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El duro historial de Peña Nieto frente a manifestaciones

La violencia que estalló en la protesta de Oaxaca no es nada nuevo para los mexicanos.
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27 Jun 2016 – 12:30 PM EDT

Los imágenes muestran una escena de guerra: cientos de personas corriendo por las calles, disparando, tirando gases lacrimógenos, piedras y cohetes. Al fondo, unos automóviles arden y gente herida espera atención médica.

Nueve de los heridos terminarían falleciendo en esta violenta confrontación hace poco más de una semana entre la policía y manifestantes en Oaxaca, muchos de ellos maestros de la Sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), organización sindical que ha estado protestando contra la reforma educativa nacional del presidente Enrique Peña Nieto.

Profesores y policías se enfrentan en Oaxaca

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El choque resultó de un operativo de la policía para desalojar un bloqueo de los maestros en la carretera federal entre Oaxaca y Puebla, en Asunción Nochixtlán. La confrontación rápidamente se convirtió en una escena violenta, pero también compleja. Unos dicen que la policía vino a la protesta armada y lista a disparar, y otros, en el gobierno, insisten que la policía respondía a delincuentes violentos que infiltraron la manifestación.

Pero hay algo que sí queda claro: este tipo de violencia no es nada raro para los manifestantes en México. Bajo el liderazgo del presidente Enrique Peña Nieto, la policía en todos niveles de autoridad a través de México ha estado involucrada en controversias, tragedias y violencia como respuesta a protestas. Es parte de un problema grave de derechos humanos y la brutalidad policial en este país: un reporte de las Naciones Unidas recientemente comentó que “los asesinatos extrajudiciales [por parte de policía] y la impunidad persisten en México”.

La lista de casos problemáticos y violentos es larga y tiene años de existencia. Todo México (y todo el mundo) conoce ya el caso de Ayotzinapa, en donde 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa desaparecieron en 2014, después de una confrontación con policía local cuando estaban en ruta a una protesta en Ciudad de México. La violencia de ese caso, para algunos, tiene algún tipo de vínculo a lo que pasa ahora en Oaxaca.

“Por supuesto que están vinculados, porque la policía en México, en cualquier estado, es utilizada para controlar el movimiento social y para disolver las protestas”, dice Omar García, un sobreviviente del ataque Ayotzinapa. “No solo lo hemos visto en Oaxaca, si no también en el periodo que va desde Ayotzinapa hasta Nochixtlán. Hay muchísimas agresiones por parte de la policía hacia los manifestantes”.

Este sentimiento se extiende entre personas que no están involucradas en las protestas.

“Yo no creo que haya un vínculo directo [entre Ayotzinapa y Oaxaca]. Pero sí obviamente hay una relación que se trata de la falta de respeto por los derechos humanos en México”, dice Rodrigo Pacheco Peral, analista político en Oaxaca. “Y también sí es verdad que Nieto ha tenido una historia llena de este tipo de problemáticas. En gobiernos anteriores también sucedían cosas violentas. Pero la situación ha sido muy fuerte con este gobierno, que ha demostrado que tiene una capacidad autocrítica muy pobre. Rara vez que los escuchas aceptar lo que es responsabilidad suya, o que lo podrían haber hecho mejor”.

Más allá del caso extremo de Ayotzinapa, Pacheco y García relacionan la situación de Oaxaca este domingo pasado a otras protestas que han ocurrido en los últimos años que han resultado en violencia policial.

En 2014, la policía federal fue acusada de matar a 16 personas desarmadas en Apatzingán, Michoacán. Un grupo estaba manifestándose al respecto de sus salarios del gobierno federal cuando la policía habría comenzado a disparar. Según testigos, mataron a gente que estaba de rodillas, manos arriba, sin armas.

En 2015, policía federal respondió con fuerte violencia a un grupo de maestros manifestantes en Acapulco, quienes pedían justicia para los 43 desaparecidos de Ayotzinapa. Un hombre de 65 años murió de una lesión en la cabeza causada por la violencia.

“También hemos visto situaciones muy violentas en Michoacán y en Oaxaca en los últimos años con las protestas de la reforma educativa”, incluye Pacheco. “Gente no ha muerto, pero se han golpeado muy feo”.

La violencia ya es parte de la política del estado, y no se limita a la autoridad de Peña Nieto, dice García. “La violencia no corresponde a esta administración solamente, si no a administraciones pasadas también”, explica él. “Pero claro que Peña Nieto desde que fue gobernador del estado de México se distinguió por ser muy represor, con el ataque que pasó en San Salvador Atenco”.

García se refiere al infame caso de un pueblo rural en el Estado de México, en donde policías hicieron un operativo violento contra una protesta que resultó en dos muertos. Docenas de mujeres fueron detenidas por las policías, quienes repetidamente abusaron de ellas antes de llegar a la cárcel. Amnistía Internacional denunció que los doctores que las atendieron no documentaron los daños físicos que ocurrieron. Todo esto ocurrió durante el tiempo que Peña Nieto fue gobernador del estado.

Al mismo tiempo que pasa todo esto, muchas personas en el estado de Oaxaca simplemente quieren que se acaben estos movimientos. Aunque es difícil escucharlo públicamente, apoyan que los manifestantes sean controlados por la policía. Emprendedores y empresarios del área han tenido que enfrentar los bloqueos de los maestros por casi treinta años, lo cual afecta sus negocios.

“Lo único que necesitamos nosotros es que nos den las condiciones para que podamos trabajar en paz”, dice Fabiola Calvo, presidenta del Consejo del Centro Histórico para Comerciantes, organización de prestadores de servicios y usuarios de Oaxaca. “Nuestra situación es muy crítica. Nosotros somos negocios pequeños. Estamos en una crisis económica muy grave. Negocios están cerrando, la gente no puede ya pagar sueldos. Es muy importante exigir a los tres tipos de gobierno que se ponen a trabajar urgentemente en establecer el estado de derecho”.

Pero Calvo aclara que esto no quiere decir que estén a favor de la violencia. “No somos tendenciosos, no estamos buscando violencia con nuestras palabras. Lo único que queremos es dejar claro que somos negocios pequeños, que estamos quebrados, y que necesitamos orden”, explica.

Pacheco opina que quizás la única forma de obtener ese orden está en las manos del gobierno.

“Antes de [las reacciones de] la policía, se tienen que abrir situaciones de diálogo. Lugares, momentos, instituciones que promuevan el dialogo”, dice él. “Tenemos que tomar todo esto como oportunidad de cambiar cómo nos relacionamos. Y el gobierno federal debe de entender que son ellos los que tienen responsabilidad de hacer esto, porque ellos son los que gobiernan”.

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