Cómo los dos sobrevivientes de un ataque de EEUU en el Caribe ponen en duda la justificación legal de Trump para su campaña militar

Las dudas sobre la justificación legal de Donald Trump a su campaña militar en el Caribe, que ha dejado ya una treintena de muertos a los que el gobierno acusa de ser “narcoterroristas”, aumentaron cuando la semana pasada se supo de los dos primeros sobrevivientes a uno de los ataques contra 'narcolanchas'.

El presidente confirmó el sábado que los dos hombres serían deportados a sus países de origen, Colombia y Ecuador, donde aseguró que serían “detenidos y procesados judicialmente”.

Su decisión provocó serias dudas en torno a la existencia de pruebas sobre la culpabilidad de los sobrevivientes.

Críticos del gobierno subrayaron lo sorprendente de decidir expulsarlos de EEUU si la Casa Blanca tiene, tal y como asegura, evidencias de que se trata de narcotraficantes que transportan droga desde Venezuela hacia EEUU y que participan en lo que Trump ha calificado de “conflicto armado”.

Pero la Fiscalía de Ecuador anunció este lunes que había dejado en libertad a su ciudadano, identificado como Andrés Fernando Tufiño, tras concluir que no había pruebas de que hubiera cometido un delito en el país sudamericano ni tenía tampoco procesos pendientes.

En cuanto al sobreviviente colombiano, Jeison Obando Pérez, continúa recibiendo atención médica y “será procesado de acuerdo a las leyes”, dijo el presidente del país, Gustavo Petro. El ministro de Interior colombiano, Armando Benedetti, lo calificó de "criminal" que "enfrentará la justicia por narcotráfico".

El dilema legal de Trump sobre qué hacer con los sobrevivientes de sus ataques en el Caribe

La existencia de sobrevivientes por primera vez en los ataques militares de EEUU en el Caribe abrió un nuevo dilema legal y político sobre qué hacer con ellos para el gobierno federal.

Según declaró a CNN Brian Finucane, exabogado del Departamento de Estado especializado en cuestiones de poderes de guerra, no estaba claro bajo qué autoridad legal fuerzas estadounidenses podía retener a los prisioneros.

De haberlos mantenido en territorio estadounidense para ser castigados, lo que parecería la opción más lógica en el marco de la agresiva estrategia de Trump contra estos supuestos narcotraficantes, la Casa Blanca habría tenido que terminar mostrando en tribunales las pruebas que hasta ahora no ha hecho públicas para comprobar que los hombres se dedicaban a actividades ilícitas.

Cuando dio a conocer la existencia de sobrevivientes, Trump aseguró que el ‘narcosubmarino’ en el que viajaban estaba "cargado principalmente con fentanilo y otros narcóticos ilegales".

Sin embargo, varios expertos consultados por The Washington Post este lunes se mostraron muy escépticos ante estas afirmaciones, dado que la zona donde se están realizando los ataques no suele ser utilizada para traficar fentanilo y que la droga incautada allí no suele tener EEUU como destino.

Trump también afirmó que "al menos 25,000 estadounidenses morirían si permitía que este submarino tocara tierra". Al igual que en el resto de ataques, no ofreció ninguna prueba o evidencia que respaldara estas acusaciones, ni mucho menos cómo realizó el cálculo de supuestas víctimas.

En cualquier caso, de ser ciertas, es cuanto menos llamativo que su gobierno decida deportar para que rindan cuenta en sus países a personas que supuestamente iban a contribuir al asesinato masivo de miles de estadounidenses.

Los sobrevivientes parecen “lo suficientemente peligrosos como para intentar matarlos con fuerza militar, pero no lo suficientemente peligrosos como para detenerlos y procesarlos mediante métodos legales…”, resumió en declaraciones a CNN el profesor de Derecho de la Universidad de Harvard, Jack Goldsmith, y que dirigió la Oficina de Asesoría Legal del gobierno de George W. Bush.

Según apuntó The New York Times, otra opción para el gobierno habría sido el mantener a los sobrevivientes como detenidos en tiempos de guerra en la Bahía de Guantánamo, pero sus abogados podrían haber impugnado la legalidad de los arrestos invocando el derecho de habeas corpus.

Pero “evitar complicaciones legales y logísticas enviando a los hombres a casa parece contradecir la postura del gobierno de que los presuntos narcotraficantes representan un peligro tan grave que Trump puede ordenar a los militares que los maten sumariamente”, destacó el citado diario.

Cómo justifica Trump sus ataques militares en el Caribe

Trump ha justificado sus acciones militares en el Caribe, afirmando que EEUU está involucrado en un "conflicto armado" contra los carteles de la droga.

Por ello, se ha basado en el mismo razonamiento legal utilizado por la administración de George W. Bush cuando declaró la guerra al terrorismo tras los atentados del 11 de septiembre de 2001.

Eso incluye la autoridad para capturar y detener a combatientes y utilizar fuerza letal para eliminar a sus líderes como si fueran soldados enemigos en una guerra, lo que ha sido ampliamente cuestionado por expertos legales e incluso miembros de ambos partidos.

Sin embargo, su decisión de expulsar a los dos sobrevivientes a Ecuador y Colombia parece alinearse de nuevo con el manejo tradicional del contrabando marítimo, en el que la Guardia Costera interceptaba embarcaciones sospechosas fuera de EEUU, detenía a sus ocupantes y los repatriaba a sus países como presuntos traficantes con derecho al debido proceso.

El gobierno de Trump también ha argumentado que el presidente tiene amplias facultades, bajo el Artículo II de la Constitución, para llevar a cabo ataques contra quienes considera "narcoterroristas".

Pero el Congreso, que mantiene amplias facultades bajo el Artículo I de la Constitución, para declarar una guerra, no ha autorizado un conflicto armado contra el narcotráfico.

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