El nuevo paso que se necesita para proteger a los inmigrantes: los 'santuarios digitales'

Wilmer Catalán-Ramírez está a la espera de su deportación desde marzo, en la cárcel del condado de McHenry, en Illinois. En ese entonces, siete agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) entraron a su casa y lo arrestaron por la fuerza, fracturándole uno de los brazos. Catalán-Ramírez, cuyos hijos son ciudadanos estadounidenses, era un sujeto de alta prioridad para ser arrestado porque estaba en la base de datos de pandillas de la policía de Chicago. Pero, de acuerdo con la demanda presentada recientemente en su nombre, él nunca estuvo en uno de estos grupos.

Muchos elementos del caso siguen en disputa y Catalán-Ramírez ya había sido deportado una vez antes. Pero hay un factor claro: ICE confió en la ciudad para obtener información crucial para su detención. Esto sucede incluso en lugares como Chicago, una ciudad considerada 'santuario', donde las autoridades locales no cooperan en muchas de las áreas con oficiales federales de inmigración.

Conforme el gobierno federal depende cada vez más de los datos de las ciudades o jurisdicciones locales, algunas urbes están desarrollando políticas de protección que amplían la definición de 'santuario'. Si bien el término ha significado desde hace mucho tiempo frenar cierta cooperación con las autoridades federales, ahora implica empezar a retener otros datos para también proteger a las comunidades vulnerables —ciudadanos y no ciudadanos— de la constante vigilancia por parte del gobierno federal. Estas políticas buscan crear lo que algunos defensores llaman 'santuarios digitales'. Su objetivo es definir mejor qué datos se recopilan, por qué medios y cómo se usan.

Especialmente desde la elección de Trump, la conversación en torno a la recopilación de datos y las políticas de cooperación está cambiando. Si antes las ciudades intentaban publicar la mayor cantidad de datos en línea y de acceso público que fuera posible, ahora enfrentan una nueva serie de preguntas.

"Ahora las ciudades tendrán que preguntarse: ¿Qué deberíamos dejar como datos cerrados? ¿Qué deberíamos segmentar? ¿Qué datos deberíamos purgar? ¿A qué datos deberíamos ponerle un límite de tiempo?", dice Greta Byrum, directora del programa Resilient Communities de New America. "Si el objetivo principal de las ciudades es proteger los derechos de sus residentes, es posible que tengan que tomar decisiones diferentes sobre lo que hacen con los datos".

La tecnología que se prueba en las comunidades más vulnerables

Con el rápido avance de la tecnología biométrica y un cambio en la política de inmigración en las últimas décadas, el tipo y el alcance de la información requerida de las personas que buscan ingresar a Estados Unidos han cambiado drásticamente.

"El examen de una persona que busca entrar a EEUU, que antes era bastante directo, se ha convertido en algo de una naturaleza diferente", dice Álvaro Bedoya, director ejecutivo del Centro de Privacidad y Tecnología de la Escuela de Derecho de Georgetown. "Si eres un inmigrante que busca una visa para ingresar a este país de manera permanente o temporal, básicamente entregas tu cuerpo para que lo midan y lo rastreen".

Cuando esa persona ingresa a Estados Unidos, sus fotografías se envían a un depósito del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y sus huellas dactilares, escaneadas, se comprueban con la base de datos del FBI. Para rastrear su salida y entrada de manera más eficaz, la Casa Blanca está promoviendo el uso de planes piloto de reconocimiento de iris en la frontera y planea desplegar el reconocimiento facial en los aeropuertos de Estados Unidos. "Ésta no es la forma en que las cosas han sido históricamente", dice Bedoya. "Anteriormente, tu cuerpo no era rastreado a menos que la policía te arrestara".

Muchas de estas tecnologías ya se estaban implementando bajo la administración de Obama. Pero en el caso de Donald Trump, l os expertos en privacidad han notado un verdadero apetito por expandir las tecnologías biométricas y las iniciativas de intercambio de datos—tanto en alcance como en geografía— y usarlas para aplicar las leyes migratorias en las fronteras y en el interior del país. "Esta administración no ha dudado en aumentar el uso de datos para lograr esas cosas", dice Steven Renderos, director de organización del Center for Media Justice.

En la orden ejecutiva de enero, por ejemplo, Trump anunció que los extranjeros no se beneficiarían de una ley que potencialmente evite que las agencias compartan información entre sí. Los activistas están preocupados: la medida podría hacer que los datos recopilados durante la era Obama a través de programas como la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA) sean utilizados para deportar inmigrantes. La administración también ha emitido una nueva regulación que le permite al DHS recopilar información de internet sobre inmigrantes, incluyendo lo que publican en sus redes sociales, sus conexiones y sus resultados de búsqueda.

Esto se suma a los esfuerzos de ICE que está haciendo lo imposible para aumentar las deportaciones, enfocándose en cualquier persona que aparezca en su radar de maneras que incluso miembros de su propia agencia consideran preocupantes.

Los datos que las ciudades aportan son cruciales para este proceso de vigilancia y, a menudo, se comparten voluntariamente. Los canales de datos más conocidos se crean a través de acuerdos formales que algunos departamentos de policía tienen con el FBI y ICE, delegando en las policías locales la aplicación de la ley. Pero incluso la gran cantidad de ciudades que han bloqueado algunos de estos arreglos al autodenominarse 'ciudades santuario', siguen canalizando cantidades importantes de información al gobierno federal.

Entre las fuentes de las que ICE puede extraer información se encuentran los depósitos de las fuerzas del orden locales, los registros de beneficios y del Departamento de Vehículos Motorizados, datos de lectores de matrículas vehiculares, las bases de datos penales del FBI y los registros de visas estudiantiles. También tienen acceso a la base de datos del Sistema Nacional de Registro de Entradas y Salidas de Seguridad (NSEERS) –al que algunos bautizaron como el ' registro de musulmanes' de la era Bush– cuya información nunca fue purgada. La policía local también ha utilizado cada vez más las nuevas tecnologías, como rastreadores Stingray y herramientas analíticas de las redes sociales, a menudo desproporcionadamente en vecindarios de minorías o en contra de manifestantes.

Un análisis del año 2016 de la Escuela de Derecho de Georgetown reveló que en todo el país, cada vez más departamentos utilizan software de reconocimiento facial sesgado, lo cual somete a los residentes incluso en bases de datos no criminales a una 'rueda de identificación virtual'. Por supuesto, muchos miembros de las fuerzas del orden –incluyendo en las ciudades liberales– insisten en que esta vigilancia ampliada es crucial para prevenir el crimen y la actividad terrorista.

"La tecnología, después de haber sido inspirada y diseñada con un sentido de urgencia después del 11 de septiembre, tiene aplicaciones obvias para combatir el crimen convencional”, dijo a Reuters en 2013 Paul Browne, el exportavoz del Departamento de Policía de Nueva York.

Pero los activistas en temas de privacidad argumentan que las reglas que rodean a estas tecnologías son poco estrictas y que su impacto en las poblaciones vulnerables, como los inmigrantes, no es muy claro. Además, los contribuyentes a menudo no saben qué se está usando y cómo. Es este secretismo el que los activistas están tratando de eliminar, no solo para beneficio de los inmigrantes y otras comunidades de color, sino también para la ciudadanía en general.

"Lo que hemos visto a lo largo de la historia es que el gobierno estadounidense realiza sus 'pruebas beta', por así decirlo, en estas comunidades súper vulnerables", dice Christina Sinha, quien dirige el Programa de Seguridad Nacional y Derechos Civiles del Asian-Americans Advancing Justice-Asian Law Caucus, una organización legal y de derechos civiles con sede en San Francisco. "Lanza una invasión masiva contra los derechos civiles en una población más vulnerable y luego la extiende más y más a medida que se normaliza".

Las leyes que protegen a los inmigrantes

Por supuesto, las ciudades no pueden impedir que el gobierno federal cumpla sus objetivos de la manera que considere más conveniente. Pero s í pueden determinar el alcance de cómo se usan sus propios recursos para ese fin. Ése es el principio bajo la gama de políticas, llamadas libremente 'políticas de santuario', que buscan limitar la participación de la policía local en la aplicación de la ley de inmigración. El fiscal general Jeff Sessions ha intentado en repetidas ocasiones castigar a estas ciudades, diciendo que estas políticas contribuyen al crimen. Sin embargo, hasta el momento estas ciudades proinmigrantes están ganando en los tribunales.

Y las nuevas políticas que han aparecido en algunas ciudades están creando modelos de verdaderos santuarios digitales. Si los gobiernos locales pueden o no extender legalmente estas protecciones al ámbito digital es una pregunta abierta, dice Rick Su, profesor de derecho de la Universidad de Buffalo especializado en inmigración y gobierno local. Aunque las ciudades no pueden prohibirles a los empleados individuales recopilar y compartir datos con el gobierno federal, generalmente tampoco no se les puede exigir que recopilen esta información o que la compartan. "En mi opinión, las cuestiones constitucionales también se plantearían si ICE intentara específicamente obligar a las ciudades a otorgar acceso a bases de datos que ya mantenían", dice Su. " Tal vez las ciudades no pueden 'bloquear' el acceso, pero no tienen ninguna obligación afirmativa de otorgar acceso".

Entonces, ¿cómo se convierte una ciudad en un santuario digital? Una respuesta útil viene en forma de guía de políticas de datos municipales responsables en la era Trump, publicada por The Sunlight Foundation. En resumen, las diez recomendaciones les piden a las ciudades que limiten la información confidencial que recopilan, protejan los datos que tienen en su poder y hagan sus prácticas de recopilación más transparentes. A continuación, se muestran algunas leyes y propuestas locales que se basan en estos principios:

Limitar la cooperación en acuerdos federales de terrorismo

En febrero, el Departamento de Policía de San Francisco suspendió su participación en el acuerdo de Fuerza de Trabajo Conjunta contra el Terrorismo (JTTF, por sus siglas en inglés) con el FBI. Organizaciones civiles, incluido el grupo de Sinha, han estado preocupados de que el amplio margen de poderes de vigilancia del JTTF se utilice para atacar a las comunidades musulmanas. También señalaron que el FBI y los agentes de policía asignados a ellos recopilan rutinariamente información sobre el estado migratorio de estas personas, el cual puede terminar en manos de ICE.

La medida ha recibido críticas de exfuncionarios del FBI, quienes dicen que esto va a dañar los esfuerzos antiterroristas. "Es como cortarse la mano izquierda para fastidiar a la derecha", dijo a The Washington Post James McJunkin, quien dirigió la segunda mayor Fuerza de Trabajo Conjunta contra el Terrorismo en Washington DC. "No tiene sentido en lo absoluto".

Pero incluso antes de que la ciudad le pusiera fin a esta colaboración, los activistas impulsaron una ordenanza que le pedía al Departamento de Policía cumplir con tres condiciones si pretendía continuar su acuerdo de JTTF. Primero, las acciones de los agentes de policía de la ciudad debían cumplir con la ley local. "Si lleva una insignia del Departamento de Policía de San Francisco (SFPD), debe seguir las mismas leyes que todos los demás que lleven esa insignia", dijo Sinha. "No importa que esté sentado en otro edificio".

Segundo, el SFPD debía publicar todos los acuerdos nuevos con el FBI o cualquier cambio a los existentes. Y tercero, tenían que compilar un informe anual con información pública apropiada que informara al público sobre lo que estaban haciendo estos agentes de policía en estas áreas. "Si no tenemos ni siquiera una idea básica de lo que están haciendo nuestros agentes, entonces no tenemos la capacidad de hacer una elección racional sobre si estamos satisfechos con cómo se usan esos recursos", dijo Sinha.

Eliminar las bases de datos de pandillas

Incluso las ciudades santuario, como Chicago y Los Ángeles, la policía comparte una serie de datos con ICE. Estas incluyen las bases de datos de pandillas que han sido criticadas por ser extensas, inexactas y racialmente sesgadas. Al igual que Catalán-Ramírez, que está esperando la deportación después de una presunta designación como pandillero, muchos otros se han quejado de que han sido incluidos por su aspecto y el lugar donde viven, y no porque sean en realidad miembros de pandillas. Una auditoría estatal en California encontró que 42 personas en la base de datos de pandillas de California tenían un año de edad en el momento en que se incluyeron sus nombres. Y una investigación de The Oregonian reveló que más de un 80% de las entradas de la lista de pandillas en Portland eran minorías.

En 2017, sin embargo, Portland anunció que eliminaría estas designaciones de pandillas y pretendía depurar los datos. La base de datos había dado lugar a " consecuencias imprevistas", dijo la policía.

Prohibir el registro 'musulmán' y otros

Después de Pearl Harbor, los datos de la Oficina del Censo ayudaron a facilitar el desplazamiento e internamiento de japoneses-estadounidenses. Y después del 11 de septiembre, el entonces presidente Bush creó NSEERS, el "registro musulmán", el cual Trump ha hablado de restaurar.

Para garantizar que los datos recopilados localmente no refuercen políticas como la de Bush, San Francisco aprobó una ordenanza que prohíbe utilizar recursos municipales para cualquier registro basado en raza, religión u origen nacional en marzo de 2017. También permite a los residentes demandar si sienten que la ciudad ha violado la política. Spokane y Chicago también aprobaron legislaciones similares este año; y la legislatura del estado de Colorado está considerando su propia versión.

Estas disposiciones en parte tienen un propósito simbólico, dado que la administración Trump no ha tomado medidas para poner en vigor un registro. Son proclamaciones morales. Pero también sirven como defensa preventiva—una forma de exclusión en caso de que el gobierno federal instaure un registro y solicite ayuda a los gobiernos locales.

Eliminar los datos de identificación municipales

Muchas ciudades han implementado leyes municipales de identificación para que varias poblaciones sin documentos –incluyendo inmigrantes, personas sin hogar y personas mayores– puedan tener una identificación oficial que les permita abrir cuentas bancarias, acceder a bibliotecas y viajar en transporte público.

El programa de la ciudad de Nueva York, llamado IDNYC, vino con una disposición que permitía que los datos recopilados a través de éste se purgaran después de dos años. "En este caso, estábamos conscientes de que estábamos diseñando un programa para personas que tienen políticas y necesidades [de privacidad y seguridad] particulares", dijo Bitta Mostofi, comisionada interina de la Oficina de Asuntos de Inmigrantes de la Alcaldía de Nueva York. Cuando surgieron inquietudes sobre el uso indebido de los datos de IDNYC después de que Trump asumió el cargo, la ciudad consideró purgar la información. En una decisión preliminar, un juez de Staten Island dictaminó que tenía derecho a hacerlo.

La ley de identificación municipal de San Francisco es aún más robusta. Conserva solo los nombres y fechas de nacimiento de los solicitantes. La dirección está inscrita en la tarjeta, pero se mantiene fuera de los archivos municipales.

Informar al público de las herramientas de vigilancia

En 2013, los residentes de Oakland se enteraron del proyecto de vigilancia, el que reunía datos de varias fuentes, incluyendo lectores de matrículas y cámaras de vigilancia. El verdadero propósito de esta iniciativa, según mostraron más tarde los correos electrónicos, era vigilar a los manifestantes.

La ira que se produjo después de la revelación llevó a la creación de una comisión de privacidad que ha redactado una ordenanza de vigilancia, basada en una guía de la Unión Americana de Libertades Civiles. La legislación exige que se verifique públicamente cualquier nueva tecnología de vigilancia adquirida por la ciudad, incluyendo una discusión pública, una evaluación del impacto y un informe anual. La legislación se ha extendido a otros condados en el Área de la Bahía y goza de atractivo bipartidista, dice Brian Hofer, quien preside la comisión consultiva de privacidad.

"Es simplemente buena gobernanza. Éstas fueron decisiones tomadas por las fuerzas de policiales –unilateralmente– a oscuras; sin supervisión", dijo. "Algunos de estos equipos son basura, son solo charlatanería... un derroche de dinero de los contribuyentes".

Regular el reconocimiento facial

El informe de la Escuela de Derecho de Georgetown de 2016 descubrió que 117 millones de adultos estadounidenses se encuentran en las redes de reconocimiento facial utilizadas por las fuerzas del orden público de Estados Unidos. Los departamentos de policía están probando esta tecnología en las fotos del DMV y en el metraje de las cámaras de vigilancia en tiempo real. De los autores del informe:

Para remediar eso, la Escuela de Derecho de Georgetown propone una ley estatal modelo y una política para departamentos de policía que definen las condiciones bajo las cuales se puede usar esta tecnología. Incluye el proceso de obtener el consentimiento y hace que la 'sospecha razonable' sea un requisito previo para ejecutar el programa.

Protecciones de privacidad en internet

En 2017, el Congreso votó por eliminar las regulaciones de privacidad de la era de Obama, permitiéndoles a los proveedores de servicios como Comcast o Verizon almacenar historiales de búsqueda sin su consentimiento. Eso significa que las entidades privadas tienen retratos extremadamente detallados de las vidas de sus clientes como sus problemas de salud, situaciones financieras y, potencialmente, su estado migratorio. "Es como si sus papeles más privados estuvieran ahora en el mercado para que cualquiera los compre o los venda", dijo Byrum de New America. Según los activistas, este movimiento ha expuesto a inmigrantes y gente de color a varias consecuencias negativas, como la publicidad y maniobras políticas predatorias, por ejemplo, o incluso aplicación de la ley de inmigración.

Varios estados han introducido legislaciones que abordan estas preocupaciones. Ciudades como Nueva York y Seattle también están tratando de hacer su parte educando a las comunidades vulnerables sobre los riesgos y especificando las reglas de privacidad en los casos en que trabajan con proveedores privados de servicios de Internet en el ámbito público. "La cuestión más amplia aquí es que la administración Trump, cuando se trata de la aplicación de la ley de inmigración, ha estado dependiendo de compañías privadas para desarrollar las herramientas que necesitan", dijo Renderos, del Center for Media Justice. "Debemos tener cuidado con lo que las empresas privadas tienen permitido y no tienen permitido hacer".

Con la llegada de nuevas tecnologías que prometen hacer que las ciudades sean más inteligentes y los gobiernos locales más eficientes, este tipo de leyes tienen como objetivo garantizar que las comunidades vulnerables no se conviertan en el botín de este progreso—sino que se protejan e incluyan en el ámbito urbano digital.

"La tecnología se discute mucho en el contexto de las soluciones... Se presenta como una panacea", dijo Renderos. "Pero sin la protección de los derechos civiles, los prejuicios y el racismo que existen en el mundo tienden a integrarse en la tecnología que usamos".

Este artículo fue publicado originalmente en inglés en CityLab.com