Juez ordena al Departamento de Salud que deje de compartir datos del Medicaid con agencia de deportación

Un juez federal ordenó al Departamento de Salud que dejara de dar acceso a agencias de deportación de la a la información personal de los 79 millones de beneficiarios de Medicaid.

En julio, los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS) firmaron un nuevo acuerdo que otorgaba al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) acceso diario para consultar los datos personales, incluyendo los números de Seguro Social y la dirección particular de personas con MedicAid del país.

La orden, emitida por el juez federal Vince Chhabria en California, prohíbe temporalmente que el Departamento de Salud comparta datos personales de los afiliados en esos 20 estados, que incluyen California, Arizona, Washington y Nueva York.

“El uso de datos de los CMS para la aplicación de las leyes de inmigración amenaza con interrumpir significativamente el funcionamiento de Medicaid, un programa que el Congreso ha considerado crucial para brindar cobertura médica a los residentes más vulnerables del país”, escribió Chhabria en su decisión, emitida el martes.

Chhabria, designado por el presidente Barack Obama, afirmó que la orden permanecerá vigente hasta que el Departamento de Salud defina una “toma de decisiones razonada” para su nueva política de compartir datos con los funcionarios de deportación.

Un portavoz del HHS se negó a responder directamente si la agencia dejaría de compartir sus datos con el DHS. El HHS ha mantenido que su acuerdo con el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) es legal.

Ninguno de los acuerdos se anunció públicamente.

La extraordinaria divulgación de tales datos personales de salud a los funcionarios de deportación en el marco de la amplia ofensiva migratoria del gobierno de Trump motivó inmediatamente la demanda por cuestiones de privacidad.

Tras la filtración de la nueva política a la prensa, 20 estados presentaron una demanda para detener su implementación.

El intercambio de datos de Medicaid forma parte de un esfuerzo más amplio de la administración Trump para proporcionar al DHS más datos sobre los migrantes.

En mayo, por ejemplo, un juez federal se negó a impedir que el Servicio de Impuestos Internos (IRS) compartiera los datos fiscales de los inmigrantes con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) para ayudar a los agentes a localizar y detener a personas que viven sin estatus legal en Estados Unidos.

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Los inmigrantes indocumentados en, así como algunos inmigrantes con residencia legal, no pueden inscribirse en el programa Medicaid, que ofrece cobertura prácticamente gratuita para servicios de salud.

Sin embargo, la ley federal exige que todos los estados ofrezcan Medicaid de emergencia, una cobertura temporal que cubre únicamente los servicios vitales en salas de emergencia a cualquier persona, incluso a quienes no sean ciudadanos estadounidenses.

Medicaid es un programa financiado conjuntamente por los estados y el gobierno federal.

Los defensores de los derechos de los inmigrantes han señalado que la divulgación de datos personales podría generar alarma entre las personas que buscan atención médica de emergencia para sí mismos o para sus hijos.

Otros esfuerzos para combatir la inmigración ilegal han hecho que las escuelas, iglesias, juzgados y otros lugares cotidianos se sientan peligrosos para los inmigrantes e incluso para los ciudadanos estadounidenses que temen ser atrapados en una redada.

“Proteger la información médica privada de las personas es de vital importancia”, declaró el fiscal general del estado de Washington, Nick Brown, en un comunicado. “Y todos deberían poder buscar atención médica sin temor a lo que el gobierno federal pueda hacer con esa información”.

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