Acusan a seis personas de presentar reclamos falsos relacionados con el incendio Camp

SACRAMENTO, California. — Seis residentes del norte de California son acusados de falsificar reclamos de pérdidas de residencias y pertenencias que supuestamente se quemaron en el incendio Camp en el 2018.

Una investigación del Fiscal General de Estados Unidos descubrió que los seis sospechosos no vivían en las casas que ellos reportaron a la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA), lo que llevó a que recibieran un total de más de 52 mil dólares en reembolsos, de acuerdo con el Departamento de Justicia.

Los reclamos se hicieron después del incendio Camp, el cual empezó el 8 de noviembre de 2018, destruyó a casi 14,000 estructuras y causó la muerte de 85 personas, la mayoría de ellas en el pueblo de Paradise, California, donde el 95% de las estructuras fueron destruidas. El incidente fue el incendio más mortífero en la historia del estado.

Los seis acusados dijeron haber vivido en el pueblo de Paradise, ubicado en el condado Butte, y reportaron pérdidas asociadas con el incendio. Investigadores descubrieron que ellos habían recibido el dinero de FEMA aunque sus residencias principales eran en otros lugares.

“Estos individuos abusaron de la benevolencia de los que pagan impuestos y reclamaron pérdidas que no habían ocurrido”, dijo McGregor W. Scott, el fiscal de la Corte del Distrito del Este en California.

Dos de los acusados tienen sus registros de la corte sellados. Los otros cuatro acusados nombrados son:

Kristy Marie Tapp, de 34 años
Recibió $3,263.91 en beneficios. Ella presuntamente falsificó que dos víctimas mortales del incendio eran los dueños de la residencia que rentaba.

Deborah Laughlin, de 64 años
Recibió $9,674.70 de beneficios y un tráiler temporal de FEMA. Ella fue arrestada en Willows el 3 de noviembre de 2018 y estuvo encarcelada durante los primeros días del incendio Camp.

Patrick Prigmore, de 54 años
Recibió $12,837.71 en beneficios y un tráiler temporario de FEMA.

Evan Palmer, de 30 años
Recibió $26,490.67 por la pérdida de un tráiler en la que supuestamente vivía. Su residencia principal era en la ciudad de Chico.

Cada uno de los acusados enfrenta un cargo de fraude relacionado con un desastre o emergencia. De ser condenados, cada uno de los acusados enfrenta hasta 30 años en prisión y multas de hasta 250 mil dólares, de acuerdo con el Fiscal General.