Tribunal de Pensilvania descarta el mandato de mascarillas en las escuelas

Los jueces dijeron que el mandato de la secretaria interina de Salud, Alison Beam, no cumplía con las leyes del estado sobre la revisión y aprobación de regulaciones y fue adoptado sin una emergencia de desastre existente declarada por el gobernador.

Video Republicanos demandan a la administración Wolf por mandato de mascarillas

HARRISBURG, PA- Una orden de la secretaria de salud interina de Pensilvania que requiere máscaras dentro de las escuelas K-12 y las instalaciones de cuidado infantil fue rechazada el miércoles por un tribunal estatal que dijo que ella no tenía la autoridad. La administración Wolf puso la decisión en suspenso al presentar una apelación inmediata.

El tribunal se puso del lado 4-1 del republicano de mayor rango en el Senado estatal y otros que demandaron para desafiar la orden de enmascaramiento que entró en vigencia a principios de septiembre como resultado de la pandemia de coronavirus.

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A las pocas horas de la decisión, se suspendió cuando los abogados del Departamento de Salud presentaron una apelación ante la Corte Suprema del estado.

Qué dijeron los jueces


Los jueces dijeron que el mandato de la secretaria interina de Salud, Alison Beam, no cumplía con las leyes del estado sobre la revisión y aprobación de regulaciones y fue adoptado sin una emergencia de desastre existente declarada por el gobernador.

La ley de control de enfermedades del estado no otorga a los secretarios de salud "la autoridad general para crear nuevas reglas y regulaciones de la nada, siempre que estén relacionadas de alguna manera con el control de enfermedades o puedan caracterizarse como medidas de control de enfermedades", escribió el juez. Christine Fizzano Cannon, republicana, para la mayoría.

Dijo que los jueces "no expresan en este documento ninguna opinión sobre la ciencia o la eficacia del uso de máscaras o la política subyacente a la considerable controversia que sigue generando el tema".

"La autoridad del secretario de salud está claramente definida en la ley existente", dijo la secretaria de prensa de Wolf, Beth Rementer.

Wolf anunció el lunes que devolvería la autoridad sobre las decisiones de enmascaramiento a los distritos escolares locales en enero, pero tenía la intención de continuar enmascarando en centros de cuidado infantil y programas de aprendizaje temprano.

El juez Michael Wojcik, uno de los dos demócratas en el panel de cinco jueces que consideró el caso, escribió en un único desacuerdo que la orden de Beam era "una regla interpretativa válida que rastrea la autoridad estatutaria y reguladora que se le confiere".

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Qué motivó el mandato de mascarilla inicial


La administración Wolf impuso el mandato en medio de un aumento en las infecciones y hospitalizaciones por la variante delta altamente contagiosa del coronavirus. Beam requirió que los estudiantes, el personal y los visitantes en las escuelas K-12 y las instalaciones de cuidado infantil usen máscaras mientras están en el interior, independientemente del estado de vacunación. Hay excepciones.

Los legisladores estatales republicanos impulsaron un par de enmiendas constitucionales que los votantes aprobaron en mayo, limitando la duración de las declaraciones de desastre de gobernador.

El representante estatal Jesse Topper, republicano por Bedford, quien junto con el presidente pro tempore del Senado, Jake Corman, republicano del Centro, los padres y las entidades escolares, dijo que el problema para él no eran las máscaras en sí. Dijo que la orden Beam era "un fin en torno a la enmienda constitucional aprobada por el pueblo, que limita la autoridad del poder ejecutivo durante un estado de emergencia".

Los votantes acordaron poner fin a la declaración de desastre de emergencia de un gobernador después de 21 días y dieron a los legisladores la autoridad exclusiva para extenderla o terminarla en cualquier momento con una mayoría simple de votos.

Antes de su aprobación, la constitución estatal requería una mayoría de dos tercios de los legisladores para poner fin a la declaración de desastre de un gobernador y, legalmente, el gobernador podía emitir una declaración de emergencia por hasta 90 días y extenderla sin límite.