Gobierno

Carmen Yulín: "¿Dónde está el crimen en recoger la basura?"

La alcaldesa de San Juan se defendió de quienes la señalan por usar fondos públicos para atender necesidades del campamento contra la junta de control fiscal en Hato Rey.
8 Sep 2016 – 3:32 PM EDT

SAN JUAN, Puerto Rico. - La alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz Soto, se defendió este jueves de las críticas por usar fondos públicos para el campamento que se ha levantado contra la junta de control fiscal federal frente al tribunal de Estados Unidos en la isla, ubicado en Hato Rey.

Cruz Soto, en una conferencia de prensa en la que no permitió preguntas y que ofreció luego de una andanada de críticas de la oposición, informó que en el lugar el municipio solo recoge la basura, se limpian dos letrinas y se entrega hielo, que se elabora en máquinas que hay en el municipio de San Juan.

“Eso es todo, ¿dónde está el crimen en recoger la basura, dónde está la ilegalidad en limpiar letrinas, qué hay de malo en llevar hielo hecho en el municipio?”, cuestionó la primera ejecutiva municipal, quien recordó además que en el campamento “no ha ocurrido ni un solo incidente, pero es recordatorio de la violencia por una ley injusta, colonialista y abusadora”.

Cruz Soto recordó que el municipio ha ofrecido a distintas actividades guaguas de sonido, tarimas, carpas, hielo, baños portátiles, personal de manejo de emergencia, grupos musicales, recogido de basura y ayuda con el tránsito en diversas actividades.

Entre ellas, mencionó una de Clamor a Dios, en la que, este pasado lunes, “le ofrecimos servicios básicos. ¿Dónde está el interés público aquí? Está en el derecho que tiene todo sanjuanero a que se respete su expresión y a recibir servicios básicos”.

También consignó, rodeada de miembros de la Legislatura Municipal, encabezada por su presidente Marco A. Rigau, otros eventos del movimiento LGBT y una asamblea de la Concertación contra la junta de control fiscal federal.
Sobre el apoyo del municipio a expresiones en contra de la Ley Promesa, comentó que “durante este año el municipio de San Juan llevó un pleito en contra del Banco Gubernamental de Fomento (BGF) para reclamarle que cumpliera con la ley y le desembolsara al Municipio el sobrante del CAE (la Contribución Adicional Especial, o dicho de una manera más sencilla, el dinero que sobra luego de que el municipio haya prepagado los préstamos municipales)”.

Al respecto, afirmó que “en un acto discriminatorio el BGF ha estado otorgándole ese dinero a algunos municipios sí y a otros no. En el caso de San Juan, estamos hablando de 17.1 millones de la gente de San Juan. Con este dinero se recoge la basura y se dan servicios de seguridad y salud a los sanjuaneros”.

Agregó que “este caso se vio en la sala 907 de la jueza Aileen Navas Auger. El pasado 13 de julio, la honorable jueza a petición del Estado Libre Asociado y del BGF emitió una sentencia de paralización y en la misma expone y cito “luego de un análisis de la legislación federal, recién aprobada resolvemos decretar la paralización de los procedimientos…en virtud de la Sección 405(b) de Promesa sobre paralización automática…”.
La jueza continúa diciendo que “ante el alegado incumplimiento del BGF con dichos contratos –o sea al BGF no pagar a los bonistas- los municipios son acreedores para propósitos de la Ley”.

La alcaldesa adelantó que “la decisión va a ser apelada por el municipio de San Juan pero ya aún antes de comenzar la junta de control fiscal a operar, el municipio de San Juan ve el dinero de la gente de San Juan secuestrada con el propósito de pagar deudas del gobierno central”.

Asimismo, advirtió que la junta de control fiscal federal gastará dos millones de dólares mensuales, “dinero que le estamos quitando a niños y niñas en las escuelas, que no podemos invertir en patrullas… Por una deuda que no podemos pagar vamos a sacrificar el futuro del país”.

Insistió en que “durante este cuatrienio he apoyado causas que tienen impacto directo en San Juan. La política pública, para que tenga justicia social, tiene que venir acompañada de la acción. Y yo respeto los principios fundamentales de la democracia, como la diversidad de opiniones y el acceso a servicios”.
Para respaldar su postura, también trajo a la luz las resoluciones 13, 61, 69 y 81, que dan cuenta del rechazo del municipio a la Ley Promesa, a la encarcelación del preso político Oscar López, a la asperjación con el químico Naled y al IVA (Impuesto al Valor Agregado).

“El BGF, como no está pagando lo que debe, los municipios son acreedores de la ley, de una deuda de la que no fueron parte, y niega recursos necesarios para adelantar recursos necesarios que necesita el municipio de San Juan.

Sobre el tema, recordó los 17.1 millones que tiene retenido el BGF al municipio de San Juan.
Reiteró que “el BGF ha usado a Promesa para usar el dinero de la gente de San Juan para pagar las deudas del gobierno central. Promesa hace un daño irreparable al municipio de San Juan. Los ciudadanos podrían verse privados de servicios esenciales. Por supuesto que voy a combatir esta ley injusta y abusadora. Yo defiendo de frente y sin miedo. Estoy del lado de la justicia y la dignidad, de las causas justas, por encima de los bonistas”.

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