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Las cárceles privadas se podrían acabar, pero no para los indocumentados

La medida afectará a las prisiones federales, pero no a los centros de detención donde muchos inmigrantes deben vivir a la espera de una resolución judicial.
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24 Ago 2016 – 11:23 AM EDT

El jueves, el Departamento de Justicia anunció que reduciría gradualmente su dependencia de las prisiones privadas, que han sido blanco de fuertes críticas por sus condiciones inhumanas y operaciones opacas.

Sin embargo, lo que esta decisión no afecta es la amplia y problemática maquinaria de detención del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés). Estas instalaciones a menudo albergan solicitantes de asilo, incluyendo mujeres jóvenes y niños, mientras esperan por resultados legales o la deportación. Esto se conoce como detención civil y no está pensada como una medida punitiva. Y, sin embargo, a menudo lo es, sostienen los activistas, tanto en las instalaciones privadas como en las que opera el gobierno.

¿El fin de las prisiones "paralelas"?

Los no ciudadanos representan alrededor de un 22% del total de población carcelaria de la Agencia Federal de Prisiones (BOP, por sus siglas en inglés), pero en las prisiones de gestión privada de esta oficina son la mayoría: más de 22,000 individuos. Todas las trece instalaciones de este tipo son cárceles de las denominadas "Criminal Alien Requirement (CAR)", designadas principalmente para los no ciudadanos que han entrado al país sin papeles. Los hispanos, a su vez, constituyen un 33% de la población en las cárceles federales, pero en este tipo de prisiones de gestión privada son obviamente mayoría también.

Según un informe investigativo de 2015 realizado por Fusion, las dos terceras partes de los individuos en estas prisiones "paralelas", como las llaman los críticos, están detenidos por entrar a Estados Unidos de manera ilegal después de haber sido deportados una primera vez. El reingreso ilegal fue un delito civil hasta la década de 1980, pero desde entonces las sanciones penales por el delito se han vuelto extremadamente severas, y se castiga con varios años de prisión.

En la década de 1990, los procesamientos comenzaron a aumentar poco a poco. Luego aumentaron dramáticamente bajo el gobierno de George W. Bush debido a la Operación Streamline (un programa de medidas severas contra los cruces ilegales de la frontera). Bajo el presidente Barack Obama, alcanzaron casi 40,000 al año, en comparación con menos de 5,000 a mediados de la década de 1990.


Vía Fusion:

"La mayoría de los aproximadamente 23,000 inmigrantes que se encuentran detenidos cada noche en las prisiones CAR han violado leyes migratorias, crímenes que hace una década hubieran resultado en poco más que un viaje en autobús de regreso a casa. Y, ahora, algunos de los mismos funcionarios que supervisaron las agencias que crearon y alimentaron el sistema han pasado a trabajar para las compañías privadas de prisiones que más beneficiaron".

Durante mucho tiempo los activistas han criticado las condiciones en las prisiones privadas. Un informe investigativo publicado en The Nation en enero de 2016 dio crédito a sus críticas. El trabajo se basa en documentos, obtenidos mediante la Ley de Libertad de Información, que demostraron que las normas laxas de salud médica y mental en instituciones privadas causaron decenas de muertes.

El anuncio del Departamento de Justicia indica el final de estas instituciones. "Esperamos que esta decisión sea un trampolín para que el Departamento de Justicia le ponga fin al uso de prisiones separadas para los no ciudadanos y reduzca el nivel de prioridad de los procesamientos por ingreso y reingreso indebidos", dijo Bethany Carson, investigadora y organizadora de Grassroots Leadership, un grupo de defensa antiencarcelamiento. Carson y sus colegas han publicado un libro sobre el creciente negocio creado por el procesamiento penal de aquellas personas que reingresan a través de la frontera.


¿Qué sucede con las instalaciones privadas de detención civil?

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), que es una agencia del DHS, detiene a los individuos en varios tipos de instalaciones: algunas las opera y pertenecen al propio ICE; otras pertenecen a estados o gobiernos locales. Pero, algunas se subcontratan a empresas privadas. Entre ellas está el infame centro de detención familiar en Dilley, Texas, que albergó a madres e hijos centroamericanos que llegaron al país durante la crisis migratoria de 2014. Esta instalación fue construida por la Corrections Corporation of America (CCA, por sus siglas en inglés), la segunda mayor empresa privada de prisiones en Estados Unidos, la cual opera nueve centros de detención de inmigrantes.

Recientemente, un reportero de Mother Jones fue encubierto como guardia de prisión a una instalación operada por la CCA, y descubrió un alto grado de omisión de procedimientos y negligencia. Y hace tan sólo unos días, The Washington Post reveló los detalles del inusual contrato entre la corporación y el gobierno para el centro de detención de Dilley:
“El contrato de cuatro años por mil millones de dólares -cuyos detalles no han sido divulgados previamente- ha sido muy beneficioso para la CCA, la cual, en un arreglo inusual, recibe el dinero, independientemente del número de personas detenidas en la instalación. Los detractores dicen que la política del gobierno ha sido cara pero ineficaz. Las llegadas de familias centroamericanas a la frontera no cesan, mientras que los fallos judiciales han obligado a la administración a darle marcha atrás a su enfoque original ante la crisis en la frontera”.

El centro de detención de Dilley tiene un pasado turbulento. En 2015, un juez federal dictaminó que el centro no cumplía las condiciones mínimas de bienestar para los niños, tal como se establece en el acuerdo de 1997 en el caso de Flores v. Meese. Posteriormente se ordenó la liberación de los niños detenidos.

En mayo de 2016, otro juez bloqueó temporalmente el intento de ICE para obtener una licencia de cuidado infantil, lo cual hubiera legalizado la detención de niños en Dilley. ICE insiste en que las condiciones han mejorado, pero los detractores aún le llaman "cárcel de bebés". Lo siguiente son palabras de Ian Philabaum, coordinador de abogacía del proyecto CARA probono, en una audiencia pública con el Departamento de Servicios para la Familia y de Protección de Texas en 2015:
“Seis días a la semana voy a esta instalación y me reuno con más de 150 madres. Junto a ellas están sus hijos, todos enfermos. Lloran. Tienen fiebre. Están estreñidos. Inflamados. Tienen diarrea. Semanalmente vemos infecciones oculares en muchos de ellos. Y vemos, sobre todo, en cada niño algo que ahora denominamos "la tos de Dilley". Eso es lo normal. Eso es lo que vemos a diario”.

Dado que los problemas en las prisiones privadas son similares bajo el BOP y el DHS, "el siguiente paso natural es que el DHS reconsidere también su práctica de la contratación con empresas privadas de prisiones", dice a CityLab Claudia Valenzuela, directora del proyecto contra detenciones del Centro Nacional de Justicia para Inmigrantes.

Las instalaciones administradas por el gobierno también tienen problemas

Quizás las prisiones y los centros de detención privados sean más opacos, pero los que opera el gobierno no parecen ofrecer mucho mejores condiciones, como indican las imágenes recién publicadas de las condiciones en las instalaciones operadas por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) en Arizona:

Sin fecha: Instalación de Tucson; hombres envueltos en sábanas de plástico y sentados en pisos y bancos de concreto, cerca de botes de basura e inodoros; la celda está tan llena que no hay espacio para que todos se recuesten (Cortesía de ACLU).


Agosto de 2015. Instalación de Tucson; individuos envueltos en sábanas plásticas duermen en pisos y bancos de concreto; la celda está tan llena que no hay espacio para moverse (Cortesía de ACLU).

Septiembre de 2015. Instalación de Douglas; hombres duermen en pisos y bancos de concreto, algunos junto al baño; varios hombres se juntan bajo una sábana de plástico; la basura está regada por el piso (Cortesía de ACLU).

Septiembre de 2015. Instalación de Douglas; mujeres y niños envueltos en sábanas de plástico; no hay suficientes colchonetas para todos; los niños gatean sobre los pisos de concreto cerca del baño (Cortesía de ACLU).


Una reciente orden judicial en una demanda colectiva presentada por organizaciones de derechos civiles y de los inmigrantes en contra de la CBP descubrió evidencia fotográfica de las condiciones de hacinamiento, suciedad y frío en que se mantienen a hombres, mujeres y niños. Estas celdas de detención, a menudo llamadas hieleras, son destinadas exclusivamente a estancias cortas de unas pocas horas. Sin embargo, "la detención prolongada es muy frecuente" en estos lugares, según un informe de la Unión Americana de Libertades Civiles (en las instalaciones de la CBP, la duración de la detención varió de 65 a 104 horas).

En las fotos, se observa a niños pequeños gateando por los pisos de concreto y detenidos durmiendo con las cabezas de unos junto a los pies de otros en celdas desnudas, a veces envueltos en sábanas de plástico, pero a menudo sin ningún tipo de cobertores o colchonetas. "Estas fotos muestran los daños que las personas sufren en estas instalaciones, desde dormir en el piso durante varios días hasta tener que amontonarse para mantenerse calientes", dijo Travis Silva, abogado del Comité de Abogados para los Derechos Civiles del área de la Bahía de San Francisco, una de las organizaciones que presentaron la demanda.

"Estas condiciones no deberían existir en una instalación operada por el gobierno de Estados Unidos”, concluyeron.

Este artículo fue publicado originalmente en inglés en CityLab.com.

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