La reasignación por parte del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de cerca de 150 empleados de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) ha creado dudas entre expertos y exfuncionarios de la agencia sobre la merma de su capacidad para responder eficientemente a los desastres naturales en plena temporada de huracanes.
Reasignan personal de FEMA a ICE en medio de la temporada de huracanes
Los funcionarios de FEMA, en su mayoría empleados de los departamentos de recursos humanos y seguridad de la agencia, fueron reasignados a ICE para ayudar a evaluar y procesar la contratación de 10,000 agentes para las operaciones de deportación.

Los funcionarios de FEMA, en su mayoría empleados de los departamentos de recursos humanos y seguridad de la agencia, fueron reasignados a ICE para ayudar a evaluar y procesar la contratación de 10,000 agentes para las operaciones de arresto y deportación.
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Reasignaciones en el pico de la temporada de huracanes
The Washington Post fue el primer medio en informar sobre las reasignaciones, que, según el reporte, afectaría a cerca de la mitad del equipo de recursos humanos de FEMA.
El DHS sostuvo en un comunicado que los traslados son temporales y no obstaculizarán la preparación ante desastres.
“Bajo el liderazgo del presidente Trump y a través de la Única Gran y Hermosa Ley, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) está adoptando una estrategia de colaboración integral para reclutar a 10,000 nuevos agentes del ICE. Para apoyar esta iniciativa, algunos empleados de FEMA serán asignados temporalmente al ICE durante 90 días para ayudar con la contratación y la investigación de antecedentes”, agrega el comunicado.
FEMA ya había perdido cerca de 2,000 empleados en los últimos meses, como consecuencia de la iniciativa del gobierno de Trump para aminorar el tamaño del gobierno federal, incluyendo la reducción del papel de la agencia en la respuesta a desastres naturales, transfiriendo autoridad a los estados.
Los empleados de los departamentos de recursos humanos y seguridad de FEMA tienen una tarea crítica que cumplir en la respuesta a desastres naturales ya que la agencia contrata una gran cantidad de personal local para ayudar en los esfuerzos, el cual debe ser evaluado y procesado por esos departamentos.
Según The Washington Post durante un desastre natural importante como un huracán, el equipo de recursos humanos de FEMA puede procesar 10,000 casos a la semana para movilizar rápidamente al personal necesario para la respuesta, mientras que el departamento de seguridad coordina las operaciones de campo y ayuda a evaluar a los nuevos empleados, contratistas y trabajadores estatales.
No es la primera vez que FEMA y ICE colaboran, pero hasta ahora sus labores conjuntas se habían limitado a las respuestas a desastres naturales y a labores de logística en la frontera sur y había sido de carácter voluntario. Estas reasignaciones obligatorias, durante la temporada de huracanes cuando la agencia ya está sobrecargada, no tienen precedente en la historia de FEMA.
O aceptan o se van
Según The American Prospect parte del personal de FEMA recibió un correo electrónico similar el miércoles informando sobre las reasignaciones.
El mensaje informaba a su receptor que había sido "reasignado” dándole siete días para aceptar o rechazar la reasignación. Si no responden, el mensaje indica que FEMA y el DHS considerarán su silencio "como una aceptación de la reasignación".
Uno de estos correos, al cual tuvo acceso The Washington Post indica que que quienes rechacen la reasignación "podrían estar sujetos a ser dados de baja del servicio federal". "Agradecemos su servicio y esperamos que su nueva asignación sea tanto desafiante como gratificante", decía el correo electrónico.
Trump ha hablado en varias oportunidades sobre la eliminación de FEMA mientras que la secretaría de Seguridad Nacional, Kristi L. Noem, ha indicado que quiere reducir su autoridad y capacidades y ha dado pasos en ese sentido.
Durante los últimos meses la agencia ha sido sujeta a severos procesos de aprobación presupuestaria que han paralizado gran parte de sus operaciones haciendo que varios estados hayan tenido que esperar meses para obtener fondos para la mitigación de desastres, como en el reciente caso de las inundaciones repentinas en Texas.
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