Trump destituye a cinco miembros demócratas de la Junta Fiscal de Puerto Rico

La Junta Fiscal fue acusada por la Casa Blanca de operar con secretismo y gastar en exceso en consultoras y abogados. La reestructuración de la deuda eléctrica sigue sin resolverse y enfrenta presión de acreedores que exigen pago total.

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SAN JUAN, Puerto Rico.- La administración del presidente Donald Trump destituyó a cinco de los siete integrantes de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) que controla las finanzas de Puerto Rico, todos ellos afiliados al Partido Demócrata.

Entre los removidos se encuentra el presidente de la Junta, Arthur González, junto a Cameron McKenzie, Betty Rosa, Juan Sabater y Luis Ubiñas. Permanecen en sus puestos los republicanos Andrew G. Biggs y John E. Nixon. Según una portavoz de la Junta, Sylvette Santiago, los miembros actuales están en contacto con la Casa Blanca.

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La destitución, revelada inicialmente por el medio conservador Breitbart News y luego confirmada por la agencia AP, fue justificada por un funcionario de la Casa Blanca que prefirió mantener el anonimato. “La Junta ha sido administrada de forma ineficiente y poco transparente durante demasiado tiempo”, declaró. Además, acusó al organismo de “ despilfarrar recursos” en bufetes de abogados, consultoras y empresas de cabildeo, y denunció que el personal recibía “salarios exorbitantes”.

La JSF fue creada en 2016 durante la presidencia de Barack Obama, tras la declaración del gobierno puertorriqueño de que no podía pagar su deuda pública de más de 70 mil millones de dólares. Desde entonces, la Junta ha liderado un proceso de reestructuración de deuda que derivó en la mayor bancarrota municipal en la historia de Estados Unidos.

Preocupación por el manejo de la deuda pública de Puerto Rico

Puerto Rico enfrenta un punto crítico en sus negociaciones para reestructurar los más de 9 mil millones de dólares que adeuda la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), su última deuda pública pendiente. La postura de la JSF ha sido rechazada por los acreedores, quienes exigen el pago total.

En febrero pasado, el director ejecutivo de la Junta, Robert Mujica Jr., consideró “imposible” cumplir con los $8,500 millones solicitados por los tenedores de bonos, y propuso un pago reducido de $2,600 millones, sin aumentos en las tarifas eléctricas.

La decisión de Trump de remover a la mayoría demócrata en la JSF ha generado dudas sobre la legalidad del procedimiento. Alvin Velázquez, profesor de derecho de bancarrota en la Universidad de Indiana y exmiembro del comité de acreedores no asegurados, cuestionó si los despidos cumplen con la normativa que exige “causa justificada” para la remoción de miembros. “¿Cuál es la causa?”, preguntó. “Esto es otro ejemplo de la administración Trump desafiando los límites legales para probar en los tribunales”.

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Velázquez también alertó que esta acción podría generar una nueva crisis fiscal en Puerto Rico, especialmente si los cambios en la Junta derivan en una postura más complaciente con los acreedores y menos protectora con los intereses de los consumidores de la isla, quienes ya enfrentan uno de los costos energéticos más altos en cualquier jurisdicción estadounidense.

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