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Estas leyes estatales podrían evitar otro desastre como el de Charlottesville

Un revelador análisis jurídico concluye que en los 50 estados rigen distintas leyes que podrían ser usadas para evitar la violencia por parte de supremacistas blancos armados y milicias privadas.
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16 Feb 2018 – 06:12 PM EST
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Supremacistas blancos marcharon por las calles de Charlottesville en agosto de 2017, desatando violentas protestas en la ciudad. Crédito: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS/AFP/Getty Images

En agosto de 2017, Charlottesville estalló. La sureña ciudad fue sitio de la manifestación 'Unite the Right' (Unamos a la Derecha), en la que marcharon supremacistas blancos, neonazis, y miembros del Ku Klux Klan. Se sucedieron violentos altercados y a algunos contramanifestantes se les golpeó y disparó. Lo peor fue el conocido caso de Heather Heyer, joven que murió tras ser embestida por un automóvil conducido por uno de los participantes.

Dos meses después, la ciudad y muchas de sus empresas demandaron a los organizadores de Unite the Right y los grupos de paramilitares privados. Varios abogados argumentaron que se debería prohibir a los grupos que actuaran nuevamente, habida cuenta que tanto sus tácticas violentas como la presencia de grupos militares excedieron, en mucho, el amparo constitucional de la libertad de expresión. Entretanto, juristas del Instituto de Derecho de Georgetown para la Protección y la Defensa Constitucional (ICAP, por sus siglas en inglés) citaron, en nombre de los demandantes, una disposición en la constitución del estado que establece que toda actividad militar debe quedar “bajo estricta subordinación, y gobernada por el poder civil” (la denuncia fue revisada recientemente).


Ahora, el propio ICAP publicó un informe de seguimiento que encontró que todos los 50 estados cuentan con prescripciones legales similares en sus constituciones, y que pueden usarlas para disuadir la ocurrencia de otro Charlottesville. “En este país, respetamos y protegemos los derechos de todos a manifestarse por lo que creen”, sostuvo en un comunicado Mary McCord, abogada litigante del ICAP y profesora adjunta de la Facultad de Leyes de Georgetown. “Pero la Constitución no le confiere a los grupos armados privados el derecho de acometer actividades paramilitares o de usurpar el papel de las fuerzas del orden establecidas”.

Según el ICAP, otros 47 estados presentaron “cláusulas de subordinación constitucional”, como las de Virginia ( los estados en amarillo en el mapa de abajo); 28 estados tienen estatutos que prohíben la realización de simulacros militares privados o desfiles sin autorización del gobierno (los que tienen los puntos rojos); 25 cuentan con prohibiciones contra entrenamientos paramilitares o prácticas que involucren armas de fuego y tácticas potencialmente peligrosas y que puedan causar la muerte, especialmente si estas son usadas para promover el “desorden civil” (señalizados con los puntos en rojo oscuro). Por último, en 12 estados es ilegal que civiles asuman los deberes de las fuerzas del orden o el mantenimiento de la paz, o que porten uniformes similares a los de estos (puntos aguamarina).

En amarillo oscuro, los estados que tienen 'cláusulas de subordinación constitucional'. Los puntos rojos oscuros señalan donde están prohibidos los entrenamientos paramilitares. En rojo, donde no se permiten milicias civiles o desfiles sin autorización. En aguamarina, los estados donde los civiles no pueden asumir deberes de las fuerzas de orden o usar uniformes similares.

Algunas ciudades ya han estado poniendo en práctica estas leyes. El informe menciona tres en Tennessee -Murfreesboro, Shelbyville, y Rutherford County-, donde se han empleado durante el proceso de permisos antes de las manifestaciones “White Lives Matter” (Las Vidas Blancas Importan), limitando las armas y esperando minimizar los potenciales casos de violencia.

La Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) había defendido, inicialmente, los derechos de los grupos organizadores de Unite the Right, pero denunciaron a la ciudad de Charlottesville por permitirles que la manifestación se llevara a cabo en el centro de la urbe. Tras la violencia de agosto, algunos de sus miembros renunciaron a modo de protesta, alegando que “lo legal y lo correcto a veces difieren”, y la organización, desde entonces, ha comenzado a retocar sus mensajes.

Lo que el nuevo informe concluye es que, si bien la libertad de reunión y de expresión de ideas está amparada en la ley, el derecho de grupos armados de poner en peligro los espacios públicos, por lo general, no lo está. De ahí que el ICAP, actualmente, esté solicitando de los tribunales que no se repitan episodios como el de Unite The Right, y mucho menos antes de agosto, cuando se cumple el aniversario de la tristemente célebre manifestación.

Este artículo fue publicado originalmente en inglés en CityLab.com

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