La confiscación en el mar Caribe de un tanquero petrolero presuntamente de bandera falsa y cargado de crudo venezolano por parte de fuerzas especiales de Estados Unidos pone en relieve una serie de prácticas irregulares del gobierno de Nicolás Maduro para evadir sanciones económicas en su mercado energético, de acuerdo con expertos e investigaciones independientes sobre corrupción en Venezuela.
Buques fantasmas, trasvases en alta mar, una ley de secretos: las prácticas de Venezuela para vender su petróleo entre sanciones
El gobierno de Nicolás Maduro ha recurrido a una red de buques fantasma para comercializar su crudo en mercados internacionales, con amplios descuentos y en un marco de sanciones económicas de Estados Unidos. El decomiso de un tanquero con crudo venezolano en el Mar Caribe reaviva viejas denuncias sobre la opacidad y la corrupción en la estatal petrolera PDVSA.
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Redacción en Caracas
Video Qué se sabe del barco petrolero incautado por Estados Unidos frente a las costas de Venezuela
El presidente Donald Trump reveló este martes, sin aportar mayores detalles, que las fuerzas armadas desplegadas en el Caribe habían interceptado un tanquero petrolero “a las afueras de las costas de Venezuela”, calificándolo como “el más grande” que Estados Unidos había interceptado en su historia.
La fiscal general, Pam Bondi, indicó que la incautación había sido autorizada judicialmente y fue fruto del trabajo conjunto del Buró Federal de Investigaciones (FBI), Seguridad Nacional y la Guardia Costera de Estados Unidos.
Según la funcionaria, el barco contenía “petróleo sancionado de Venezuela e Irán”. Bondi también compartió un video donde se ve a una veintena de uniformados estadounidenses ocupando el tanquero desde dos helicópteros.
Medios como Reuters o la BBC lo han identificado como el Skipper, un barco involucrado en el comercio de crudo iraní cuando antes era llamado el Adisa, de acuerdo con el gobierno de Estados Unidos.
La embarcación habría partido entre el jueves 4 y el viernes 5 de diciembre tras haber cargado alrededor de 1.8 millones de barriles de crudo pesado venezolano, tipo Merey, en el puerto de José, en el oriental estado de Anzoátegui, según Reuters.
La autoridad marítima de Guyana dijo que el Skipper navegaba con una bandera falsa y, según data de Petróleos de Venezuela, habría sido utilizado para comercializar petróleo venezolano a Asia entre 2021 y 2022, indicó el reporte periodístico.
De acuerdo con fuentes especializadas en la economía venezolana consultadas por Univision Noticias, el decomiso del tanquero petrolero en las costas de Venezuela haría “imposible” al gobierno de Maduro seguir enviando crudo a Cuba, uno de sus grandes aliados ideológicos y que sufre una aguda crisis energética.
“Esto demuestra que la administración Trump no está jugando”, dijo una de las fuentes, que pidió reservar su identidad por temor a represalias de las autoridades venezolanas. Según reportes extraoficiales, el gobierno de Maduro detuvo el año pasado a un grupo de economistas para interrogarlos por sus análisis críticos de la economía nacional.
La flota fantasma
Venezuela, cuyos mercados petrolero y financiero están sancionados desde 2019 por Estados Unidos, ha seguido vendiendo crudo con considerables descuentos y mediante prácticas opacas que incluirían flotas fantasmas, según firmas de análisis del mercado energético.
La consultora S&P Global Oil and Gas publicó en septiembre un informe que apunta que Rusia, Irán y Venezuela, naciones de economías sancionadas, se aliaron con actores “opacos” del transporte marítimo para adquirir tanqueros que les permitieran evadir las sanciones extranjeras y mantener sus ganancias petroleras.
Esa flotilla incluye 978 tanqueros con más de 27,000 toneladas de peso muerto, que representan el 18.5% de la flota tanquera global de transporte petrolero, dijo la firma. Hace un año, esa flotilla tenía 89 tanqueros menos.
Venezuela tendría a su disposición 54 buques en esa flotilla fantasma, según S&P Global Oil and Gas, que recurre a operadores “sombríos”; son producidos por “más de uno” de los países sancionados y suelen apagar sus transpondedores durante trasvases fuera de costa.
Es una red que “siempre está evolucionando”, concluyó el informe.
Según la fiscal general de Estados Unidos, el tanquero decomisado este miércoles ha estado involucrado en una “red ilícita de transporte de petróleo” que estaría patrocinando con sus fondos a “organizaciones terroristas extranjeras”.
Un economista experimentado en Caracas dijo a Univision Noticias bajo condición de anonimato que Venezuela no cuenta con tanqueros propios, sino que los alquila a terceros, operaciones por las que acumula pagos de unos 5,000 millones de dólares.
El especialista advirtió que no solo las sanciones económicas, sino además la “degradación institucional” de Venezuela, han permitido al gobierno de Maduro ejecutar medidas como trasvases a buques “piratas” para el mercado asiático.
“Muchos de esos crudos se trasvasan en Singapur y entran a China con un altísimo descuento, de un 40 %, debido a la deuda milmillonaria contraída por los gobiernos de Maduro y de Hugo Chávez antes que él con el país asiático", dijo la fuente.
Según S&P, los barcos con que se comercializa el crudo venezolano son controlados por la estatal PDVSA o por compañías “opacas” que probablemente buscan cobrar primas de riesgo por transportar petróleo sancionado.
Prácticas opacas
El gobierno venezolano denunció la confiscación del tanquero y su hidrocarburo como “un acto de piratería” que prometió denunciar ante distintas instancias internacionales. El poder político de Caracas también ha tachado las sanciones estadounidenses como un “bloqueo” a sus recursos y actividades económicas.
Especialistas explican que el chavismo respondió a la ampliación de las sanciones en 2019, en el marco de una crisis política sin precedentes en la cual Washington desconoció a Maduro como presidente legítimo, con una serie de prácticas opacas en la industria de hidrocarburos que sintetizó en “la Ley Antibloqueo”.
Esa normativa, aprobada por la Asamblea Nacional, de mayoría chavista, le permite al gobierno de Maduro concretar negocios petroleros con poca transparencia y sin necesidad de consultar al parlamento, rendir cuentas ni publicar data oficial.
La ley permite a la estatal venezolana PDVSA mantener en secreto la identidad de sus contratistas, con quienes puede pactar negocios de manera discrecional. Su artículo 19 autoriza al gobierno a “inaplicar” leyes que no pueda ejecutar por las sanciones, mientras el 37 permite clasificar documentos con “contenido confidencial y secreto”.
Los expedientes de las operaciones de cualquier órgano o autoridad pública de Venezuela, como el Ministerio de Petróleo, pueden asignarse el carácter de “reservado, confidencial o de divulgación limitada”.
Según el propio gobierno de Maduro, sus alianzas con países sancionados, como Rusia e Irán, han sido clave para levantar la producción de crudo nacional hasta niveles superiores al millón de barriles diarios. Hace unos cinco años, PDVSA producía apenas la mitad de ese crudo por jornada, según cifras oficiales.
La corrupción en PDVSA
La corrupción en ese marco de sanciones y vías legales internas para evadirlas ha sido una preocupación pública no solo para observadores independientes, sino para el mismo gobierno de Maduro: el chavismo anunció en 2023 la detención de su exzar petrolero y exvicepresidente Tarek El Aissami por encabezar un desfalco millonario.
Según Maduro y el fiscal general, el exgobernador oficialista Tarek William Saab, El Aissami, varios colaboradores y decenas de funcionarios públicos y empresarios participaron en un caso de corrupción milmillonaria conocido como PDVSA-Cripto.
En 2020, Maduro prometió un nuevo modelo económico fundamentado en la Ley Antibloqueo para recibir el pago de las exportaciones petroleras y minerales de Venezuela a través de criptomoneda. Según una investigación del portal periodístico Armando.info, PDVSA dio “patente de corso” a casi un centenar de intermediarios que le quedaron debiendo o evaporaron unos 8,000 millones de dólares.
Investigaciones de la organización civil Transparencia Venezuela denunciaron que el gobierno de Maduro ha usado las sanciones petroleras “como excusas para más corrupción” en la administración de los recursos energéticos de la nación.
“Las autoridades planificaron nuevas rutas que permiten la exportación del crudo venezolano, pero que al mismo tiempo favorecen la opacidad y la oportunidad de nuevos negocios con grupos cercanos dispuestos a apoyar a cambio de una tajada del patrimonio venezolano”, dijo su reporte.
En su intento por elevar la producción petrolera durante la pandemia por covid-19, PDVSA recurrió a “medidas desesperadas” como la promesa de pagos en chatarra e incluso de mochilas llenas de dólares estadounidenses a contratistas locales “poco conocidas”, reportó la agencia Bloomberg en 2021.
Desde 2014, el gobierno venezolano ha arrestado o busca la captura de cinco exministros de petróleo por presunta corrupción, entre ellos El Aissami y Pedro Tellechea, que sucedió al exvicepresidente entre 2023 y 2024. Uno de ellos, Nelson Martínez, murió en la cárcel por problemas cardíacos, según voceros oficiales.
La oposición política venezolana ha acusado a los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro de haber malversado cientos de miles de dólares en la administración pública, cuyos ingresos dependían en más de 90% de la producción petrolera, hace años.
Sistemas judiciales de Estados Unidos y Europa han abierto decenas de investigaciones sobre PDVSA por presunto lavado de dinero.
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