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Caso Ayotzinapa

Los ocho hallazgos en el segundo informe de la CIDH sobre el caso Ayotzinapa

Los expertos abrieron nuevas interrogantes y señalaron los obstáculos que enfrentaron por parte del gobierno mexicano que les impidieron llegar al fondo del caso
24 Abr 2016 – 09:08 PM EDT
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Integrantes del GIEI entregan a familiares de los estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa el segundo informe del caso. Crédito: EFE

Más de un año y medio después de la desaparición de los 43 estudiantes de la escuela Normal Rural del Ayotzinapa en el estado de Guerrero, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) designado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dieron a conocer la segunda parte de su investigación sobre el caso.

En sus conclusiones se abren nuevas interrogantes y también se descalifican algunas teorías de la investigación realizada por el gobierno mexicano. Además señalaron los obstáculos que enfrentaron por parte de la burocracia en el país que les impidieron llegar al fondo y esclarecer cuál fue el destino de los jóvenes y quiénes fueron los responsables.

Estos son los hallazgos más importantes que se difundieron en el informe:

Se torturó a sospechosos

Uno de los principales hallazgos en el segundo informe del GIEI es que existe una fuerte evidencia de que la policía mexicana torturó a algunos de los sospechosos clave en el caso de las desapariciones.

El estudio indica que 17 de los aproximadamente 110 sospechosos detenidos mostraron signos de golpes.

Los expertos aseguran que para su conclusión tomaron como pruebas los propios informes existentes en el expediente de la PGR, y que el relato de los detenidos ante las autoridades no fue evaluado siguiendo los estándares internacionales como mecanismo de investigación ni prevención.

“El 80% de los detenidos tiene lesiones, no sabemos cuántos son efectivamente víctimas de tortura, pero de los 17 casos revisados por el GIEI, cinco declararon para concluir que ocurrió la quema en el basurero de Cocula”, señaló Beristain.

No obstante, se detalla que no existe ningún informe médico que explique la razón de las lesiones de los detenidos. En algunos casos las lesiones aparecen después de la detención, luego aparecen más en su camino a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) y se multiplican durante el periodo de arraigo.

La policía realizó retenes para evitar que los estudiantes huyeran

En el informe, el GIEI señala que los datos analizados muestran que hubo un número mayor de personas implicadas en el caso, entre ellos policías que se habrían movilizado para cercar una carretera por donde se esperaba que los estudiantes trataran de huir.

"El cerco de dicha acción se completó en Mezcala, donde se instaló otro bloqueo probablemente con el mismo objetivo", refiere el informe.

"La movilización de la policía de Huitzuco, con unos 25 efectivos y seis patrullas, para llevar a cabo, aparentemente, un retén (...) sin ningún motivo declarado, durante las horas claves de esa noche" se producían al mismo tiempo que los ataques contra los normalistas y contra el equipo de fútbol "Los Avispones" de Chilpancingo.

El grupo de expertos recibió numeras constancias de que la Policía Federal y el ejército estuvieron enterados en tiempo real de lo que pasaba en Iguala pero este nuevo informe constata que fueron federales los que, además de estar presentes en varias escenas del crimen, se encargaron de organizar los retenes y desvíos carreteros a la altura del Palacio de Justicia. Estos hechos solo aparecen en declaraciones de testigos, pero no en las de los agentes.

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Documentos muestran a policías vinculados con caso Ayotzinapa

Diligencias que no están en el expediente

El grupo de especialistas difundió un video en el que la PGR realiza una operación en el Río San Juan el 28 de septiembre de 2014, un día antes del primer peritaje oficial de la búsqueda de los estudiantes. No obstante, ni el registro de la visita ni los posibles hallazgos fueron incluidos en el expediente de las autoridades.

En las imágenes aparecen dos bolsas a un costado del personal de la PGR, que son muy parecidas a las que un grupo de buzos de la Marina aseguraron haber sacado del río y donde encontraron los restos óseos del estudiante Alexander Mora Venancio.

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El ejercito mexicano no hizo nada por los 43 de Ayotzinapa

Falta de voluntad de las autoridades mexicanas para esclarecer los hechos

Los expertos también denunciaron la falta de voluntad para investigar a altos funcionarios, a miembros del ejército, o a actores clave a los que todavía no se ha interrogado, así como la dispersión del caso en expedientes distintos.

Resaltaron la falta completa de investigación la noche de los hechos o la mala o nula consignación de pruebas y evidencias como grabaciones de video que han desaparecido y errores que pudieron contaminar todo el caso.

Los miembros del GIEI señalaron demoras por parte de la fiscalía para darles información hasta una semana antes de presentar su informe y de la falta de investigación sobre la hipótesis de que el tráfico de heroína en autobuses de Iguala a México pudo estar en la raíz de todo el ataque.

"Existen ciertos sectores que no están interesados en la verdad", indica el documento, aunque no especifica.

Los expertos también hablaron de la extrema burocracia y formalidad del sistema penal mexicano para agilizar cualquier gestión en torno a la búsqueda y localización de los 43 estudiantes de Ayotzinapa.

El informe también critica a las autoridades mexicanas por la deficiente capacidad analítica de las pruebas, la ausencia de un análisis de contexto, la ausencia de medios tecnológicos en las búsquedas de los desaparecidos, la revictimización y criminalización de las víctimas y la actitud soberanista del país, entre otros señalamientos.

El quinto autobús

Ni la Policía Federal ni los militares hacen referencia en sus declaraciones a un quinto autobús que los expertos pidieron desde el año pasado investigar. Sin embargo, se encontró que policías federales lo custodiaron hasta la salida de la ciudad de Iguala.

El quinto autobús, que se sugirió pudo haber estado involucrado en el negocio del tráfico de heroína entre Iguala y Chicago y tomado por error por los estudiantes, no fue investigado y los expertos dicen que no pudieron verlo porque las autoridades les presentaron otro en su lugar.

Imágenes satelitales: no hubo incendio en Cocula

Según el historial de la información de los satélites que monitorean incendios, se muestra que esa noche del 26 de septiembre solo se registró un punto de incendio en el estado de Guerrero, pero las coordenadas no corresponden a las coordenadas del poblado de Cocula.

El informe indica que tales satélites solo recogen "un incendio en el Estado de Guerrero, pero no en Cocula. Dicha área de incendio aparece en una ciudad, y constituye un lugar que de todas maneras debería ser verificado", detalló Francisco Cox.

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Expertos manifiestan que las evidencias fueron manipuladas en caso Ayotzinapa

El análisis de telefonía

Los expertos del GIEI también presentaron un primer análisis de telefonía que muestra cómo al menos siete celulares de los normalistas estuvieron activos días después del ataque.

El análisis de las llamadas, en términos de lugares, antenas, comunicaciones de los estudiantes o de los inculpados fue considerado por el GIEI como un elemento central para determinar los posibles lugares donde podrían haber sido llevados los estudiantes, así como para establecer su última ubicación.

No obstante encontró que en la versión de la PGR no había un análisis adecuado de la telefonía porque la información no se analizó de forma integral. Las autoridades mexicanas aseguraron que todos los aparatos fueron quemados en el basurero de Cocula, pero el GIEI pudo confirmar que al menos siete celulares estuvieron activos horas y días después del ataque y del supuesto.

“El hecho de que distintos teléfonos y chips registraran activación después del 27 de septiembre de 2014, cuestiona la teoría sostenida por la PGR de que los teléfonos y chips fueron incinerados esa noche. Incluso en uno de los casos, uno de los normalistas se comunició con su madre vía telefónica a la 1:16, información que tampoco encaja con esa teoría, según la cual los estudiantes estaban muertos a partir de las 12:00 de la noche”, detalla el informe.

Las víctimas del ataque fueron maltratadas por las autoridades

El informe señala que en total hubo 180 víctimas, incluidos los seis asesinados, y 700 familiares directos afectados a los que no se les dio un apoyo correcto. “El informe evidencia que los supervivientes fueron tratados mal por la policía federal y el ejército que no les resguardó ni quiso colaborar en el traslado de heridos graves”.

“Familias como la del estudiante quien fue torturado y desollado, fueron revictimizadas por las autoridades. Para conseguir su ADN y cerrar la segunda autopsia una vez exhumado el cadáver hubo que hacer 44 reuniones y 22 procesos legales en 7 localidades durante 3 meses con un costo de más de 177,000 pesos (poco más de 10,000 dólares) para la familia”, denunciaron los expertos.

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