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CityLab Medio Ambiente

¿Cuánto daño podría infligir Trump a la política ambiental de Estados Unidos?

Según expertos, no tanto como uno podría creer.
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23 Nov 2016 – 2:17 PM EST

Respire hondo: Donald Trump, no necesariamente, arruinaría la política ambiental doméstica.

Como lo lee. El presidente electo comparó célebremente el calentamiento global con un elaborado engaño chino, prometió “cancelar” el acuerdo climático de París, derogar toda regulación ambiental en el terreno, y desmantelar la Agencia de Protección Ambiental (EPA, por sus siglas en inglés). De hecho nombró a Myron Ebell, archiconocido por negar el cambio climático, para que encabezara la transición al interior de la propia agencia.

Pero los fatalistas reportes de las consecuencias ambientales que, a corto plazo, traería la elección de Trump podrían ser exagerados, según algunos expertos. A continuación, tres razones fundamentales para sustentar la hipótesis, además de los temas que sí merecen que nos preocupemos.


Las fuertes influencias del mercado

El propio Trump ha dicho que quiere “terminar con la guerra contra el carbón”, el más contaminante de todos los combustibles fósiles, pero es probable que el mercado propiamente energético no se lo permita. En los últimos dos años, las energías eólica y solar han ganado enorme importancia en el sector. Los precios de estas fuentes han bajado dramáticamente, tanto así que compiten con los llamados combustibles ‘sucios’, como lo son el petróleo y el carbón. La capacidad para la generación de energía eólica creció más de un 100% entre 2009 y 2015, crecimiento que se espera continúe, según la Agencia de Información Energética de Estados Unidos (EIA, por sus siglas en inglés). Por su parte, la energía solar, creció más de un 900%. Basta señalar que de toda la nueva capacidad añadida a la red eléctrica en 2015, cerca de la tercera parte fue solar.

Sin embargo, el auge del gas natural tampoco puede ser subestimado en cuanto a sus implicaciones en la reducción de las emisiones de carbón (incluso si la extracción gasífera supone su propio impacto ambiental). Gracias al barato gas natural así como a las políticas en favor de las energías renovables –las cuales han generado apoyo de ambos partidos–, el consumo de carbón está decayendo consistentemente. De acuerdo con la EIA, en 2015 las plantas energéticas de Estados Unidos quemaron 740 millones de toneladas de carbó, cayendo en un 13% respecto del 2014 y en un 26% respecto de 2005.

A su vez, los precios seguirán en picada. Así que incluso si Trump tuviera éxito en revertir el Plan de Energía Limpia de Obama –el cual busca reducir las emisiones desde las centrales de carbón–, es poco probable que la industria despierte repentinamente y se haga competitiva de nuevo (por una razón, deshacer las regulaciones de la “era” Obama daría las mismas ventajas del otro rival del carbón, la industria del gas natural). Incluso, Mitch McConnell está comenzando a admitir eso.


Es ciertamente complejo anular las regulaciones ambientales

Durante el período de campaña, Trump se regodeó hablando de “derogar” el “ilegal” Plan de Energía Limpia, entre otras regulaciones ambientales desarrolladas por la administración Obama. Pero estas últimas son tan (si no más) pesadas de desmontar como de crear, particularmente una vez que fueron revisadas y completadas.

“En términos prácticos, si la administración quisiera cambiarlas o revocarlas, tendría que pasar por el mismo proceso regulatorio que conllevó desarrollarlas”, sostiene Mark Brownstein, vicepresidente del Programa Energético y Climático del Fondo para la Defensa del Medio Ambiente. “La agencia necesitaría ser capaz de defender las razones por las cuales se precisa el cambio y la norma es que no puede ser arbitrario o por capricho. Las agencias no pueden, simplemente, inventarse esas razones”.

Transformar las regulaciones existentes pasaría además por enfrentar litigios con grupos medioambientales, algunos estados e incluso con los mismos grupos industriales . De hecho, es especialmente difícil anular reglamentaciones una vez que fueron adoptadas por las industrias afectadas. Basta mirar las históricas normas automotrices, que buscan duplicar la eficiencia del combustible en autos y camiones para 2025. Tras no poca resistencia y negociación, los fabricantes de autos podrían no desear rechazar esas regulaciones, dado que han invertido años de ingeniería en cumplirlas, escribe Jody Freeman, director fundador del Programa de Políticas y Leyes Medioambientales de la Universidad de Harvard. “Los vehículos diseñados con arreglo a esas regulaciones llevan ya cuatro años en las cadenas de producción, y los planes de productos para los próximos años ya están en marcha”.


Es cierto que los grupos industriales han estado recurriendo a Trump para apoyar sus declaraciones referidas a suavizar estas normas. Hace un par de semanas, la Alianza de Productores de Automóviles envió una carta a su grupo de transición presionando por una “reevaluación” de esas políticas, las cuales han planteado un “crucial desafío” a la industria, según la misiva. La administración Trump podría flexibilizar estas normas a futuro. Pero puede ser de interés de la industria el mantener el estatus quo federal, para así evitar cualquier “gasto adicional por la vía de la incertidumbre o la volatilidad planteadas por la rescisión”, como deja saber Freeman.

Encima, hay muchos estados con grandes mercados compradores de autos y que siguen normas muy rigurosas relativas a las emisiones y la economía de combustibles. Esto no solo se trata de California, sino de otros 11 estados que voluntariamente acatan las regulaciones de la Junta de Recursos del Aire de California y que, por tanto, no tendrían por qué apoyar el ablandamiento de estas. Para vender autos en Connecticut, Maine, Maryland, Massachusetts, Nueva Jersey, Nueva York, Oregon, Pennsylvania, Rhode Island, Vermont, y Washington, los fabricantes tienen que atenerse a la pauta californiana.

Ahora, esto no significa que las regulaciones medioambientales no puedan ser revocadas. De hecho, estas podrían ser desafiadas legalmente y en su totalidad por la Corte Suprema (la cual incluiría, rápidamente, a alguien nombrado por Trump). El próximo gobierno podría debilitar las regulaciones en lo tocante a los estándares de eficiencia a futuro. Y el Congreso, por su parte, pudiera revisitar cualquier normativa aprobada en los últimos 60 días (por ejemplo, la nueva regulación del BLM, limitando las emisiones de metano en territorios públicos) y desautorizarla legislativamente. Aun así, “No se trata de algo que el presidente o el administrador de la EPA pudieran cumplir así como así”, refiere Brownstein.


Las iniciativas desde la base ya venían impulsando el progreso ambiental

Incluso si algunas regulaciones climáticas se revierten sobre, digamos, reducir la perforación o las emisiones de autos, eso simplemente devolvería argumentos acerca de esos temas a las legislaturas estatales. Y a ese nivel ya hay progreso: las leyes relativas al gas de efecto invernadero en California o el programa Northeast´s Regional Greenhouse Gas Initiative (cuyo propósito es también reducir las emisiones de gas de efecto invernadero), continuarán promoviendo políticas que presionen a la industria y los consumidores hacia el recorte de emisiones. Mientras, cabe consignar que la energía renovable fue apoyada electoralmente desde California hasta Florida.

Las ciudades, ni qué decir, tendrán cada vez un papel más relevante en esto, como grandes generadoras que son de gases de efecto invernadero y también como las zonas de impacto de los crecientemente -y costosamente- visibles efectos del cambio climático. A nivel local, ganan terreno las prohibiciones del fracking o fracturación hidráulica. Más ciudades del país, sobre todo del Oeste, han estado comprometiéndose con la energía limpia.

Las agencias del transporte público no son una excepción, las que ya están migrando hacia flotillas eléctricas. Las ciudades se están ajustando a códigos que reclaman construcciones más eficientes, desde el punto de vista energético, y a prueba de crecidas. Estremecedores desastres, como el huracán Sandy en el Noreste y las devastadoras inundaciones en el Sur, han impulsado a los gobiernos locales a formular planes de adaptación y de mitigación de los efectos climáticos, incluso en estados muy republicanos.

Los recortes de fondos a la EPA –los cuales son enteramente posibles dado el control Republicano del Congreso– serían un obstáculo serio que bloquearía las iniciativas locales y estatales. Pero ni Trump ni el Congreso pueden detener el trabajo que ya está en marcha.


Con todo, hay que mantenerse atentos

Líderes dentro de la administración Obama –incluyendo el secretario de estado John Terry– han declarado que Estados Unidos está en camino a cumplir los compromisos hechos en COP 21, la cumbre sobre cambio climático celebrada en París en 2015, los cuales pasan por reducir sus emisiones de un 26% a un 28% para 2025 (desde 2015).

Carl Pope, exdirector ejecutivo de la organización ambiental Sierra Club y actual asesor climático de Michael R. Bloomberg y el denominado Compact of Mayors, es un convencido de que, pese a la influencia de Trump, el país sobrecumplirá lo pactado en París, en gran medida gracias a la espiral descendente del carbón. “Un inmenso número de las medidas que estamos tomando para cumplir el Acuerdo de París van por buen camino”, indica. Nadie puede contener el impulso que trae la energía limpia. “Es cómo pararse en la orilla y pedirle a la marea que se detenga”.

Pero no todos los expertos climáticos se muestran tan seguros de que Estados Unidos está bien posicionado para cumplir las promesas de la Ciudad Luz. De hecho, es un área de candentes debates ahora mismo el si algún país industrializado sería capaz de mantener su palabra sin una dramática intervención adicional.

Si bien las regulaciones acerca de la energía limpia y la eficiencia de los autos pudieran seguir empujando la caída de las emisiones en general, Estados Unidos necesitará probablemente políticas federales adicionales para reforzar esta tendencia. Es ahí donde Trump presenta una de sus mayores amenazas: pareciera altamente improbable que el país viera alguna nueva regulación que mantuviera el progreso actual en términos de afianzar la reducción de la emisión de gases de efecto invernadero. “ Creo que presenciaremos una paralización de las políticas domésticas en este sector”, acota David Victor, profesor de la Facultad de Política y Estrategia Global de la Universidad de California, San Diego.

Y existen acaso mayores razones de preocupación acerca de lo que la falta de liderazgo que se prevé en Trump significará en la arena internacional. Aunque el presidente electo no tiene poder para ‘cancelar’ el Acuerdo de París, como él mismo ha dicho que le gustaría hacer, sí podría intentar retirar a Estados Unidos del tratado por medio de la acción ejecutiva. O el Congreso pudiera decidir dejar colgada la promesa de 800 millones de dólares anuales para ayudar a naciones en desarrollo a financiar sus adaptaciones climáticas. Si Estados Unidos faltara a su palabra de una o ambas formas y se separara de toda diplomacia climática, otras naciones podrían secundarla, incluyendo a China, por ejemplo, el más grande emisor del planeta. ¿Habría el mismo incentivo en ellas para cumplir sus compromisos? Es algo que no queda claro.

Por otra parte, escribe Victor en Environment360, “la administración Trump pronto se percatará de que es muy difícil y costoso, diplomáticamente, abandonar los actuales compromisos del tratado”. Así que, muy probablemente, no lo hará. Como mi colega Robinson Meyer, de The Atlantic, explica, salirse del Acuerdo de París pudiera significar para Estados Unidos “el enfrentarse a un masivo y global repudio diplomático y ceder a China, permanentemente, el liderazgo en aspectos vinculados al clima y la energía renovable”.

Sobre demasiados frentes, las consecuencias de las pasadas elecciones no están del todo claras. Es saludable, no obstante, asumir que Trump no va a ayudar al medio ambiente. Aun así, es importante darse cuenta de que, en especial en política interior, es poco probable que él haga mucho daño, a pesar de los titulares de la prensa. Y, particularmente a nivel local, aquellos que están verdaderamente sensibilizados con el futuro del planeta pueden y continuarán trabajando para protegerlo. El cambio climático es un problema lo bastante serio para debatir – ¡y para actuar! – sin paralizar a la gente con una perspectiva poco menos que apocalíptica. La presidencia del magnate no necesita, después de todo, empeorar las cosas.

Este artículo fue publicado originalmente en inglés en CityLab.com.

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