WASHINGTON, D.C.- La administración del presidente Donald Trump busca avanzar en la deportación de Kilmar Ábrego García, el migrante salvadoreño cuyo caso ha generado controversia tras haber sido expulsado previamente de Estados Unidos por lo que autoridades reconocieron como un error administrativo.
Caso Kilmar Ábrego: Inmigrante deportado por error podría ser enviado a Liberia por orden de Trump
La administración Trump intenta avanzar en la deportación de Kilmar Ábrego García a un tercer país, pese a disputas legales por su expulsión previa considerada un error.
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Ábrego García fue deportado en marzo de 2025 pese a que existía una orden judicial que impedía su traslado a El Salvador por posibles riesgos a su seguridad. Tras ese proceso, terminó detenido en el sistema penitenciario salvadoreño, lo que desató cuestionamientos sobre el manejo de su caso.
Posteriormente, el inmigrante fue devuelto a Estados Unidos, donde ahora enfrenta cargos federales relacionados con el transporte ilegal de personas. Sin embargo, el gobierno ha indicado que buscará su remoción del país una vez que se resuelva su situación judicial.
De acuerdo con documentos judiciales y reportes oficiales, la administración Trump pretende deportarlo a Liberia, en África, como parte de una estrategia que contempla el envío de migrantes a terceros países cuando no pueden ser retornados a su nación de origen.
El plan ya incluiría acuerdos diplomáticos preliminares con el gobierno liberiano, así como la logística necesaria para ejecutar el traslado.
No obstante, la medida aún depende de la autorización de un juez, ya que existen recursos legales en curso que buscan frenar su deportación.
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Defensa cuestiona legalidad del proceso
Los abogados de Ábrego García argumentan que su cliente ha sido víctima de un manejo erróneo desde el inicio del caso y advierten que enviarlo a un tercer país podría ponerlo en riesgo.
Además, sostienen que el intento de deportación ocurre en medio de un proceso penal activo en Estados Unidos, lo que podría complicar aún más su situación legal.
Por su parte, el gobierno federal ha defendido la medida al asegurar que la deportación se realiza conforme a la ley y en el interés público, además de afirmar que el país receptor ofrecería garantías de seguridad.
El caso continúa en los tribunales y será un juez quien determine si procede o no la nueva deportación.
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