Entre las propuestas de endurecer el proceso migratorio de Donald Trump y los proyectos para favorecer a los beneficiarios de DACA, una serie de iniciativas están dando vueltas por el Congreso estadounidense.
Este es el daño económico que causaría la propuesta migratoria con más apoyos, estado por estado
Uno de los proyectos de ley sobre inmigración que proponen los republicanos en la Cámara de Representantes le costaría 319,000 millones de dólares a la economía estadounidense.
El presidente Trump se reunió el pasado 9 de enero con congresistas de ambos partidos para hablar sobre la reforma migratoria.
Imagen Chip Somodevilla/Getty Images
A pesar de que a todas les faltan votos necesarios, hay algunas que parecen tener un poco más de fuerza, como la ley Securing America’s Future Act (Asegurando el Futuro de EEUU).
“En las recientes semanas, ha habido un aumento de copatrocinadores del proyecto -ya van 90 personas hasta ahora- y hay cierta especulación de que el Freedom Caucus podría promover un voto cambio de votos para otra resolución continua”, dice Kristie de Peña, directora de Inmigración en el Niskanen Center, un think tank de orientación libertaria.
El centro de investigación Niskanen Center decidió analizar los efectos económicos, estado por estado de esta propuesta presentada por los republicanos Bob Goodlatte (Virginia) y Raúl Labrador (Idaho).
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En resumen, va muy en la línea de algo que Trump podría estar dispuesto a firmar.
Los investigadores analizaron los beneficios y costos económicos de poner en práctica estas normas, considerando dos componentes principales: la cantidad de visas que se eliminarían y el efecto en el mercado laboral; y la composición de esos trabajadores, de acuerdo a su nivel de capacitación promedio.
Desde un punto de vista puramente económico, parece ser un proyecto de dos caras: por un lado genera opciones laborales, pero también las bloquea, como sucede con la obligatoriedad del uso del sistema E-Verify, que las empresas tendrían que usar para saber el estatus migratorio de un posible empleado.
“Una parte del proyecto crea un nuevo programa de trabajadores para la agricultura, lo que podría aumentar la cantidad de trabajadores que los que tienen acceso las granjas”, explica Jeremy Neufeld, fellow de Inmigración en el Niskanen Center. “Pero, por otro lado, la provisión del sistema ‘E-Verify’ creemos que tendrá un severo impacto. Forzará a que mucha gente pierda su empleo”.
De acuerdo al Niskanen Center, la ley generaría 11,000 millones de dólares de aquí a 2028 debido a su propuesta de crear un nuevo programa de trabajadores agrícolas invitados. A su vez, la legalización de algunos beneficiarios de DACA permitiría 2,000 millones de dólares en ganancias para la economía. “Tendría este efecto positivo, porque algunos podrían trabajar, pero comparado con otros proyectos, este efecto podría ser mucho mayor”, dice Neufeld.
Sin embargo, estos efectos positivos no se comparan con los costos que casi todos los estados verían por las limitaciones en inmigración y la obligatoriedad del uso de E-Verify, los cuales costarían 147,000 y 185,000 millones de dólares respectivamente, de aquí a 2028. En total, el proyecto de ley tendría un efecto neto negativo de 319,000 millones de dólares en la economía de EEUU en diez años.
Y todo esto, sin contabilizar costos específicos para los gobiernos locales, ya que el proyecto obliga a las ciudades y condados a colaborar en la aplicación de leyes migratorias, algo a lo que las llamadas ciudades santuario se rehusan, en parte, por estos costos. “Nuestro estimado es, de partida, conservador, porque no toma en cuenta el efecto de la deportación masiva, los viajes que serán impedidos y otros efectos en la economía del país”, explica Neufeld.
Aunque todos los estados se verán afectados, los cinco que más verán impactos son Utah, Carolina del Norte, Georgia, Texas y California. En este último, la economía perdería más de 56,000 millones de dólares en diez años. Pero otro aspecto interesante es que varios de los más afectados son estados republicanos, como se ve en el mapa y en la tabla a continuación.
Los investigadores aclaran que, en todo caso, estos argumentos económicos son solo parte de las razones para ser críticos de esta propuesta de ley. “Tiene varias implicaciones prácticas y políticas que son seriamente negativas”, dice Kristie de Peña. “Se está criminalizando las ciudades santuario. Se está pasando por encima de políticas estatales y le entrega autoridad muy amplia y unilateral al Departamento de Seguridad Interior”.
Las propuestas incluyen darle a este último organismo muchas veces más poder que otros órganos supuestamente más importantes, como el Departamento de Estado o las cortes de justicia. “Básicamente están proponiendo transformación completa de la ley federal”, explica de Peña. “Incluso obligaría a las agencias policiales locales actuar básicamente como si fueran ICE… Esta es una apropiación de poder bastante grande”.
