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Nicaragua

Las ejecuciones selectivas, la silenciosa nueva etapa de la represión en Nicaragua

Desde octubre de 2018 a julio de 2019, organismos de derechos humanos denuncian al menos 21 ejecuciones selectivas como parte de una nueva etapa represiva en Nicaragua. La práctica se produce particularmente en las zonas rurales más antisandinistas, y hasta en la vecina Honduras adonde rebeldes se han exiliado. Los familiares de las víctimas acusan a "paramilitares organizados" por el gobierno de Daniel Ortega de los crímenes.
28 Jul 2019 – 11:53 AM EDT

MANAGUA Y SAN JOSÉ-. Al caer la tarde del 23 de enero de 2018, Oliver Montenegro Centeno montó su mula para acarrear los granos de café que los trabajadores de su finca habían recolectado durante el día en los plantíos. A pocos metros de haber iniciado el trayecto fue emboscado por hombres armados con fusiles de alto calibre. "¡Bam, bam, bam, bam, bam!”, sonaron las ráfagas. La mayoría de los disparos fueron dirigidos al rostro de este caficultor. La cara le quedó destrozada, casi irreconocible.

Uno de los trabajadores de la finca y primo de Oliver fue testigo de la ejecución. Minutos antes de que éste se montara en la mula, él se había adelantado al plantío para acarrear los costales de café. El joven estaba a unos 50 metros del sitio del ataque cuando los disparos lo alertaron. Quedó perplejo al ver el despliegue de casi una decena de hombres armados sobre su primo. No pudo hacer nada.

El joven regresó a la escena del crimen cuando los armados la abandonaron. Encontró el cuerpo de Oliver perforado por los proyectiles. Ni siquiera tuvo que tocarlo para darse cuenta que estaba muerto: Los sesos de su primo cubrían el pasto, uno de sus brazos estaba fracturado por el impacto de una bala de AK-47, y un corte de arma blanca en la línea media del abdomen exponía sus vísceras.

Cuatro meses después de la ejecución de Oliver, dos miembros más de la familia Montenegro fueron emboscados y asesinados de la misma forma violenta. Acribillados. “Estos asesinatos son una acción articulada por el gobierno de Daniel Ortega, la policía y sus paramilitares”, denuncia a Univision Noticias la hermana de Oliver desde la clandestinidad en Nicaragua. El caso de este campesino no es aislado.


En las remotas zonas rurales de Nicaragua la persecución selectiva es más fatal que en las ciudades. Elvira Cuadra, experta en temas de seguridad, registra al menos 21 ejecuciones desde octubre de 2018 al 15 de julio de 2019. Estas muertes se suman a las 325 documentadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el marco de las protestas desde abril de 2018.

“Desde el último trimestre de 2018, es posible observar un incremento de asesinatos en las zonas rurales del país”, explica Cuadra a Univision Noticias. “Una buena parte de ellos tienen como víctimas a líderes sociales y políticos vinculados con el movimiento cívico o partidos políticos de oposición”.



La familia Montenegro es numerosa. Son un total de 13 hermanos originarios del Cerro Kilambé, una localidad rural del departamento de Jinotega, al norte de Nicaragua. Esta zona no solo es conocida por sus parajes brumosos y aptos para el cultivo del café, sino porque aquí fue uno de los hervideros de la Contra, la guerrilla que en la década de los ochenta se enfrentó al gobierno de la Revolución Sandinista.


Aunque en los noventa Nicaragua alcanzó la paz, en estos remotos parajes (llamados “el antiguo corredor de la Contra”) siempre quedó el resentimiento antisandinista. El campesinado jinotegano ha sido bastión opositor histórico al gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Cuando las protestas estallaron en abril de 2018 en Nicaragua, estos campesinos se sumaron a la resistencia ciudadana levantando barricadas y tranques como método de protesta. Entre los rebeldes estaban los tres miembros de la familia Montenegro asesinados.

“Desde muy pequeños mis hermanos fueron parte de la Resistencia (la Contra). Siempre han sido reconocidos opositores en Jinotega”, narra la hermana de Oliver y Edgar Montenegro Centeno, este último asesinado junto a su hijo adoptivo Jalmar Zeledón este recién 27 de junio. “Oliver, Edgar y Jalmar levantaron una barricada en empalme de La Marañosa, y allí estuvieron dos meses hasta que tuvieron que huir por la persecución”.

De los hermanos Montenegro Centeno, Edgar (54 años al momento de su asesinato) era el más conocido en la zona. En su juventud fue comandante de la Contra y conocido bajo el mote de ‘Cabezón’. La familia también atribuye la popularidad de este hombre debido “a su trato abierto con los vecinos”.

Identificado como el líder del tranque de La Marañosa, la Policía señaló a Edgar Montenegro Centeno en septiembre de 2018 como responsable de cometer un asesinato.

“Un grupo de terroristas golpistas que se dedicaban a cometer crímenes en el tranque de Wiwilí, encabezado por el terrorista Edgar Montenegro Centeno, alias El Cabezón, asesinó con armas de fuego y armas blancas al trabajador y policía voluntario Héctor Moreno Centeno, de 30 años”, expone el c omunicado policial.

En el momento en que la policía lo acusó, Edgar Montenegro Centeno ya se escondía. De acuerdo al testimonio de su hermana, las amenazas en contra de la familia eran constantes.

“Los paramilitares del gobierno hacían pintas en nuestras casas con amenazas. Que a mis hermanos los iban a atrapar vivos o muertos”, narra a Univision Noticias. Ante el hostigamiento, Edgar le recomendó a sus hermanos varones viajar a Honduras para exiliarse. Sin embargo, Oliver fue el único que no aceptó.

Oliver Montenegro Centeno decidió que se quedaría en la finca para levantar la cosecha cafetalera. El hombre de 44 años se hizo acompañar de su primo, el único testigo de su asesinato, que hoy la familia mantiene clandestino por seguridad. La hermana de Oliver sostiene que el caficultor recibía amenazas de muerte constantes de paramilitares sandinistas”, pero las ignoraba.

“Aunque Oliver sabía que los paramilitares lo estaban siguiendo, prefirió seguir con su cosecha”, lamenta la hermana de la víctima. La tarde del 23 de enero de 2018, paramilitares encapuchados lo interceptaron en uno de los cafetales de su finca, ubicada en el sector llamado Caño La Cruz, a unos 30 kilómetros al norte de la cabecera municipal de El Cuá. Su ejecución no fue un hecho aislado.

Una nueva fase de represión

La 'Operación Limpieza' fue una serie de ataques combinados de policías y paramilitares en contra de las barricadas rebeldes que, tras su brutal efectividad entre junio y julio de 2018, dejaron instalado un estado de sitio de facto y persecución política selectiva contra manifestantes y líderes sociales, según organismos de derechos humanos.

El gobierno de Daniel Ortega desarticuló toda la rebeldía que le adversaba en las calles, y comenzó a promulgar que “habían vencido el intento de golpe de Estado”. Proclamaban que “Nicaragua ha vuelto a la normalidad”. Pero por debajo de ese discurso y los efectos de la crisis sociopolítica, la persecución política selectiva aumentó, a un punto que el gobierno llegó a tener 777 presos políticos.

A la fecha actual, la persecución selectiva se mantiene y ha incorporado la modalidad de las ejecuciones, denuncian los organismos de derechos humanos.

Dos días antes que Oliver Montenegro Centeno fuese emboscado en El Cuá, el 21 de enero, en el municipio de Wiwilí fue baleado Néstor Uriel Aráuz Moncada. El hombre era Director de Servicios Municipales de la comuna opositora.

Más reciente aún, este 10 de julio, la casa del activista político opositor Jesús Montano Sevilla fue rodeada por un grupo de paramilitares. Lo secuestraron y luego su cadáver fue encontrado con signos de tortura y cuatro balazos en la frente en el departamento de Río San Juan.

La socióloga Cuadra ha encontrado un patrón de motivaciones políticas en al menos 21 ejecuciones. Además, hay otros ocho caso adicionales en los que la policía ha atribuído los crímenes a razones vinculadas con delincuencia común.

Juan Carlos Arce, abogado y defensor de derechos humanos, también ha seguido estas ejecuciones y resalta el “patrón político”.

Los expertos y defensores de derechos humanos destacan que estas ejecuciones se concentran geográficamente en el norte de Nicaragua. “El departamento de Jinotega tiene la mayor cantidad de personas asesinadas, seguido de Matagalpa”, afirma Cuadra. La zona señalada por la experta es el núcleo del antisandinismo en Nicaragua.

Colindante al municipio de El Cuá está Pantasma, considerado parte del “antiguo corredor de La Contra” en Jinotega. El alcalde opositor de ese municipio, Óscar Gadea, relata a Univision Noticias que el campesinado está “nervioso” ante el incremento de estas ejecuciones.

“La gente tiene miedo porque después de las protestas y los tranques, los sandinistas han armado a las personas que en los ochenta combatieron en contra de la Resistencia (la Contra). Son paramilitares que andan asesinando”, denuncia Gadea. “ Esa gente tiene el instinto de matar al pueblo y a aquel que piensa diferente. Aquí estamos frente a ejecuciones, asesinatos políticos. Hay mucha tensión. Estamos aterrorizados”.

Antes de la crisis sociopolítica iniciada en abril de 2018, el Ejército y la Policía eliminaron a más de 27 campesinos que se habían declarado “rearmados por razones políticas” contra el gobierno de Ortega. Aunque en ese tiempo, las autoridades aseguraban que enfrentaban a “criminales comunes dedicados al tráfico de drogas o el abigeato” y los ataques no incluían a grupos paramilitares.

“Es totalmente sospechoso que las víctimas de estas ejecuciones extrajudiciales ahora sean opositores y personas que participaron en las protestas”, insiste el defensor de derechos humanos Juan Carlos Arce. “Más sospechoso es que hasta ahora el Estado no investigue ninguno de estos casos. Yo no creo que se trate de una práctica nueva de exterminación en el campo por la crisis, sino que es una estrategia usada en los últimos años y que el gobierno retomó… Pero esta vez lo más grave es la novedad del uso de paramilitares”.

Crímenes de venganza

José Alejandro Martínez Vásquez fue preso político del gobierno de Daniel Ortega. Tras pasar nueve meses encarcelado, fue liberado en marzo de 2019 gracias a las presiones de la comunidad nacional e internacional. Pero la alegría de la libertad le duró poco. Este 12 de julio fue baleado por un paramilitar en su natal ciudad de Wiwilí, departamento de Nueva Segovia.

El joven de 27 años estaba cerca de su casa, ubicada a unos 150 metros de la estación policial de Wiwilí, cuando fue atacado sin mediar palabras por un sujeto señalado como “expolicía y paramilitar” por los familiares de la víctima. Aunque Martínez Vásquez no murió y fue atendido oportunamente en un centro hospitalario, tras la operación le confirmaron que quedará inválido de por vida.

Martínez Vásquez recibió dos disparos. Uno en la cabeza y otro en la columna vertebral. Este último proyectil es el causante de la invalidez. El caso de este joven es para los organismos de derechos humanos muestra de la “brutalidad” de estas ejecuciones extrajudiciales registradas después las protestas y disturbios en Nicaragua: “represión selectiva y dirigida, y efectivamente mortal”.

“En el caso del productor Oliver Montenegro Centeno se nota muy bien la saña. Le desfiguraron el rostro a balazos. Son ataques con odio, con mucha saña. Hay un sentido de venganza”, alerta Juan Carlos Arce, el defensor de derechos humanos.

La hermana de Oliver Montenegro Centeno sostiene que la finalidad de los paramilitares “era descuartizar el cuerpo para dejar un mensaje de terror” en El Cuá. “Por eso a mi hermano le hicieron ese corte en el abdomen, pero como vecinos de la comunidad pronto comenzaron a llegar a la finca, los paramilitares tuvieron que huir", dice la mujer.

La experta en seguridad Elvira Cuadra explica que el gobierno de Ortega “ha alentado y facilitado la conformación, actuación y la impunidad de los grupos paramilitares integrados por simpatizantes fanatizados”. “Hay una clara política de criminalización, persecución, vigilancia y agresiones a líderes sociales, especialmente prisioneros políticos excarcelados y aquellos que están en las zonas rurales”, resume.

Mientras que en las ciudades, la persecución contra opositores y excarcelados políticos la realiza formalmente la Policía. Aunque la mayoría de las veces los oficiales se limitan a detener a ciudadanos, el 17 de julio cometieron una ejecución en la ciudad de León. Un comando de las tropas especiales de la Policía irrumpió por la fuerza en la casa de Bryan Murillo durante la madrugada, y asesinaron de varios disparos a este joven, quien participó en 2018 en las protestas contra el gobierno.

Represión selectiva también en el exilio

La familia Montenegro Centeno no se había recuperado del asesinato de Oliver, cuando este 27 de junio de 2019 les informaron que otros dos sus miembros, Edgar y su hijo adoptivo Jalmar Zeledón, corrieron la misma trágica suerte.

Los dos hombres fueron emboscados en el municipio hondureño de Trojes, fronterizo con Nicaragua. Edgar Montenegro Centeno se exilió desde septiembre, cuando la policía de Nicaragua lo señaló en el comunicado. Había conseguido refugio en Honduras y estabilidad en Trojes, donde consiguió tierra para cultivar.

Al ser un líder en Jinotega, Edgar comenzó a recibir a exiliados en sus tierras hondureñas, en especial exguerrilleros de la Contra. La frontera de Honduras y Nicaragua es muy permeable. Casi no cuenta con seguridad y es común que los exContras prefieran esta zona, ya que la conocen a la perfección: en los ochenta fue su base de entrenamiento y pertrechamiento. Muchos cruzan al cercano departamento hondureño de El Paraíso, adonde está enclavado Trojes. Solo hace falta cruzar el Río Coco.

La hermana de Edgar Montenegro Centeno señala que entre los exiliados que recibió su hermano “se lograron colar algunos infiltrados del gobierno”. “Uno de los exiliados que acompañaba a mi hermano en Trojes lo vendió”, afirma la mujer. “Ellos iban saliendo en una moto a hacer unas compras el 27 de junio cuando, casualmente, ya los esperaban para emboscarlos y balearlos”.

Tanto en Honduras y Costa Rica (debido a la proximidad con Nicaragua) los exiliados expresan que uno de su mayores miedos es el “tema de los infiltrados”. Un estudio publicado hace unos días por la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH) señala que entre los 70,0000 exiliados nicaragüenses en Costa Rica, Panamá y Honduras “hay preocupación ante la posibilidad de elementos infiltrados afines al Gobierno de Nicaragua que ha provocado una paranoia colectiva”.

El defensor de derechos humanos Juan Carlos Arce afirma que los asesinatos de Edgar Montenegro Centeno y su hijo adoptivo demuestran la “capacidad de organización transfronteriza” de los paramilitares asociados al gobierno de Daniel Ortega. Arce reconoce los altos niveles de violencia que definen a Honduras, y quizás por eso los asesinatos de los exiliados podrían confundirse con ese fenómeno. Sin embargo, menos de un mes después de la muerte de Edgar Montenegro Centeno y su hijo, este 13 de julio, fue asesinado en la misma zona fronteriza hondureña otro excontra: Francisco Sobalvarro.

Sobalvarro, conocido por el alias ‘Berman’, también fue emboscado y ultimado violentamente con fusiles de guerra. “Sobalvarro era parte del grupo de exiliados que se fueron huyendo debido a la persecución del régimen genocida”, condenó la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, la oposición que dialoga con el gobierno sandinista.

“La paranoia colectiva” por los infiltrados y las ejecuciones es más bien una certeza para la familia Montenegro Centeno, que en menos de un año ha perdido a tres de sus hombres. “Nos arrebataron a dos hermanos y un sobrino y las amenazas contra nosotros todavía continúan”, lamenta la hermana, clandestina en Nicaragua.

“Siguen acosando a nuestros padres ancianos para que entreguen a todos sus hijos. A nosotros no nos persiguen para echarnos presos, es una persecución a muerte ”.

8. INFIERNO: La rebelión de los nietos del sandinismo

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