El distrito Jefferson queda dentro del área metropolitana de Nueva Orleans y un 14% de su población es latina. Después del ciclón Katrina la población hispana ha crecido rápidamente en este distrito. Pero la policía local no ha estado tratando bien a estos nuevos residentes. Después de recibir muchas críticas por elaborar perfiles raciales dirigidos contra los latinos, algunos departamentos policíacos por fin ya están estableciendo políticas “ libres de prejuicio”.
Demanda dice que los tribunales en Louisiana discriminan a los latinos
Los hispanos condenados están teniendo que pagar altas sumas de dinero por traducciones y clases de inglés obligatorias en las cortes de este estado.


Por desgracia, estos cambios no se han extendido a todas las partes de justicia criminal del estado. Para el latino, presentarse ante un tribunal en Louisiana aún es un juego diseñado para perder.
Así afirma una querella presentada por el Southern Poverty Law Center (SPLC o Centro Sureño para la Defensa Legal de los Pobres) al Departamento de Justicia de Estados Unidos.
“El tribunal de la Primera Parroquia [equivalente a distrito o condado] está castigando a los latinos por no hablar inglés con soltura”, dijo Naomi Tsu, abogada del Proyecto de Justicia para Inmigrantes del SPLC, en una entrevista con CityLab. “No es un delito tener capacidades limitadas de inglés pero el (…) tribunal está actuando como si lo fuera”.
La querella del SPLC detalla las experiencias de cuatro latinos que fueron acusados de infracciones de tránsito por el tribunal. Cuando se presentaron en el juzgado se les obligó firmar documentos en inglés, aunque no entendían bien el idioma. Todos fueron pasados rápidamente por el proceso judicial sin que se les explicaran detalles clave sobre sus casos y todos se fueron sin entender lo que realmente había ocurrido en el tribunal. Habían intérpretes disponibles, pero los acusados tenían que pagar $130 cada vez que necesitaban uno. Con frecuencia no se les informó con antelación que ellos mismos tenían que pagar por este servicio. “Esta inclinación de manejar la interpretación como si fuera una empresa comercial plantea el problema de si la corte es un árbitro imparcial de justicia o una fuente [para obtener] ingresos mediante impuestos”, dice Tsu.
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En los cuatro casos los jueces impusieron clases de inglés como parte de la condena. Dichas clases duraron unas 10 semanas y costaron $300, que los acusados tuvieron que pagar de sus bolsillos. “Las clases fueron demasiado caras, operaron basado en un modelo demasiado punitivo que giraba en torno a ridiculizar y humillar a los estudiantes y no se les enseñó inglés de manera útil”, indica la querella.
En fin, estos acusados terminaron pagando mucho más de lo que hubiera pagado alguien que hablara el inglés bien si enfrentara los mismos cargos. Esto constituye discriminación basada en origen nacional, según el Título VI de la Ley de Derechos Civiles. Estas prácticas también van en contra de los lineamientos del Departamento de Justicia en cuanto a lidiar con personas con conocimientos limitados de inglés en un juzgado. Tales lineamientos piden que las cortes provean interpretación gratis y de alta calidad, según argumenta la SPLC [CityLab no logró comunicarse con Beatrice Parisi —la administradora de la Corte de First Parish— pero actualizará esta nota si ella comenta sobre la querella].
Pero, según dice Tsu, no sólo se trata de un problema del distrito Jefferson. Ella y sus colegas han notado que los tribunales de Louisiana parecen estar “muy dispuestos” a cobrar por servicios de interpretación que deberían ser gratis. No resulta sorprendente ni es una novedad que estos tribunales estén sonsacándoles dinero a los acusados pobres, particularmente el contexto de la crisis de financiamiento que están enfrentando los tribunales de Louisiana en este momento, la cual ha dejado encarcelados a acusados en Nueva Orleans sin ninguna defensa legal.
De hecho, tribunales en todo el país están mal preparados para procesar casos que involucran a personas que hablan poco o nada de inglés. Sin embargo, la falta de recursos no parece una excusa adecuada por la falta en cuanto a proveer “justicia para todos”, tal como menciona el juramento de fidelidad de los EE.UU.
Este artículo apareció originalmente en ingles en CityLab.com.









