Un juez federal de Estados Unidos bloqueó una política del gobierno del presidente Donald Trump que permitía deportar rápidamente a migrantes a otros países sin escuchar antes sus razones ni sus temores de persecución o tortura.
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NoticiasFrenan medida de Trump para deportar migrantes a países distintos al suyo: Esto dijo DOJ
El juez Brian Murphy, en Boston, declaró ilegal la medida del Departamento de Seguridad Nacional y ordenó eliminarla; el Gobierno dijo que el caso podría llegar a la Corte Suprema de Estados Unidos
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En un fallo definitivo el miércoles 25 de febrero de 2025, el juez Brian Murphy, en Boston, declaró ilegal la medida del Departamento de Seguridad Nacional ( DHS, por sus siglas en inglés) y ordenó eliminarla. El Gobierno dijo que el caso podría llegar a la Corte Suprema de Estados Unidos.
Suspensión temporal
De acuerdo con la agencia de noticias Reuters, el juez Murphy -quien fue nombrado por el expresidente demócrata Joe Biden- suspendió la entrada en vigor de su fallo durante 15 días para permitir que el Gobierno presente una apelación, dada la “importancia y la inusual trayectoria” del caso.
El asunto ya ha sido revisado en dos ocasiones por la Corte Suprema de Estados Unidos. Primero, el máximo tribunal levantó una orden preliminar emitida por Murphy en abril, que protegía los derechos procesales de migrantes ante deportaciones a terceros países. Más tarde, permitió que ocho hombres fueran enviados a Sudán del Sur.
Esto dijo el DOJ sobre la medida
Abogados del Departamento de Justicia ( DOJ, por sus siglas en inglés) defendieron que la política cumplía la ley migratoria y la s garantías procesales mínimas. Sostuvieron que los migrantes podían expresar previamente cualquier temor sobre posibles destinos alternativos durante sus audiencias.
Además, argumentaron que identificar países receptores alternativos era clave para expulsar a “los peores de los peores”, en referencia a migrantes cuyos países de origen se negaban a recibirlos por delitos cometidos.
¿Qué establecía la política migratoria?
La sentencia deriva de una demanda colectiva contra una política del Departamento de Seguridad Nacional, documentada en un memorándum de marzo y una guía posterior de julio. Esta normativa autorizaba la deportación acelerada a terceros países de migrantes con órdenes finales de expulsión dictadas por jueces de inmigración.
La demanda fue presentada en nombre de personas que enfrentaban el traslado a naciones que no figuraban en sus órdenes originales ni fueron identificadas durante sus procesos migratorios.
La política permitía estas deportaciones si existían garantías diplomáticas consideradas creíbles de que los migrantes no serían perseguidos ni torturados, o incluso tras una notificación con apenas seis horas de anticipación.
JICM
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