En fotos: así desmantelaron la cámara de gases y la sala de inyecciones letales en California
Minutos después de que el gobernador Gavin Newsom anunciara una moratoria a la pena de muerte en California, su oficina hizo públicas las imágenes del desmantelamiento de la cámara de gases y la sala de inyecciones letales por las que eventualmente pasarían algunos de los 737 reos que hasta ayer estaban en el "corredor de la muerte" condenados a la pena capital.
Oficiales de correccionales desmantelaron la sala de inyecciones letales en la cárcel estatal de San Quintín, luego de que este miércoles el gobernador Gavin Newsom firmó una orden ejecutiva que suspende de manera inmediata la aplicación de la pena de muerte en California. La acción le perdonará la vida, de manera temporal, a 737 prisioneros condenados a muerte.
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Al anunciar su decisión, el gobernador de California hizo referencia al "fallido" sistema de justicia que "discrimina" a los acusados que pertenecen a las minorías, principalmente a los negros e hispanos, así como a los que padecen de problemas de salud mental.
"Nuestro sistema de pena de muerte ha sido un fracaso. Matar a una persona de manera intencional está mal. Como gobernador, no supervisaré la ejecución de ningún individuo", dijo Newsom.
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La suspensión de la pena de muerte en California estará vigente durante la administración del gobernador Newsom, que comenzó en enero de 2019. Dado que la moratoria se dio a través de una orden ejecutiva existe la posibilidad de que un futuro gobernador estatal le vuelva a dar luz verde a las ejecuciones en la cárcel de San Quintín.
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Aunque la decisión fue contraria a la voluntad de los electores de California, el gobernador tiene la facultad de actuar de manera unilateral para frenar la pena capital en el estado debido a que su orden ejecutiva no conmutó ninguna sentencia entre los reos, una acción que habría requerido de un acuerdo validado por la Corte Suprema del estado.
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En la entrada a la sala de inyecciones letales en la prisión de San Quintín ahora se observa un letrero con la siguiente leyenda: "CERRADO por la Orden Ejecutiva N-09-19".
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En esta imagen se muestra cómo lucía la cámara de gases que también estaba ubicada en el "corredor de la muerte". En los últimos años decenas de reos en espera su última hora han muerto por suicidios o de causas naturales, mientras agotan todos los recursos legales posibles para frenar sus ejecuciones.
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California es uno de los 31 estados de EEUU que mantenía vigente la pena capital para los reos condenados a muerte, sin embargo, la última ejecución en la cárcel de San Quintín ocurrió hace más de una década. Clarence Ray Allen, un hombre diabético de 76 años, fue el último reo que recibió la inyección letal en el 2006, más de 20 años después de ser encontrado culpable por un triple homicidio.
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Aunque California alberga a una cuarta parte de los prisioneros condenados a muerte en todo el país con un total de 737, desde 1978, cuando se reinstauró la práctica, solo se han realizado 13 ejecuciones.
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A la fecha unos 25 reos han agotado todos sus recursos legales para evitar enfrentar la cámara de gases o la inyección letal en San Quintín, sin embargo, más de un juez federal ha determinado que ambas prácticas son inconstitucionales y mientras esas demandas continúan en revisión, las ejecuciones se suelen prolongar por años e incluso décadas en medio de un mar de retos legales.
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Según datos oficiales del estado, desde 1978 California ha gastado más de 5,000 millones de dólares en el programa que mantiene viva la pena capital. Tan solo en el año 2010, el “pabellón de la muerte” recibió una inyección de capital de 853,000 dólares para renovar el equipo que hasta la fecha nunca fue utilizado.
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En 2012 y 2016 los electores de California rechazaron una serie de medidas para eliminar la pena capital en el estado. En su lugar, hace tres años los votantes se inclinaron a favor de aprobar la Propuesta 66, que buscaba acelerar las ejecuciones de los reos condenados a muerte mediante la agilización de sus procesos de apelación.
Eric Risberg/AP
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Los opositores a la pena de muerte, incluyendo al gobernador Gavin Newsom, argumentan que la práctica suele estar rodeada de discriminación y disparidades raciales. Desde mediados de los años 70’s más de 150 reos han sido exonerados por condenas erradas, muchos de ellos hombre negros y de origen hispano.