Condado de California amplía contrato con una compañía que ofrece “vigilancia masiva” para ICE

A una semana de que la Asociación Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) señaló que el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) emplea sistemas de “vigilancia masiva” creados por la empresa Vigilant Solutions para rastrear y arrestar a indocumentados, un condado del norte de California decidió ampliar su contrato con esta polémica compañía de Silicon Valley.

Las autoridades del condado de Contra Costa aprobaron este martes de manera unánime la petición de la oficina del Sheriff para adquirir una veintena de cámaras con lectores de placas automatizados que serán instalados en calles y carreteras de Discovery Bay, un enclave al este de la bahía de San Francisco utilizado frecuentemente como “ruta de escape” por los delincuentes.

A esta tecnología también se le conoce como ALPR y un reporte reciente reveló que, gracias a ella, ICE tiene acceso a miles de millones de datos de las placas de automóviles que se almacenan en una gigantesca base de datos que Vigilant Solution ha puesto a disposición de más de 80 agencias del orden en todo el país.

El servicio le costará al condado de Contra Costa un total de $331,000, que incluyen las cuotas de compra de equipo, instalación y mantenimiento. La polémica tecnología le permitirá a la oficina del Sheriff registrar la hora, la fecha y la ubicación exacta en la que un vehículo pasa frente a una de las cámaras, lo que les facilitará identificar patrones y rutas de conductores sin importar si están vinculados o no con algún delito.

Documentos del condado detallan que la cercanía de Discovery Bay con el corredor formado por la Ruta Estatal 4 facilita que los sospechosos huyan de la ciudad en cuestión de minutos después de cometer un delito. Agregan que la instalación de este sistema “cubrirá al 100% todas las entradas y salidas de la zona de Discovery Bay y será una herramienta sumamente valiosa para las agencias del orden”.

En los últimos años esta carretera, que conecta a varias ciudades del este del Área de la Bahía, ha sido escenario de decenas de tiroteos vinculados a las actividades de las pandillas de la región. La balacera más reciente se registró este fin de semana y cobró la vida de una mujer de 25 años.

Una herramienta para ICE

Desde hace algunos años el condado de Contra Costa cuenta con tecnología lectora de placas, pero hasta ahora la instalación de las cámaras se había limitado a las patrullas de los alguaciles y a ciertos corredores carreteros con alto índice de balaceras.

Momentos antes de la votación, la supervisora Candace Andersen señaló que ella misma había confirmado con la oficina del Sheriff que los datos generados por estos equipos no se compartían a con ICE. Sin embargo, el alcance de la plataforma que ofrece Vigilant Solutions y las estrategias de los oficiales del Servicio de Inmigración y Aduanas continúan generando dudas entre las organizaciones defensoras de los derechos de los inmigrantes.

Mientras ACLU denuncia que más de 80 agencias del orden locales han aceptado compartir información de las placas vehiculares de millones de residentes a través de la plataforma a la que ICE tiene acceso gracias a un contrato de más de $6.1 millones con Vigilant Solutions, otras organizaciones como Electronic Frontier Foundation han documentado instancias en las que un solo departamento ha puesto estos datos a disposición de hasta 800 agencias del orden que no cuentan con los servicios de la compañía.

Los documentos a los que tuvo acceso la Asociación Americana de Libertades Civiles revelan que ICE ha tenido acceso a más de 5,000 millones de datos que les ayudan a localizar a individuos en las ciudades más grandes del país, y que son recolectados lo mismo por agencias del orden que por negocios privados como compañías de seguros y lotes de estacionamiento. Además, esta tecnología les permite a los agentes federales consultar más de 1,500 millones de registros en las bases de datos de los departamentos de Policía locales.

Agencias del orden bajo lupa

Cuando medios nacionales publicaron en enero de 2018 que una compañía de Silicon Valley ayudaba a la agencia a ICE a rastrear las placas vehiculares de millones de automóviles en todo Estados Unidos, las alertas se encendieron entre las organizaciones defensoras de inmigrantes en el Área de la Bahía.

El escrutinio comenzó con Alameda cuando se supo que el Concejo local evaluaba la posibilidad de instalar lectores de placas en los puentes de entrada y salida a la ciudad. El argumento era el de “blindar” a la ciudad de los criminales que llegaban de ciudades vecinas como Oakland. Pero cuando salió a la luz que el proveedor de estas videocámaras sería Vigilant Solutions, los líderes locales decidieron echar sus planes por la borda.

El efecto dominó siguió en otras ciudades de la región. En San Pablo, por ejemplo, el Concejo rechazó un plan para expandir su programa de lectores de placas y emplear a dicha compañía como proveedora. En la vecina ciudad de Richmond, los líderes locales hicieron algo similar, pero con mayor alcance: en mayo del año pasado votaron a favor de una resolución para evitar que la ciudad realizara negocios con cualquier empresa vinculada a compañías que compartieran información con la agencia ICE, además de que decidieron no renovar un contrato ya existente entre la ciudad y Vigilant Solutions.

Incluso el servicio de trenes en el Área de la Bahía estuvo en el ojo del huracán debido a la tecnología ALPR. En septiembre de 2018 el BART reconoció que por error envió a una base de datos a la que tiene acceso el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) más de 57,000 fotos de placas de autos que pasaron frente a una estación de trenes en Oakland, California.