9 mujeres querían trabajar en una isla de EEUU: una vez llegaron las prostituyeron
Una mujer venezolana, quien vivía en las Islas Vírgenes Británicas, aceptó encantada una oferta de trabajar de mesera en una isla caribeña cercana. El 23 de octubre de 2020 se subió a la lancha que la llevó ilegalmente a las Islas Vírgenes de Estados Unidos, un territorio de ese país. Pero al llegar le hicieron saber con amenazas que había caído en las garras de una organización de tráfico sexual.
La llevaron a un burdel clandestino en St. Thomas, donde se unió a un grupo de mujeres, todas inmigrantes indocumentadas, originarias de Venezuela y República Dominicana, que eran obligadas a prostituirse. Les imponían deudas impagables por su transportación a la isla, las tenían vigiladas y les cobraban hasta por salir a la tienda, de acuerdo con una acusación federal.
El adeudo de esta venezolana, a quien las autoridades identifican con el pseudónimo de ‘Jane Doe 8’, era de 1,200 dólares y nunca logró saldarlo. Le decían que era la cuota del “capitán” o coyote que la llevó de una isla a otra. Además, le fijaron un alquiler mensual de 200 dólares y varias tarifas.
Otras mujeres entregaban todos sus ingresos para pagarle hasta 15,000 dólares al coyote. Les prohibían salir de la propiedad a comprar comida sin entregar 150 dólares. Cada vez que usaban una habitación, para tener relaciones sexuales con los clientes, daban 10 dólares.
“Las mujeres debían realizar sus ‘servicios’ en 25 minutos o menos; si su ‘cita’ se pasaba, aunque fuese un minuto, debían pagar 20 dólares adicionales”, describen documentos judiciales. “Una mujer reportó tener de ocho a diez clientes por noche”.
Estas esclavas sexuales eran retenidas en el establecimiento The Embers Guest House, administrado por Ramona Rivera Luna, alias ‘Clara’ y de 65 años, una mujer dominicana con ciudadanía estadounidense.
La propiedad tiene tres edificios, cada uno con varios dormitorios, donde retenían a las víctimas. Uno de los inmuebles cuenta además con un bar y una cocina, describen las autoridades.
“Ella obligó a las mujeres a realizar actos sexuales para pagar sus deudas por el tráfico de migrantes”, alega una moción que la Fiscalía interpuso en el Distrito de las Islas Vírgenes en noviembre de 2020.
“Fue solo cuando llegaron que se enteraron de que no era un bar típico y que estaban obligadas a realizar servicios que eran de meseras, sino actos sexuales”, agrega.
El operativo de ICE que las liberó
Las nueve mujeres fueron rescatadas por agentes de la unidad de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), bajo la dirección del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE), en un operativo que realizaron en la “casa de citas” el 30 de octubre de 2020.
El agente migratorio Andrew Hayden testificó en una corte federal que al iniciar el registro de la propiedad ingresaron al bar y solicitaron llamar al gerente. Rivera Luna llegó quince minutos más tarde y explicó que tenía llaves de todas las habitaciones, donde vivían otras mujeres.
Llevó a los policías federales a un cuarto y al abrir la puerta su negocio ilícito quedó al descubierto. Los oficiales vieron a una mujer casi completamente desnuda y de inmediato se colocó en una pose sugestiva. “¡No! ¡Policía!”, gritó Rivera Luna, indicándole que no eran clientes.
Las nueve “esclavas sexuales” declararon que Rivera Luna las tenía amenazadas y bajo vigilancia constante, apoyada por cámaras de seguridad que estaban por todos lados. También les advertía que conocía a personas influyentes en la isla y en República Dominicana. Algunas víctimas dijeron a HSI que creían que algunos clientes que frecuentaban el burdel “estaban en posiciones de poder”.
Una de las denunciantes aseguró que su captora la amenazó con pagarle a un sicario hasta 3,000 dólares para que la matara y que “nadie se enteraría” del crimen.
“Varias víctimas expresaron temor de que sus familias ahora puedan estar en peligro, ya que la acusada había advertido que sabía dónde vivían sus familias en República Dominicana”, dice una moción.
La niñera capturada por esta banda
Dos víctimas son sobrinas de la acusada y también fueron llevadas con engaños a la isla.
Y una dominicana, quien fue niñera en su país, dijo que conocía personalmente a Rivera Luna. “La mujer nunca había trabajado como prostituta y se horrorizó al encontrarse en un país extranjero, donde no conocía a nadie más que a la acusada, viéndose obligada a practicar la prostitución”, dice la Fiscalía.
“Otra mujer informó que incluso cuando finalmente pagó a la acusada la deuda original, ella cambió la cantidad alegando que la mujer debía una cantidad mayor”, señalan los fiscales.
Cada vez que ellas salían del The Embers, la propia Rivera Luna las acompañaba o le pedía a otra persona que las vigilara de cerca. De esa manera evitaron que escaparan.
Las nueve ‘Jane Does’ de este caso llegaron al burdel entre septiembre de 2017 y octubre de 2020.
Al registrar la propiedad los agentes encontraron una gran cantidad de preservativos y lubricante.
En la habitación donde vivía la acusada estaban los monitores de un sistema de vigilancia. Ella declaró que había alquilado el lugar durante 15 años. Al finalizar el cateo del HSI, la mujer fue arrestada.
Aunque no tiene antecedentes penales, un juez le negó el derecho a fianza advirtiendo que existía el riesgo de que se fugara y porque representaba “un peligro” para la comunidad y las víctimas.
El 4 de diciembre de 2020, un gran jurado federal la acusó de 22 cargos criminales: seis de transporte para la prostitución, siete de traer inmigrantes indocumentados a EEUU para obtener ganancias financieras y nueve de albergar a extranjeros para obtener ganancias financieras.
A finales de junio, ella se declaró culpable de un cargo de transporte de una persona con el propósito de practicar prostitución y tres de traer indocumentados para obtener ganancias financieras. Su fecha de sentencia sigue pendiente.
