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CityLab Política

El surgimiento de ciudades 'antisantuario': los condados y localidades que están apoyando a los agentes de inmigración

La administración Trump ha sentado las bases para que más jurisdicciones locales se unan al programa 287(g), criticado por su ineficiencia y la discriminación racial que ya ha provocado.
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1 Mar 2017 – 3:35 PM EST

La semana pasada, el condado de Anne Arundel en Maryland anunció que adoptaría un "enfoque moderado y medido" hacia la aplicación de las leyes locales de inmigración. Este distrito se integraría a un programa que capacita a los agentes de detención para que manejen este tipo de normas. "Trabajamos con el gobierno federal prácticamente en todo aspecto, ya sean cuestiones de salud o educación. ¿Por qué habríamos de soslayar la inmigración?", dijo a CityLab Owen McEvoy, portavoz del ejecutivo del condado. "Fue algo que, francamente, habíamos estado contemplando mucho antes de las elecciones ... No importa quién fuera presidente, había interés. La pregunta era: ¿Habría interés del otro lado?".

Ahora no cabe duda de que este interés existe. El 21 de febrero, el Departamento de Seguridad Nacional emitió una orientación sobre cómo implementar las órdenes ejecutivas sobre la inmigración del presidente Trump. Entre distintos puntos, este documento recomendó que los líderes de la Oficina de Aduanas (CBP) y el Servicio de Inmigración (ICE) consideren promover “acuerdos y estructuras” para aplicar el programa 287(g). Esta controvertida iniciativa existe desde 1996 y, aunque muchos condados no la llevan a la práctica, le encarga a la policía local y a los agentes de detención la aplicación de las leyes de inmigración en las cárceles o durante las patrullas.

Hay un par de cosas que destacar en los dos recientes memorándums del DHS que hacen referencia al respecto. Primero, se habla de resucitar el modelo de "grupo operativo" de la 287(g), que permite a agentes de policía aplicar las leyes de inmigración en el terreno. Durante la administración Obama esto se había reducido, para evitar discriminación racial y detenciones de personas que parecen inmigrantes indocumentados, a pesar de tener sus papeles en regla o incluso son ciudadanos.

Pero hay otro tema que llama la atención en estos memorándums. Antes, las policías locales que se integraban al 287(g) asumían las responsabilidades de ICE, pero ahora también se integra a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza. Además, la redacción del texto sugiere que el gobierno va a tomar un papel activo en el reclutamiento de las jurisdicciones locales. "Ése es un modelo muy, muy diferente a lo que había en su lugar", dice Daniel Stageman, director de investigación del Colegio de Justicia Criminal John Jay de la Universidad de la Ciudad de Nueva York. "Tiene el potencial de ampliar el programa de manera exponencial".

Stageman ha estado rastreando lugares que han optado por implementar la 287(g) y ha identificado factores que hacen que una jurisdicción se incline a hacerlo. Un sheriff que tiene una plataforma nativista es un factor, es decir, cuando en su discurso político ha criticado a los inmigrantes o habla de favorecer a la población de origen estadounidense. El segundo factor existente en estos lugares es un reciente incremento en la población latina. Es probable que los nuevos condados que adopten la 287(g) surjan donde el programa era popular en primer lugar: en los estados del sureste como Carolina del Norte y Carolina del Sur, y en Arizona, hogar del Condado de Maricopa y su tristemente célebre ex sheriff, Joe Arpaio.

Es difícil decir donde surgirá la iteración más agresiva del grupo operativo de la 287(g) en la era de Trump, pues eso es "más difícil de vender", dice Stageman. Pero para las jurisdicciones locales que tienen contratos con ICE, mantener a inmigrantes indocumentados en sus prisiones, hacer redadas y detener a inmigrantes para su deportación utilizando dicho modelo podrían ser consideradas opciones lucrativas. El condado de Bristol, Massachusetts, que firmó su acuerdo 287(g) de este año, se anota una tripleta: un sheriff notablemente antiinmigrantes, una creciente población latina y un contrato que le trae 90 dólares en ingresos por cada cama ocupada por inmigrante deportable en su cárcel.



El auge y la caída del 287(g)

El programa se autorizó por primera vez en la década de 1990, pero sólo comenzó a tomar fuerza después de 2006. Las quejas comenzaron a surgir poco después. En 2010, los informes de la Oficina del Inspector General (OIG, por sus siglas en inglés) y de la Oficina de Rendición de Cuentas del Gobierno (GAO, por sus siglas en inglés) revelaron que ICE tenía poca supervisión sobre los agentes que realizaban la complicada aplicación de las leyes de inmigración, dejando un gran margen para abusos de poder y discriminación.

Luego, en 2011, una investigación del Departamento de Justicia expuso la rampante discriminación racial y los abusos de los derechos civiles en el condado de Maricopa, Arizona, lo cual hizo que el DHS rescindiera su acuerdo de grupo operativo con el condado. Otras jurisdicciones con ese enfoque también sufrieron similares destinos.

En 2008, el gobierno de Obama desplegó otro programa de aplicación local de leyes de inmigración llamado Comunidades Seguras, a través del cual las huellas dactilares de cualquier persona que llegara a la cárcel se pasaban por una base de datos de inmigración. Si coincidían, ICE les pedía a los departamentos de policía que detuvieran a estas personas un tiempo extra. El propio ICE calificó a este nuevo programa como " un uso más eficiente de los recursos" que el ya raro modelo de grupo operativo de la 287(g). Considerando que los dos son principalmente sinónimos, muchas jurisdicciones que participaron en el Programa de Comunidades Seguras dejaron expirar sus acuerdos 287(g).

En su apogeo, entre 2008 y 2009, el programa 287(g) tenía alrededor de 70 jurisdicciones participantes. Actualmente 38 jurisdicciones tienen acuerdos activos de encarcelamiento. El condado de Jackson, Texas, está entre aquellos que firmaron oficialmente este año.

CityLab creó un mapa mostrando cuáles jurisdicciones han firmado o renovado sus acuerdos desde 2013, después de que la administración Obama reformó el programa. El aumento en 2016 se debe principalmente a las renovaciones, no a nuevos acuerdos, aunque hay un par de esos casos también:



El condado de Maricopa y los costos de la 287(g)

El 8 de febrero, Guadalupe García de Rayos hizo una oración antes de dirigirse a la que ella temía sería su última verificación en la oficina de ICE en Phoenix, Arizona. Aunque tenía una orden de deportación desde 2013, las autoridades le habían dado a esta mujer de 35 años y madre de dos hijos una oportunidad durante muchos años. Esa noche, no tuvo tanta suerte. A pesar de las protestas, fue detenida ante la mirada de sus dos hijos adolescentes. "La verdad es que yo estaba allá [en Estados Unidos] por mis hijos. Por un futuro mejor. Para trabajar para ellos. Y no me arrepiento, porque lo hice por amor", dijo desde Nogales, México, a los reporteros.

García de Rayos había aparecido en el radar de ICE en 2008, después de una redada solicitada por el ex sheriff del condado de Maricopa Joe Arpaio en un parque acuático en Mesa, donde ella trabajaba ilegalmente. Este tipo de redadas era rutina después de que Arpaio se registró como grupo operativo. Llevó estos nuevos poderes más allá de sus límites. Su cuadrilla regularmente detenía a la gente que parecía latina en las paradas de tráfico por asuntos triviales, realizaba redadas de vecindarios y empresas de inmigrantes, detenía inmigrantes ilegalmente, los sometía a un uso excesivo de la fuerza y a abusos físicos, y los castigaba si no podían hablar inglés. Estas prácticas se realizaron como una política explícita y sin excusas. "Hay que perseguir a los ilegales. No tengo miedo de decir eso", Arizona Central citó estas palabras suyas después de haber firmado el acuerdo 287(g). "Hay que ir tras ellos y encerrarlos".

En el sitio del proyecto investigativo The Marshall Project, la reportera interactiva Anna Flagg diseñó este mapa que muestra las deportaciones bajo el programa 287(g) entre 2006 y 2013, usando los datos publicados por ICE. Muestra que más de un 17% del total de 175,000 deportaciones durante este tiempo ocurrieron en el condado de Maricopa:


Pero esta actividad ocurrió a costa de un elevado precio para los contribuyentes de la zona. Dentro de los primeros tres meses, "el exceso de gastos extra de Arpaio en las operaciones para detener a los inmigrantes ilegales" condujo a un déficit de 1.3 millones de dólares, según una investigación realizada por el East Valley Tribune (ICE paga los gastos relacionados con las operaciones, pero no paga los sueldos de los funcionarios encargados). Y, por supuesto, las demandas por discriminación racial terminaron por rebajar millones de dólares de los contribuyentes en los años subsiguientes. Mientras tanto, los tiempos de respuesta en emergencias del 911 aumentaron, las órdenes de detención por delitos fueron desatendidas y el crimen violento en última instancia aumentó.

Los altos costos del programa han sido bien documentados. Un completo informe de la Universidad de Carolina del Norte del año 2010 reveló que el condado de Alamance había pagado alrededor de 4.8 millones de dólares y el condado de Mecklenburg, 5.3 millones de dólares por la 287(g) en su primer año. Los litigios y la pérdida de impuestos e ingresos comerciales afectaron aún más el balance. El condado de Prince William, Virginia, tuvo que utilizar dinero de sus fondos de emergencia para echar a andar su iniciativa 287(g), según un informe de la Institución Brookings.

Varias evaluaciones del programa han revelado que, en general, normalmente no se enfocaba en los criminales peligrosos como se pretendía, sino en los indocumentados que eran detenidos por pequeñas infracciones de tráfico y delitos como la vagancia. Algunas de las víctimas de delitos también fueron detenidas. Semejante actividad de vigilancia puede crear miedo y desconfianza contra las fuerzas del orden en las comunidades de inmigrantes, lo que las convierte en un entorno difícil para proteger y servir. El informe de la Universidad de Carolina del Norte concluyó que hubo "poca evidencia de que el programa 287(g) estuviera reduciendo o combatiendo la criminalidad" en Carolina del Norte.

Entonces, ¿qué es lo que estos condados de hecho obtienen de estos programas, aparte de logros políticos y recursos federales para llevar a cabo la aplicación? Bueno, los partidarios dicen que el programa contribuye al "desgaste mediante la aplicación". Supuestamente se crean condiciones que provocan que los indocumentados se ‘auto-deporten’ y se reduce el crecimiento de la población inmigrante. Un informe del Instituto de Política Migratoria reveló que estos programas no conducen a "disminuciones a corto plazo de las poblaciones latinas no ciudadanas, mientras los condados vecinos no experimenten esos descensos". Pero el documento tuvo cuidado de mencionar que no hubo evidencia para sugerir que las personas que se trasladaron fuera de estos condados hayan abandonado efectivamente el país. Asimismo, el informe no comprobaba si las condiciones económicas tenían un papel importante en el éxodo de estas personas.

Bajo una administración que ha convertido en su prioridad la deportación de casi todos los 11 millones de inmigrantes indocumentados, es probable que aumente la participación en el programa 287(g). "Va a haber jurisdicciones que (…) estén deseosas de inscribirse no sólo a la 287(g), sino a los acuerdos de la 287(g) más agresivos posibles", dice Tom Jawetz, vicepresidente de inmigración en el Centro para el Progreso Americano. Junto con la reactivación del Programa de Comunidades Seguras (otro programa muy criticado) y el reforzamiento del aparato de inmigración federal, el robusto mecanismo de deportación que la administración Obama creó ahora se pone en marcha. Y, como escribió Dara Lind de Vox, serán los agentes de policía rasos quienes encabezarán todo. Para Carlos García, director de Puente, una organización de derechos de los inmigrantes que comenzó a oponerse a Arpaio, eso supone un sombrío pronóstico para Estados Unidos. "El país va a darse cuenta de lo que ha vivido Arizona por mucho tiempo".

Este artículo fue publicado originalmente en inglés en CityLab.com.


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