitativa entre los distritos. Los estudiantes en escuelas de mayor pobreza en Nuevo México a menudo reciben sustancialmente menos dinero que los estudiantes de otras escuelas. Un reporte sobre la equidad en la financiación escolar le dio una calificación de “D” a Nuevo México. En otras palabras, Nuevo México necesita gastar más dinero en todas sus escuelas y mucho más dinero en sus escuelas con alta pobreza. Esta nueva decisión judicial ordena al estado hacer justamente eso.

El problema es que Nuevo México no es un estado rico. Teniendo en cuenta la pobreza general del estado, el gobierno local en realidad se esfuerza mucho por financiar la educación con lo que tiene. En esta medida, del esfuerzo que empeña en financiar la educación, Nuevo México se encuentra entre los primeros 15 en la nación. Esto llevó al estado a defender sus fallas argumentando que carecía de los fondos para brindar una educación adecuada.

La corte no lo escuchó. Ofreció una respuesta como sacada de un libro de texto escolar: las limitaciones fiscales no son una excusa para privar a las personas de sus derechos constitucionales. Una "educación suficiente es un derecho protegido por la Constitución de Nuevo México" y es el "deber supremo" del estado proporcionarlo, dictó la decisión de la corte.

Esto significa que la educación tiene "el derecho de prioridad en la financiación" y que todos los demás programas estatales que compiten son "secundarios" en el mejor de los casos, dictaminó el tribunal. En resumen, financiar completamente el nivel de educación requerido por la Constitución no es negociable.

Nuevo México tiene mucho por mejorar. Otros estados pobres como Carolina del Sur, Arkansas, West Virginia y Mississippi eligen gastar más de su riqueza en educación que lo que hace Nuevo México. Y todos ellos, incluido Nuevo México, podrían soportar gastar más. Después de ajustar la inflación, Nuevo México, por ejemplo, gastó 11.7% menos por estudiante en el año escolar 2015-16 de lo que gastó en 2008 antes de que comenzara la Recesión. Sin embargo, el estado está aportando casi un 50% más en ingresos fiscales totales ahora que en 2008. Los gobiernos estatales y locales simplemente eligen gastar esos ingresos en otras cosas.

Reducción de la supervisión federal

Este triste conjunto de hechos también debe servir como un llamado de atención para los responsables de las políticas sobre el papel que debe jugar el gobierno federal en la educación. En primer lugar, las asignaciones federales de educación se han mantenido relativamente planas en la última década. Entonces, los estados pobres no reciben mucha ayuda del gobierno federal. Segundo, la supervisión federal de las desigualdades y fallas del estado se está reduciendo.

En 2015, el Congreso aprobó la Ley Todo Estudiante Triunfa (Every Student Succeeds en inglés, o ESSA). La premisa general de la ley es que el gobierno federal se ha estado extralimitando en la educación y que era hora de devolver más criterio a los estados. En 2016, el presidente Donald Trump hizo campaña a favor de minimizar el papel del gobierno federal en la educación aún más. En 2017, nombró una secretaria de Educación que consistentemente argumenta que debemos encoger más y más la huella federal en la educación.

La triste historia de Nuevo México y otros estados es que muchos estados no son confiables. Dejados a su suerte, las legislaturas estatales han demostrado una propensidad fuerte de proveer oportunidades educativas desiguales y o provide unequal and underfunded educational opportunities. Tradicionalmente solo el gobierno federal había sido quien controlaba ese instinto.

Ahora que el gobierno federal no jugará un papel fuerte en la educación, los tribunales estatales a menudo representan el baluarte final de los derechos de los estudiantes. Nuevo México acaba de agregar su nombre a la lista de sistemas judiciales estatales que continúan exigiéndole a los estados que cumplan con su deber constitucional en la educación. El problema es que hay muchos estados que todavía ni siquiera están en esa lista.

The Conversation
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