La Corte Suprema de Estados Unidos emitió este lunes 5 de octubre de 2026 una nueva orden relacionada con el caso Mullin v. National TPS Alliance, sobre la terminación del Estatus de Protección Temporal (TPS) para venezolanos.
La Corte Suprema deja en suspenso el rumbo del TPS para venezolanos: ¿qué significa la decisión del 5 de octubre?
La nueva orden del máximo tribunal estadounidense cambia el escenario judicial para los beneficiarios de este programa migratorio, mientras miles de venezolanos enfrentan las consecuencias.
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La máxima Corte del país concedió la petición y anuló la sentencia anterior que había permitido mantener temporalmente las protecciones para los beneficiarios y devolvió el caso al tribunal inferior para que vuelva a ser considerado a la luz del nuevo precedente establecido en Mullin v. Doe, 609 U.S. 324 (2026).
La propia página oficial de la Suprema Corte registra la decisión de este lunes con la siguiente indicación: “Petición concedida. Sentencia anulada y caso remitido para su posterior consideración a la luz de Mullin v. Doe, 609 U.S. 324 (2026).”
Esto significa que el caso continúa, pero ahora bajo un marco jurídico diferente al que existía cuando el tribunal inferior emitió la sentencia que había favorecido temporalmente a los venezolanos.
La Corte Suprema cambia el escenario para los venezolanos
Al anular la sentencia anterior, la Suprema Corte deja sin efecto la decisión judicial que había permitido mantener las protecciones del TPS mientras avanzaba la disputa.
El caso regresa ahora al tribunal inferior, que deberá revisarlo tomando en cuenta el nuevo criterio establecido por la Suprema Corte en Mullin v. Doe. Ese precedente limita la capacidad de los tribunales federales para intervenir frente a determinadas decisiones del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) relacionadas con la terminación o modificación del TPS.
Por esta razón, la decisión del 5 de octubre no representa una nueva extensión del TPS. Tampoco establece literalmente que todas las tarjetas de autorización de empleo hayan sido canceladas ese mismo día. Lo que hace la Corte es dejar sin efecto la sentencia anterior que había servido como respaldo judicial para mantener temporalmente las protecciones.
Miles de venezolanos quedaron sin protección el 2 de octubre
La decisión de este lunes llega apenas tres días después de que terminaran, el 2 de octubre, las protecciones del último grupo de aproximadamente 5,000 venezolanos que todavía contaba con TPS debido a las órdenes judiciales emitidas durante la disputa.
Para las personas de ese grupo cuyo TPS efectivamente terminó en esa fecha y cuya autorización de empleo dependía exclusivamente de ese beneficio, también puede haber terminado la autorización para trabajar y la protección frente a la remoción.
Sin embargo, la fecha impresa en una tarjeta de autorización de empleo no debe analizarse por sí sola. La validez del permiso depende de la base legal bajo la cual fue otorgado y de cualquier extensión, protección u orden judicial que pueda ser aplicable al caso de cada persona.
Así comenzó la disputa por el TPS de los venezolanos
En enero de 2025, el gobierno anterior había extendido el TPS para venezolanos hasta el 2 de octubre de 2026. Después de asumir la nueva administración en el segundo mandato del presidente Donald Trump, el DHS anuló esa decisión y ordenó avanzar con la terminación del beneficio.
El Noveno Circuito intervino posteriormente y frenó temporalmente la terminación, permitiendo que determinados venezolanos conservaran sus protecciones mientras avanzaba la disputa judicial.
El escenario cambió con la decisión de la Suprema Corte en Mullin v. Doe. El nuevo precedente modificó el marco jurídico aplicable al litigio y limitó la posibilidad de que los tribunales federales revisen determinadas decisiones del DHS relacionadas con el TPS.
Ahora, con la sentencia anterior anulada y el caso nuevamente en el tribunal inferior, la disputa entra en una nueva etapa. La protección judicial que había permitido mantener temporalmente el beneficio ya no está respaldada por la sentencia que la Suprema Corte acaba de dejar sin efecto.
El caso continúa, pero deberá ser analizado bajo el nuevo criterio establecido por la Suprema Corte. Mientras tanto, para los venezolanos afectados, la vigencia de su TPS y de cualquier autorización de empleo basada exclusivamente en ese beneficio dependerá de la situación legal de cada persona.
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