“Si la suben a un avión, mi esposa se va a morir": Familia y activistas luchan por evitar que hospital deporte a madre en coma

FILADELFIA, PA- Los defensores de los derechos de los inmigrantes están luchando para evitar que un hospital de Allentown en Pensilvania repatríe por la fuerza a una mujer gravemente enferma a su país de origen, República Dominicana, diciendo que la madre indocumentada de dos hijos podría morir.

La mujer de 46 años, identificada solo como S.C. para proteger su privacidad, experimentó complicaciones de la cirugía luego de sufrir un aneurisma cerebral a fines de diciembre. Desde entonces, ha estado en estado de coma en Lehigh Valley Health Network's Lehigh Valley Hospital-Cedar Crest, supo Noticias Univision 65.

“El hospital lo único que ha comunicado es que en estos momentos no hay otra alternativa para que S.C. pueda ser transferida a otro hospital en Allentown y Junior, ahorita lo que quiere es que no deporten a su esposa porque él tiene miedo de que si la deportan a la República Dominicana va a morir”, expresó Katia Pérez, directora de organización de la Coalición de Inmigración y Ciudadanía de Pensilvania en entrevista con Noticias Univision 65.

Lehigh Valley Health Network's Lehigh Valley Hospital-Cedar Crest y su director de comunicaciones, Brian Downs, no han contestado una solicitud de entrevista que cursó Noticias Univision 65 el 2 de marzo. Sin embargo, en un artículo de The Philadelphia Inquierer se menciona que no han realizado comentarios “debido a las leyes de privacidad y trabaja incansablemente con los pacientes y sus familias para garantizar que reciban la atención adecuada”.

Qué sucedió el 29 de diciembre de 2022

La situación en Allentown comenzó el 29 de diciembre de 2022, cuando fuertes dolores de cabeza llevaron a S.C. a otro hospital de la red de salud, de donde fue trasladada en ambulancia a Cedar Crest. Al día siguiente fue intervenida quirúrgicamente por un aneurisma que le obstruía el nervio óptico, sufriendo un derrame cerebral que la dejó en estado crítico, según relató su esposo, Junior.

“Si la suben a un avión, mi esposa se va a morir. Ni siquiera le han vuelto a poner el pedazo de cráneo que le quitaron para aliviar la inflamación que tiene en el cerebro”, dijo Junior, quien pidió usar un seudónimo para proteger su estatus migratorio en EE.UU. “Mi esposa tiene un agujero enorme en su cabeza, y del lado donde falta el trozo de cráneo, parece que algo le sale” agregó.

Los médicos la pusieron en coma inducido para promover su curación. Tres semanas más tarde, se retiró la medicación inductora del coma, pero no se despertó, como se esperaba. Desde entonces ha estado postrada en cama y requiere cuidados de alto nivel para sobrevivir.

“Durante todo este proceso, los médicos han sido excelentes en el cuidado de mi esposa”, dijo Junior. “Sin embargo, la administración del hospital se ha vuelto hostil hacia mí y mi familia”, relató a los defensores que realizaron una manifestación frente a la instalación médica el 2 de marzo.

$500 por día o traslado a República Dominicana

El 27 de febrero, el hospital le envió una carta en inglés que decía que debía pagar $500 por día por el equipo para cuidar a su esposa en su hogar, encontrar otro centro para admitirla o dar su consentimiento para que la sacaran. Le dieron 48 horas para decidir antes de que el hospital se la llevara, dijo Junior.

Junior dijo que identificó una clínica de Nueva York que accedió a admitir a su esposa, pero hasta el 2 de marzo, el personal del Hospital Lehigh Valley no se había comunicado con la opción de Nueva York para una posible transferencia.

Los defensores expresaron que le dijeron a la familia que S.C. sería transportada a la República Dominicana en un avión privado antes del 2 de marzo.

Ese día, miembros de la Coalición de Inmigración y Ciudadanía de Pensilvania, Make the Road Pennsylvania, CASA y el Proyecto de Migración Libre se manifestaron frente al hospital. El hospital le dio a la familia una semana adicional para tomar su decisión, dijeron los defensores.

Pérez dijo que la coalición de grupos de defensa de los inmigrantes le está pidiendo al hospital que continúe brindando atención hasta que S.C. pueda ser transferida a una instalación adecuada y que confirme que no la someterá a una deportación privada.

Piden la intervención del gobernador Shapiro

Andy Kang, director ejecutivo de la Coalición de Inmigración y Ciudadanía de Pensilvania, dijo que los grupos se han comunicado con la oficina del gobernador Josh Shapiro para buscar ayuda.

“Esto es inmoral y necesitamos encontrar una manera de prohibir su práctica”, dijo Kang.

Deportaciones: ¿privadas, médicas o traslados?

Este tipo de deportaciones privadas no están reguladas ni gobernadas, y la mayoría ocurre "en las sombras", concluyó un estudio conjunto del Centro para la Justicia Social de la Facultad de Derecho de la Universidad Seton Hall y el Programa de Justicia en Salud de Abogados de Nueva York para el Interés Público.

Esos grupos declararon que, al permitir la práctica, Estados Unidos estaba violando sus obligaciones de derechos humanos en virtud de una variedad de tratados.

Incluso referirse a “ deportación médica” es una terminología inapropiada, ya que el poder de deportación recae en el gobierno federal, no en los hospitales ni en las compañías aéreas.

Sin embargo, en la práctica, los hospitales llevan a cabo deportaciones sin el consentimiento de una autoridad de inmigración, explicó el abogado, especialista en temas de inmigración, William Vásquez a Noticias Univision 65.

“Esto es muy controversial porque esto es una entidad que no tiene que ver con ningún tema migratorio, ningún tema legal, sino que está viendo desde un punto de vista equitativo, o sea, ¿cómo nos salimos de esta situación?, ya que esta persona va a necesitar tratamiento a largo plazo”, argumentó Vásquez a preguntas de Noticias Univsion 65.

Una industria en desarrollo

La práctica continúa en silencio, y ocurre cuando los hospitales transfieren a sus países de origen a pacientes indocumentados que necesitan atención crónica. A menudo, los pacientes y las familias no han dado su consentimiento para ser retirados, según los estudios como el más reciente realizado por la Universidad de Pensilvania.

La deportación médica es una industria que ha florecido. Más de 350 aviones ambulancia capaces de deportar médicamente a personas operan en EE. UU., según el informe de 2021 “ Vuelos mortales: Deportación médica en EE. UU.”, realizado por la Clínica Legislativa de la Facultad de Derecho Carey de la Universidad de Pensilvania y el Proyecto de Migración Libre, una organización sin fines de lucro que aboga por la abolición de las deportaciones.

Solo una empresa, MedEscort International, también con sede en Allentown, Pensilvania, promociona que ha transportado a más de 6000 pacientes a sobre 100 países.

Su sitio web permite acceder a él como “trabajador social o miembro de la familia” o como “director general o director financiero del hospital que busca resolver el problema de los pacientes extranjeros sin fondos”.

La industria tiene incentivos financieros para expandir las deportaciones médicas.

Decisiones tomadas por intereses privados y el dilema financiero

Las deportaciones médicas generalmente ocurren sin la participación de los tribunales federales de inmigración o el Departamento de Seguridad Nacional. En cambio, las decisiones las toman las compañías de seguros, los médicos, los funcionarios financieros y los administradores del hospital, y es posible que los pacientes y sus familias no formen parte de esas discusiones.

Los hospitales están obligados por las leyes federales a organizar la atención posterior al hospital para los pacientes que la necesiten. Pero este tipo de casos presentan dilemas financieros. Por lo general, las personas indocumentadas no son elegibles para el seguro de salud, ni para la mayoría de los programas gubernamentales, lo que hace que los centros de atención a largo plazo se muestren reacios a aceptarlos como pacientes.

“Los hospitales dan la espalda”: la realidad de la comunidad inmigrante indocumentada

En junio de 2020, los defensores se unieron para evitar que Jefferson Health retirara a un guatemalteco indocumentado con una lesión cerebral grave. El hombre, que resultó herido en un accidente de motocicleta un mes antes en el Roosevelt Boulevard, estaba siendo enviado lejos del Hospital Jefferson Torresdale.

“Pasó lo mismo conmigo, el hospital siempre dice que va a ayudar, que va a hacer algo, pero cuando ellos ven el estatus migratorio de la persona, ellos le dan la espalda completamente a uno”, relató a Noticias Univsion 65 Claudia Martínez, al recordar la situación que vivió con su tío en mayo de 2020.

Después de la protesta, fue dado de alta a un centro de atención a largo plazo, confirmó Martínez a Noticias Univision 65.

Otro posible desafío para Lehigh Valley Hospital–Cedar Crest

Ahora los defensores están trabajando para lograr un resultado similar para S.C.

“Me he negado en todo momento a que la transporten fuera del país”, dijo su esposo, “y no he firmado ningún documento que consienta en su transporte” aseguró.

La deportación de la esposa de Junior también puede liberar al Lehigh Valley Hospital–Cedar Crest, parte de una red de atención médica de múltiples campus en el este de Pensilvania, de otro desafío: la posible negligencia médica. Junior sostiene que su esposa pudo haber sido dañada por negligencia durante el procedimiento para cortar su aneurisma. El personal médico, dijo, se niega a proporcionar sus registros médicos. Aunque un hospital está legalmente obligado a proporcionar registros médicos al tutor de un paciente, el personal no lo ha hecho hasta el 2 de marzo.