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¿Existen realmente lugares seguros para los indocumentados?

A los agentes de inmigración se les prohíbe realizar operaciones en zonas como iglesias y escuelas, pero recientes redadas muestran las debilidades de esa política.
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22 Ago 2016 – 1:10 PM EDT

Alrededor de las 6:30 am del 27 de enero de 2016, Yefri Sorto-Hernández, —de 19 años de edad y estudiante de la preparatoria West Mecklenburg en Charlotte, Carolina del Norte—, estaba esperando en una parada de autobús delante de su casa cuando dos agentes armados del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) lo detuvieron, en el mismo momento en que llegaba el autobús lleno de sus compañeros de clase.

Ésa es una versión de la historia.

La otra dice va más o menos así: el inmigrante indocumentado de Centroaméria Yefri Sorto-Hernández fue puesto bajo custodia de ICE frente a su casa en Charlotte, Carolina del Norte, a unas yardas de distancia de una parada de autobús. Los agentes no tenían idea de que era una parada de autobuses escolares.

Las discrepancias entre las dos versiones pueden parecer pequeñas, pero han planteado importantes interrogantes sobre la política de " lugares sensibles" o espacios seguros, es decir, las escuelas, iglesias y hospitales espacios fuera de los límites para las fuerzas del orden de inmigración. Un memorando de 2011 de ICE implementó la política, para que "los agentes ejerzan el buen juicio al hacer cumplir la ley federal en lugares sensibles y hagan esfuerzos sustanciales por evitar alarmar innecesariamente a las comunidades locales". Sin embargo, varios incidentes recientes han causado indignación entre los defensores de los derechos de los inmigrantes, quienes sostienen que los agentes parecen tener libertad para ignorar las directrices.

El saldo de la "Operación Guardián de la Frontera"

Sorto-Hernández está entre las 336 personas, incluyendo seis adolescentes de Carolina del Norte, arrestadas como parte de la Operación Guardián de la Frontera, la cual anunció el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) en enero. El objetivo de este programa en curso es atrapar y deportar a las personas que vinieron al país ilegalmente después de 2014 y que tenían orden de deportación por parte de un tribunal de inmigración. Los inmigrantes indocumentados que entraron al país antes de 2014 y no han cometido delitos tienen un menor grado de prioridad para su deportación, aunque a veces quedan atrapados en las redadas de deportación de ICE.

La migración desde Centroamérica aumentó ese año, pues países como Honduras, Guatemala y El Salvador fueron azotados por olas de violencia pandilleras (estas condiciones fueron influenciadas por el legado de la intervención estadounidense en la región en la segunda mitad del siglo XX). Conforme miles de madres jóvenes y menores de edad no acompañados cruzaban la frontera sur estadounidense, el presidente Barack Obama declaró una " crisis humanitaria". Pero, cuando los solicitantes de asilo como Sorto-Hernández fueron detenidos en la frontera, inmediatamente se convirtieron en objetivos de alta prioridad para la deportación y fueron objeto de procedimientos migratorios por vía rápida, a menudo sin representación legal (el gobierno ahora enfrenta demandas legales en estos dos frentes debido a esta siutación).

La historia de Sorto-Hernández es la que se repite una y otra vez: a los 17 años, huyó de las bandas locales en El Salvador y fue recogido por las autoridades estadounidenses. Mientras su caso avanzaba los tribunales de inmigración, vivía con sus padres y asistía a una escuela preparatoria pública en Charlotte. Como muchos otros centroamericanos solicitantes de asilo, finalmente se ordenó su deportación. "El sistema actual está manipulado para garantizar las órdenes de deportación y es fundamentalmente injusto", dijo Mary Bauer, directora ejecutiva del Centro de Justicia para Ayuda Legal, a CityLab en enero.

Las rondas de redadas se han realizado desde entonces, principalmente en Georgia, Carolina del Norte y Texas, todos estados donde los tribunales de inmigración suelen ser especialmente indolentes para con los solicitantes de asilo. Algunas deportaciones ya han ocurrido. En otros casos, los abogados se han apresurado a presentar recursos de emergencia (Sorto-Hernández fue liberado bajo fianza en mayo mientras su apelación sigue pendiente en la Junta de Apelaciones de Inmigración). Sin embargo, muchos aún están atrapados en la ridículamente cara maquinaria de detención del gobierno.

Si estas redadas se deberían haber realizado o no es algo que los críticos están cuestionando: estos son refugiados, no criminales, argumentan, y deben tratarse con especial cuidado (al igual que los cubanos que huyeron del régimen de Castro en la década de 1990). Aunque Estados Unidos ha tenido cierto éxito en mejorar las condiciones en los países centroamericanos que desencadenaron la crisis migratoria, no ha sido suficiente para detener completamente el flujo. Mientras tanto, el procesamiento de refugiados en esa región, el cual el gobierno de Estados Unidos anunció hace un año, apenas ha cambiado la situación, según informa Elise Foley del Huffington Post.

Cómo y dónde se realizan estas redadas también ha provocado bastante temor y furia. Según un informe del Southern Poverty Law Center (SPLC), agentes de ICE entraron a las casas de sus objetivos en Atlanta sin orden judicial ni consentimiento, y, a menudo, utilizando medios engañosos: “frecuentemente engañaban a los residentes diciendo que eran agentes de policía en busca de un criminal (incluso mostraban una foto de un hombre afroamericano en algunos casos), o diciendo que las mujeres sólo se tardarían unas horas para permitirle a ICE examinar los grilletes electrónicos que llevan en los tobillos”.

El SPLC ha presentado una demanda contra ICE por no revelar información acerca de estas operaciones en respuesta a las peticiones formales bajo la Ley de Libertad de Información.

Además, han surgido al menos dos casos en los que, según los activistas, se ha violado la política de "lugares sensibles". El disputado arresto de Sorto-Hernández en la parada es el primero. El segundo caso se trata de Reynold García, quien presuntamente fue engañado para que saliera de una iglesia en Schaumburg, Illinois por agentes del ICE quienes lo detuvieron posteriormente.

Lo que dice la política y lo que significa

En julio, después de las protestas relacionadas con los dos casos anteriores, ICE emitió una orientación complementaria a su política de "lugares sensibles", asegurando una vez más que su objetivo es "mejorar la comprensión y la confianza del público, y garantizar que las personas que deseen participar en actividades o utilizar los servicios prestados en cualquier lugar sensible son libres de hacerlo, sin miedo ni vacilaciones".

La nueva orientación da más detalles sobre los sitios que califican como lugares sensibles. Tenga en cuenta la mención especial de las paradas de autobús (se ha agregado la letra negrita):

  • Escuelas, tales como guarderías conocidas y con licencia, instituciones preescolares y otros programas de educación temprana; escuelas primarias; escuelas secundarias; escuelas de formación postsecundaria incluyendo colegios y universidades; así como las actividades o eventos escolares o relacionados con la educación, y paradas de autobuses escolares que están marcadas o sean conocidas por el agente, en momentos en que los alumnos estén presentes en la parada;
  • Instalaciones de tratamiento médico y cuidado de la salud, tales como hospitales, consultorios médicos, centros de salud acreditados e instalaciones de atención emergente o de urgencia;
  • Lugares de culto, tales como iglesias, sinagogas, mezquitas y templos;
  • Ceremonias o prácticas religiosas o civiles, tales como funerales y bodas; y
  • Durante manifestaciones públicas, tales como marchas, reuniones o desfiles.

En cualquiera de los espacios arriba mencionados, ICE no puede detener, entrevistar, buscar o encuestar a ningún individuo con fines relacionados a la inmigración. Sin embargo, la política tiene ciertas salvedades incorporadas. Los agentes pueden entrar en cualquiera de estos lugares con la aprobación previa de los supervisores, o sin la misma en "circunstancias extremas" que representen una amenaza para la seguridad nacional o la seguridad pública y si hay un "riesgo inminente de destrucción de evidencia material relacionada con un caso criminal en curso".
El idioma en el memorando original era vago y fácil de eludir. La orientación complementaria no lo hace mucho más claro, según los activistas, y omite lugares como juzgados. "Esta orientación es una modificación al margen de un vasto estado policial del DHS que es responsable de la deportación masiva, la vigilancia, y violaciones de los derechos civiles", dijo Paromita Shah, directora asociada del Proyecto Nacional de Inmigración del Gremio Nacional de Abogados, en una declaración.

Otra preocupación es que la orientación no se ocupa de lo que pasaría si se quiebra o si se ha quebrantado esta política. De hecho, incluir las paradas de autobuses escolares en la lista con la condición de que "estén marcadas y/o sean conocidas por el agente" es esencialmente una negativa directa a asumir la responsabilidad de los casos como el de Sorto-Hernández, dicen los activistas, y un pase libre para futuras violaciones. "Si el memorando de Lugares Sensibles y las nuevas orientaciones son sólo palabras en una hoja de papel, no hay nada que evite [que ICE] incurra nuevamente en ese tipo de comportamiento atroz que mostró contra Reynold y su familia", dijo en una declaración Rosi Carrasco, de Comunidades Organizadas Contra las Deportaciones (OCAD, por sus siglas en inglés), una organización antideportación de Chicago.

ICE insiste en que nadie fue arrestado en un lugar sensible durante la Operación Guardián de la Frontera, y Bryan Cox, director regional de comunicaciones de la agencia en el sur, dice que cree que no se aprobaron operaciones en dichos espacios, al menos en el último año. Por supuesto, si hubieran sido autorizadas, no está claro cómo alguien podría saberlo. Aparentemente la agencia no le ha estado dando seguimiento a las acciones de ejecución que realizan en dichos lugares —con o sin la aprobación de supervisores— desde que se envió el memorando en el año 2011. "No es algo común", le dice Cox a CityLab. "No puedo decir rotundamente cuándo y/o si la última vez se aprobó una de estas acciones. No tenemos estadísticas oficiales sobre eso, así que, si dijera más, estaría especulando".

Según todo esto, no está claro si ICE eludió su política o si la ignoró por completo. Lo que sí está claro es que le sería muy fácil hacer ambas cosas. Y, de cualquier forma, la agencia ha demostrado que ha ignorado el propósito subyacente de la política: promover la confianza en la comunidad cuya paz perturba de forma rutinaria.

Este artículo fue publicado originalmente en inglés en CityLab.com.

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