Juicios

Nuevo juicio a tres convictos por el asesinato de la reina de belleza Glorimar Pérez

El juez ordenó además la excarcelación del trío sujeto al pago de fianza mínima y ordenó la celebración de un nuevo juicio.
22 Jun 2016 – 6:32 PM EDT

GUAYNABO, Puerto Rico.- Tras pasar más de dos décadas en prisión por el asesinato de la reina de belleza Glorimar Pérez Santiago en 1988 en Aguada, Nelson Ortiz Álvarez, José Caro Pérez y Nelson Ruiz Colón tendrán un nuevo juicio.

Esto luego que el juez José Emilio González Veléz, del Tribunal de Aguadilla, dejara sin efecto este miércoles el veredicto de culpabilidad que pesaba contra el trío, conocido como “los inocentes de Aguada”.

El magistrado ordenó además la excarcelación del trío, sujeto al pago de fianza. A Colón Alvarez se le fijó $5,000 de fianza, a Caro Pérez $7,000 y a Ruiz Colón se le impuso $5,000.

Luego que paguen la fianza, un oficial de la Oficina de Servicios con Antelación al Juicio coordinará la supervisión electrónica del grillete. También se les impuso restricción domiciliaria hasta la fecha del juicio, se les impide acercarse o tener contacto con los testigos, no pueden abandonar la jurisdicción de Puerto Rico, y deben presentarse al juicio, que continuaría sin su presencia.

Histórico caso

La tarde del 30 de julio de 1988, Glorimar Pérez Santiago se dirigía a jugar tenis a la base Ramey de Aguadilla. Su cuerpo fue recuperado sin vida en la playa Jobos, de Isabela en un área despoblada y boscosa, cerca de un complejo vacacional. Presentaba tres impactos de bala y estaba semidesnudo, por lo que se dedujo, fue objeto de violencia sexual.

Este es uno de los primeros casos en Puerto Rico que se ventila al amparo de la Ley de Análisis de ADN Post Sentencia, firmada por el gobernador Alejandro García Padilla en diciembre de 2015 que tiene como propósito identificar casos de personas que se encuentran injustamente condenadas y darles la oportunidad de demostrar su inocencia mediante pruebas de ADN.

Ortiz Alvarez, Caro Pérez y Ruiz Colón, presentaron una moción para nuevo juicio, basado en nueva evidencia encontrada y no disponible al momento de ser juzgados. Los resultados de unos análisis de ADN realizados a prueba presentada en el primer juicio no detectaron material genético de los tres convictos.

Los convictos son representados por los abogados Julio Fontanet y Vanessa Mullet, del Proyecto Inocencia, José Silva Riollano, Osvaldo Carlo y Javier Santiago.

En las cortes de Puerto Rico es sumamente difícil que se permita un nuevo juicio. Sin embargo, estos convictos que cumplían sentencias de cadena perpetua pudieron levantar nueva evidencia que se puso a la disposición del Ministerio Público y se presentó en la vista evidencia ante el juez del Tribunal de Aguadilla. La fiscalía se opuso al nuevo juicio y opinó que la evidencia no es necesariamente exculpatoria.

El Departamento de Justicia (DJ) ha afirmado que el haber encontrado ADN que no pertenece a los imputados en la escena del crimen no exculpa necesariamente a los ya convictos.

La evidencia, según el juez - un exsenador del Partido Nuevo Progresista- mina la credibilidad del principal testigo de cargo, Luis Martínez.

El Tribunal también consideró la retractación del propio Martínez años después del juicio. Basado en esa retractación, durante más de una década los convictos han estado solicitando un nuevo juicio, y afirmando que son inocentes.

Para el juez, el resultado de las pruebas de ADN, “aumenta el valor probatorio de su retractación”, y “hace más probable la inocencia de los acusados”.

Las pruebas de ADN indican, por ejemplo, que no hubo penetración anal de la víctima, como había acusado inicialmente el testigo durante el juicio. La presencia de los testigos en la escena de muerte tampoco fue confirmada en las pruebas de ADN que se practicó a evidencia recopilada en el caso, consistente en un papel sanitario, un pantaloncillo, y vellos públicos de la víctima.

Esa evidencia se utilizó, según González Vélez para que el jurado “infiriera” la presencia del trío, pero ahora “queda descartada por la nueva prueba”. Esa prueba, advirtió el letrado, “es completamente incompatible” con el testimonio inicial del testigo de cargo.

Ante la determinación de celebrarse un nuevo juicio, el Ministerio Público tendría que volver a presentar la prueba que desfiló en corte durante la celebración del juicio original.

El trío fue encontrado culpable el 17 de febrero de 1995.

Justicia se allana a la orden del tribunal

El Secretario de Justicia, César Miranda, indicó que ordena al Ministerio Público a que se allane a la orden de excarcelación y la concesión de un nuevo juicio.

“Desde que este caso se trajo a nuestra atención, la actitud ha sido de apertura y de responsabilidad con el manejo de los planteamientos presentados. Incluso, ausente una determinación de un tribunal que le requiriera al DJ ia la realización de nuevas pruebas de ADN a la evidencia custodiada por el Instituto de Ciencias Forenses (ICF), ordenamos que se realizaran dichos análisis. En aras de atender los reclamos de ambas partes, recibimos a los familiares de los convictos y consideramos sus planteamientos. De igual modo, conversamos con la madre y otros familiares de Glorimar, quienes han vivido con dolor todos y cada uno de los muchos procesos que se han llevado luego de la sentencia de culpabilidad en el caso de su hija asesinada. Con ello, el DJ lo que ha buscado en este complejo caso es reestablecer un justo balance entre los derechos de los imputados y los derechos de las víctimas de crimen y sus familiares", expresó Miranda en declaraciones escritas, a pesar de estar en contra de la determinación.

Familia no quiere reabrir el caso

A principio de mes, la familia de la asesinada reina de belleza emitió un comunicado público en el cual renegaban de la opción de reabrir el caso.

“Según se demostró en juicio, los convictos del asesinato de nuestra hija y hermana la desnudaron, violaron y asesinaron, en un suceso ya esclarecido en un proceso justo. Ahora buscan que otros los excusen y que se perpetúe el abuso de la verdad pura y del erario público”, señala el escrito.

Cuando se solicitó una nueva vista evidenciaría, la familia consideró que “es un asalto no sólo a la familia, si no a Puerto Rico y a cada mujer. La atmósfera de carnaval fue creada por la maquinaria sofisticada de los convictos, quienes han invertido en promover los titulares a su favor”.

Igualmente catalogaron que con este acto, “estamos dejando un legado peligroso a las próximas generaciones de este país. ¡No permitamos que el dinero sea el que hable! Que no se comprometa ni un centavo del erario público en los intereses personales de los convictos y sus cómplices”.

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