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Yudelkis Hernández hace una venta en San Juan, Puerto Rico. Los puertorriqueños sobrellevan la recesión económica en la que está sumida la isla desde el 2006.

La todopoderosa junta que controlará las finanzas de Puerto Rico (y mucho más)

La todopoderosa junta que controlará las finanzas de Puerto Rico (y mucho más)

Expertos en derecho y economía desmenuzan la ley, firmada la semana pasada por el presidente Barack Obama, que buscará que la isla logre responsabilidad fiscal y acceso a los mercados.

Yudelkis Hernández hace una venta en San Juan, Puerto Rico. Los puertorr...
Yudelkis Hernández hace una venta en San Juan, Puerto Rico. Los puertorriqueños sobrellevan la recesión económica en la que está sumida la isla desde el 2006.

El Congreso cerró la semana pasada un debate de meses sobre qué hacer desde Washington para afrontar la crisis económica de Puerto Rico, un territorio estadounidense ahogado en su deuda pública. Demócratas y republicanos dieron luz verde a que una junta de siete miembros supervise las finanzas de la isla, y el presidente Barack Obama, si bien reconoció que la ley es imperfecta, estampó su firma rápidamente.

A unas 1,500 millas de distancia de Washington, el trabajo recién comienza. En la isla, los puertorriqueños están en un ‘punto cero’ e intentan dilucidar qué viene hacia adelante.

“Nos parecemos otra vez a lo que comenzó a suceder en Puerto Rico hace más de 100 años, cuando después de la Guerra Hispanoamericana (de 1898, en la que la isla pasó a manos estadounidenses) éramos regidos por el Congreso”, consideró a Univision Noticias Carlos Ramos González, abogado experto en Derecho Constitucional de la Universidad Interamericana de Puerto Rico.

“El estado libre asociado como modelo político y económico desapareció (…) Se trata de una imposición crudamente colonial que no habíamos visto al nivel que la vamos a empezar a ver en los próximos días y horas”.

El presidente estadounidense, Barack Obama, firma la ley conocida como P...
El presidente estadounidense, Barack Obama, firma la ley conocida como PROMESA que creó una junta de supervisión fiscal para Puerto Rico.

Ahora, el presidente Obama debe designar para mediados de septiembre los miembros de esta junta de supervisión fiscal, aprobada el jueves pasado dentro de la ley conocida como PROMESA por su sigla en inglés. Cuatro integrantes serán nombrados por el mandatario de una lista elaborada por la mayoría republicana en la Cámara de Representantes y en el Senado, otros dos por la minoría demócrata en ambas cámaras y otro a su discreción.

El grupo trabajará a puerta cerrada por un período mínimo de cuatro años para que Puerto Rico logre dos objetivos: responsabilidad fiscal y acceso a los mercados de deuda.

“La junta estará hasta que haya cuatro presupuestos equilibrados consecutivos y hasta que Puerto Rico pueda volver al mercado de valores con intereses razonables”, explicó el abogado y analista económico John Mudd.

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“Intereses razonables son 5 o 6%, y eso no va a ser fácil, porque el problema de Puerto Rico es que no crece (…) si no crece no hay manera de que esto mejore”.

¿Qué encontrarán? “Un paciente entubado”

Al aterrizar, los integrantes de la junta se toparán con una isla con puros números rojos y de la cual han salido cientos de puertorriqueños en los últimos años.

Puerto Rico está sumido en una recesión económica desde el 2006, tiene una deuda de unos 68,000 millones de dólares (con un Producto Interno Bruto de unos 102,000 millones) y encara un déficit de 50,439 millones de dólares y lleva a cuestas un sistema de pensiones quebrado, según datos del más reciente reporte financiero del Gobierno. Todo esto cuando en caja tiene apenas unos 200 millones de dólares para operar, lo suficiente para unos 60 días.

Hemos estado “funcionando bajo un orden insostenible, que te permite mantener el paciente vivo. Pero el paciente no se va a levantar de la cama. Permitimos que respire, que coma, pero el paciente está entubado”, dijo el secretario de Hacienda, Juan Zaragoza, al diario El Nuevo Día.

A contrarreloj, la junta deberá delinear su reglamento y evaluar un plan fiscal presentado por el gobernador de Puerto Rico, Alejandro García Padilla, quien avaló la ley esgrimiendo que tuvo que decidir entre “darle servicios a la gente y defender los empleos o pagarle a Wall Street”.

El gobernador de Puerto Rico, Alejandro García Padilla, durante una conf...
El gobernador de Puerto Rico, Alejandro García Padilla, durante una conferencia de prensa en La Habana, Cuba, el 4 de junio del 2016.

Al no ser un estado con todas sus letras, la isla no podía acogerse al Capítulo 9 de la Ley de Quiebra como sí pueden hacer municipalidades como Detroit. El Gobierno puertorriqueño abogó en Washington para poder hacerlo, pero según legisladores, como el senador republicano por Florida Marco Rubio, los líderes puertorriqueños llegaron hasta allá sin ofrecer nada a cambio.

“Entiendo que la supervisión fiscal federal es algo difícil de aceptar para algunos en la isla; y es una opción que no tomo con ligereza, dada mi convicción de que el gobierno funciona mejor cuando está más cerca de la gente, no dictado desde Washington. Pero, en el caso de Puerto Rico, se ha hecho una condición necesaria para asegurar que las decisiones difíciles se tomen ahora para evitar una crisis aún más grande”, escribió el congresista en una columna para Univision Noticias.

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Tras analizar el plan fiscal, la junta verá cómo procede, especialmente con la abultada deuda, pues la ley le dio facultades para reestructurarla si cinco de sus siete miembros (dos terceras partes) así lo decide. Esto es clave pues lo idóneo es que decida al respecto antes de que venza un plazo estipulado en la ley que blinda a Puerto Rico de ciertas demandas de sus acreedores.

Por primera vez en su historia, la isla incumplió el pasado viernes con el pago de la deuda conocida como bonos de obligación general (GO’s en inglés), que están amparados por la Constitución local y cuyo pago es prioritario para el Gobierno puertorriqueño, incluso por encima de los servicios públicos.

En la ley “hay un stay donde se detienen todas las litigaciones que hayan sido radicadas en o después del 18 de diciembre del año pasado hasta el 15 de febrero del año que viene, extendible por 75 días más, pero solo aquellas que son por cobro de dinero”, explicó el licenciado Mudd.

“Un polizón”

Sin embargo, la junta supervisora puede decretar que se salde alguna deuda si entiende que Puerto Rico está en condiciones de pagarla.

“La junta certifica quiénes (qué agencias gubernamentales) pueden irse a la quiebra, y esa certificación –que tiene que pasar por un proceso de evaluación– es inapelable. Si la junta dice ‘no te puedes ir a la quiebra’, Puerto Rico nada puede hacer”, agregó a Univision Noticias.

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Asimismo, si un acreedor considera que sufrió un daño irreparable por el impago de la deuda puede pedir una excepción a un tribunal federal y éste puede decidir dejar sin efecto la moratoria.

Un negocio vacío en el sector de Santurce, en San Juan. La isla está sum...
Un negocio vacío en el sector de Santurce, en San Juan. La isla está sumida en una recesión económica desde el 2006.

La injerencia del grupo se extiende incluso a la rama legislativa local. Cada proyecto de ley deberá ir acompañado de un análisis sobre su potencial impacto financiero. “La junta es la que finalmente va a decidir si está conforme a las prioridades del plan (de estabilización fiscal). Y si el gobernador firma la ley a pesar de que la junta dice que no está conforme, la junta tiene el poder de evitar que se ponga en vigor la ley”, explicó el abogado Ramos González.

“Estás legislando con un polizón al lado”, acotó. “Para todos los efectos, aunque es una junta de control financiero, todo el Gobierno de Puerto Rico funciona con dinero, entonces está metida en todas partes”.

Trasfondo electoral sensible

La expectativa se centra ahora principalmente en quiénes conformarán la junta de supervisión.

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La consultora de riesgo político Height Securities consideró en un informe que en el grupo primarán los perfiles tecnócratas. “La junta posiblemente estará más enfocada en la buena gobernanza que en una ideología fuerte”, precisó el reporte firmado por el analista Daniel Hanson, quien estimó que pasarán unos seis meses antes de que sus miembros puedan estar trabajando a toda marcha.

Por su parte, el representante demócrata por Illinois Luis Gutiérrez –quien se opuso férreamente a la ley– vislumbró en una entrevista con El Nuevo Día que el mandatario y los demócratas optarán por nombres puertorriqueños.

Sin embargo, en la isla hay resquemor respecto a cómo finalmente quede compuesta la junta, y si opta por medidas de austeridad que puedan dificultar el crecimiento económico, como por ejemplo un recorte del salario mínimo a la hora de contratar a menores de 25 años como permite la ley.

“Hay una preocupación debido a que el control de las recomendaciones lo tiene básicamente el liderato republicano en el Congreso. Hay decisiones que tomará la junta que por más que uno pueda pensar que son decisiones de caracter técnico y financiero, la realidad es que hay un componente de política pública en lo que se vaya a hacer”, enfatizó el abogado constitucionalista William Vázquez Irizarry de la Universidad de Puerto Rico.

La crisis de Puerto Rico en 90 segundos Univision


“Los bonistas han sido unos grandes ganadores del proceso de PROMESA. Los pueden forzar a reestructurar (la deuda), pero lograron la imposición de la junta que puede controlar el presupuesto y leyes de Puerto Rico. Lograron que la composición de esa junta responda a los políticos donde ellos tienen puertas abiertas”, agregó.

Todo esto ocurre cuando Puerto Rico, al igual que Estados Unidos, se alista para acudir a las urnas el 2 de noviembre. Cómo actúe el grupo y los pronunciamientos que haga probablemente incidirán en los comicios locales, resaltó Vázquez.

Aunque consideró improbable que los principales candidatos a la gobernación de la isla, Ricardo Rosselló, del Partido Nuevo Progresista, y David Bernier, del gobernante Partido Popular Democrático, desafíen a la junta.

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Panorama sombrío

Hacia adelante, los expertos coincidieron en que lo principal es que Puerto Rico busque cómo recuperar el crecimiento económico.

La ley PROMESA exige la conformación de un grupo –elegido por el Congreso– que deberá entregar antes de que finalice el 2016 un informe sugiriendo cambios a aquellas leyes y programas que, según ellos, afecten el desarrollo de la isla. También pide la designación de un coordinador que detecte proyectos de infraestructura que alienten el crecimiento económico.

La zona turística del Viejo San Juan.
La zona turística del Viejo San Juan.


Sin embargo, analistas ven nubarrones en el camino.

“No hay garantías de que se pueda lograr un equilibrio presupuestario y, que de ser alcanzado, ese equilibrio se afirme sobre ingresos sostenidos o reducciones de gastos, o que las medidas de ingresos y gastos decretadas para equilibrarlo sean sostenibles en el largo plazo”, consideró la firma contable KPMG, encargada de auditar los más recientes estados financieros de la isla.

“No hay garantías de que la junta de supervisión fiscal designada por PROMESA logre un equilibrio presupuestario y fiscal a través de la reestructuración de la deuda”, acotó.

El congresista Gutiérrez afirmó, además, que se deben buscar maneras que transparentar el proceso "para que el pueblo pueda involucrarse aunque la junta está planteada para reunirse en secreto". "Aunque se reúnan en secreto, ¿crees que los fondos buitres no van a tener comunicación? Debe ser transparente, debemos saber quién está hablando con quién”.

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