La nueva ola de deportaciones es una muestra del doble discurso de Obama

La administración de Obama está preparándose para una nueva oleada de redadas contra migrantes centroamericanos, como Reuters reportó el jueves pasado, en lo que sería la “mayor barrida de deportaciones enfocada en familias inmigrantes”. Así lo explicó la agencia de noticias:

La Agencia de Inmigración y Aduanas (ICE) ha dado la instrucciones a sus oficinas a través del país para comenzar un aumento de arrestos por treinta días, enfocados en madres e hijos a los que ya se les ha dicho que deben dejar el país, de acuerdo a un documento al que Reuters tuvo acceso.

La vocera de ICE Jennifer Elzea no confirmó explícitamente estos detalles, pero en un correo a CityLab dijo que las “actuales operaciones” de ICE están en línea con los anuncios hechos en enero y marzo por parte del secretario de Seguridad Nacional Jeh Johnson.

Además, Elzea reiteró que todos los objetivos para esta agencia serán individuos y familias que hayan cruzado la frontera ilegalmente tras 2014, y que luego han sido ordenados de ser removidos por un juez de inmigración. A su vez, éstos no tienen que tener apelaciones pendientes o peticiones de asilo o apoyo humanitario bajo las leyes de Estados Unidos (las familias que entraron antes de ese año y que no tengan registros criminales han sido quitados de la prioridad de deportación, de acuerdo a una orden de 2014 del Departamento de Seguridad Nacional).

Si estas redadas son realizadas de la misma manera que las que se hicieron en enero, éstas probablemente profundizarán la desconfianza que las comunidades migrantes ya tienen respecto al gobierno de Estados Unidos.

El impacto de la última ronda de redadas

En enero, ICE detuvo a 121 madres jóvenes y sus hijos, principalmente de Georgia, Texas y Carolina del Norte. “Son las jurisdicciones más conservadoras con bajísimos niveles de aprobación de peticiones de asilo”, dijo Katie Shepherd, abogada administradora del Cara Pro Bono Project, organización que ha estado realizando apelaciones para muchos de quienes están destinados al centro de detención de Dilley, en Texas (en total 336 personas han sido arrestadas desde el principio de año, en lo que el secretario Johnson llama “operación guardián de la frontera”.

ICE prefiere no llamar “redadas” a estas acciones. “Lo que hacemos son acciones administrativas migratorias cuidadosamente y precisamente realizadas, basadas en nuestras prioridades”, dijo Ezlea en un e-mail. Pero los activistas pro-inmigrantes y legisladores, incluyendo los dos candidatos demócratas, tienen una visión contrapuesta.

Basados en los testimonios de mujeres centroamericanas que ICE tomó detenidas, el Southern Poverty Law Center concluyó que las redadas de enero “pasaron a llevar derechos legales, obligaron a madres y niños a pasar por encuentros policiales terroríficos e innecesarios y separaron a familias”. Su reporte denuncia que los agentes de ICE muchas veces no mostraron las órdenes o pidieron permiso antes de entrar a hogares de los inmigrantes que buscaron. Al momento de las redadas, muchos de los objetivos estaban cumpliendo con las reglas y regulaciones que habían impuesto cortes migratorias, incluyendo llevar brazaletes electrónicos o yendo a sus correspondientes citas judiciales. Distintas historias en los medios demostraron que los agentes de ICE capturaron a jóvenes en sus caminos a las escuelas. Contra sus propios protocolos, incluso entraron a “ubicaciones sensibles”, como iglesias, de acuerdo a Vice.

En efecto, estas deportaciones contra las comunidades migrantes han sido bien documentadas. Los niños han sido sacados de la escuela. Sus familias han sido detenidas al salir, incluso cuando iban a comprar comida, transformando comunidades locales vibrantes en pueblos fantasmas, de acuerdo a Esther Yu-Hsi Lee en el medio ThinkProgress. Incluso en ciudades amigables (http://www.theguardian.com/us-news/2016/jan/06/ice-raids-immigrant-families-deportation-fear) a los inmigrantes, como Nueva York, los inmigrantes están paralizados por el miedo.

Como ha sido dicho antes, las políticas duras de seguridad policíaca contra los inmigrantes y las deportaciones de indocumentados han traído repercusiones negativas a nivel económico, social y civil, no sólo para los migrantes y sus hijos nacidos en Estados Unidos, sino también para las comunidades en las que viven. Estas redadas masivas tienen a exacerbar esta sensación.

El problema con el sistema que está ordenando estas deportaciones

De acuerdo a las mediciones del mismo gobierno, más de un 85% de los centroamericanos detenidos tienen razones creíbles para tener miedo a ser perseguidos en sus países. Este dato fue enfatizado aún más por un reporte reciente de The Guardian, el que hayó que 83 deportados fueron asesinados al volver a sus países. Entonces, ¿por qué las cortes migratorias están decidiendo a favor de sacarlos del país?

Como previamente detallé largamente, la falta de representación legal es una de las razones más importantes. De acuerdo a un análisis de los datos del gobierno a través de la Ley de Libertad de Información, realizado por la Universidad de Syracuse, tener un abogado hace que un postulante a asilo tenga catorce veces más probabilidades de ser exitoso en ese proceso. Mientras el gobierno de Obama ha anunciado programas para proveer de más abogados para los niños en procedimientos de inmigración, esto claramente no ha sido suficiente. De las órdenes de deportación para los casos de asilo de Centro América, un 86% no tuvo representación legal. El sistema, como está ahora, obliga a madres jóvenes que hablan español y a pequeños a navegar en rutinas complejas y procesos burocráticos de las cortes migratorias sin un profesional entrenado que los apoye.

Muchas de estas personas, de acuerdo a datos de la Oficina Ejecutiva de Revisión Migratoria, literalmente no tuvieron su día en la corte. Esto, de acuerdo a una carta enviada al gobierno de Obama por la Unión de Libertades Civiles ( ACLU) y otras organizaciones pro-inmigrantes. “Una tremenda mayoría de los menores desacompañados y las unidades familiares que han sido obligadas a ser removidas por una corte lo han hecho en ausencia. Muchos de estos individuos ni siquiera recibieron un aviso de sus audiencias”, dijo la carta.

En 2014, la ACLU interpuso una demanda colectiva contra el gobierno de Estados Unidos por estas audiencias de deportación, la que pronto se dirigirá a un juicio. “Si creemos en el debido proceso para los niños de nuestro país, no podemos abandonarlos cuando se enfrenten a la deportación en nuestras cortes migratorias”, dijo Ahilan Arulanantham, abogado senior del projecto de Derechos de Inmigrantes, en la ACLU, de acuerdo a un comunicado.

De los migrantes que sí obtuvieron una cita en la corte, muy pocos logran una audiencia que realmente signifique algo, de acuerdo a lo explicado por expertos del proyecto CARA pro Bono a CityLab. Es por esto que todas las apelaciones de emergencia que ellos realizaron por clientes objetivo de deportaciones previas lograron ser aprobadas por la Junta de Apelaciones de Inmigración. “Yo pensaba que el gobierno había aprendido su lección en enero”, dijo Katie Sheperd, de la organización.

La disonancia cognitiva del gobierno de Obama

El gobierno de Obama puede presumir de que han tomado grandes pasos para hacer de Estados Unidos un país que dé la bienvenida a los migrantes, particularmente para los indocumentados que ya llaman a este lugar su hogar. Su gran triunfo es la el programa de la Acción Diferida para Menores ( DACA), el que permite a jóvenes llegados ilegalmente al país quedarse y trabajar. En 2014, el presidente Obama anunció acciones ejecutivas para extender DACA y proveer apoyo frente a deportaciones a padres indocumentados de niños nacidos en Estados Unidos (el programa llamado DAPA). El destino de DAPA está en las manos de los jueces de la Corte Suprema, los que tomarán una decisión sobre su legalidad y su alcance en junio. Pero, al mismo tiempo, este gobierno está poniendo como objetivo de deportaciones a madres y niños de América Central que, de acuerdo al mismo gobierno, merecen apoyo humanitario.

“Esto es responsabilidad de la Casa Blanca. Estas redadas no son realizadas por agentes rebeldes de ICE”, dijo Joanne Lin, consejera legislativa de ACLU, a CityLab. “¿Cómo esperan cultivar la confianza de la comunidad migrante cuando son familias de estas comunidades en sus mismos vecindarios las que están siendo tomadas por ICE? Creo que aquí hay una real disonancia cognitiva”.

Aunque el gobierno ha lanzado programas de refugiados en Centroamérica, so aproximación interna a este problema todavía necesita ser más humana. “Las políticas de todo esto es que el Departamento de Seguridad Nacional cree que utilizar la deportación para desincentivar la inmigración es una estrategia factible”, dijo a CityLab Ali Noorani, director ejecutivo del Foro Nacional de Inmigración.

“Ellos creen que las mujeres y niños que están escapando de la violencia en América Central tomarán la decisión de arriesgarse y quedarse en casa, para evitar la deportación. No sólo esta es una decisión políticamente inocente, sino que además es moralmente cuestionable”.

Este artículo fue publicado originalmente en inglés en CityLab.com.