Corte Suprema de EEUU escucha demandas sobre propiedades confiscadas por el castrismo en Cuba

La Corte Suprema de EEUU escuchó este lunes argumentos orales en dos casos que podrían definir el alcance futuro de las demandas bajo el Título III de la Ley Helms-Burton. Es la primera vez que el máximo tribunal analiza litigios relacionados con esta ley de 1996 y esto podría abrir la puerta a reclamaciones multimillonarias, contra empresas que presuntamente se han beneficiado de bienes expropiados por el régimen de Fidel Castro.

La decisión, que podría marcar un precedente histórico sobre propiedades confiscadas en Cuba tras la revolución de 1959, está siendo seguida de cerca por miles de familias cubanoamericanas.

Para entender el alcance legal del caso, N+ Univision 23 Miami habló con Nicolás Gutiérrez, presidente de la Asociación Nacional de Hacendados de Cuba, quien participó en los esfuerzos que impulsaron la aprobación de la Ley Helms-Burton hace casi 30 años.

Y es que, para consolidar su poder, el régimen de Fidel Castro nacionalizó refinerías, puertos, centrales azucareras y miles de empresas privadas sin compensación. Décadas después, el Título III de la Ley Helms-Burton permite que ciertos ciudadanos estadounidenses demanden a empresas que hoy se beneficien de esas propiedades.

" Desde mayo de 2019 ha habido casi 50 demandas bajo este título, estas demandas son complejas, son costosas, hemos logrado que dos de estas demandas ganaran en el nivel primero de distrito, después perdieron en el segundo nivel de apelación, y ahora han pedido, y la Corte Suprema de los Estados Unidos les ha concedido una audiencia", explicó Nicolás Gutiérrez.

Durante la administración de Barak Obama se autorizó que los cruceros de Estados Unidos viajaran a Cuba. Uno de los demandantes son los dueños originales del muelle donde atracaban los barcos de Royal Caribbean.

También la empresa Exxon Mobil, pide compensación bajo el Título III de la Ley Helms-Burton, por activos petroleros expropiados en 1960.

La ley impone requisitos estrictos.

“Esta ley permite demandas por personas que eran los dueños el 12 de marzo del 1996, que fue cuando la ley pasó. Segundo, que eran ciudadanos americanos en esa fecha. Tercero, que tenían una propiedad comercial no residencial, o si fue residencial que ahora se están usando comercialmente. Cuarto, que valían más de 50 mil dólares en esa época, porque se eximen las pequeñas casas, etcétera. Quinto, y muy importante, que haya una empresa o americana o extranjera, que esté beneficiándose de esa propiedad extranjera, en sociedad con el gobierno de Cuba”, agregó Nicolás Gutiérrez.

Un caso que sentó un precedente importante bajo el Título III de la Ley Helms-Burton. En abril del 2025 un jurado en Miami le ordenó a la compañía de reservas Expedia pagar 29.8 millones de dólares a un residente de Miami, nieto de los dueños de Cayo Coco.

“Para mí es la satisfacción de que quede registrado que el cayo era de mi bisabuelo”, dijo Mario Echevarría.

Expertos subrayan que estas acciones no restituyen propiedades, sino que buscan compensación monetaria. Sin embargo, un fallo favorable podría ampliar significativamente los litigios y aumentar la presión legal y financiera sobre entidades vinculadas al gobierno cubano.

La Corte Suprema emitirá su fallo antes de junio, y su decisión podría redefinir cómo se aplica el Título III de la Ley Helms-Burton y cómo se reclaman bienes expropiados en Cuba.

Qué es el Título III de la Ley Helms-Burton

El Título III de la Ley Helms-Burton (una ley aprobada en 1996) permite que ciudadanos estadounidenses, incluidos cubanoamericanos naturalizados, demanden en tribunales de EEUU a empresas o personas que se beneficien con propiedades en Cuba, confiscadas por el gobierno tras la Revolución de 1959. La norma considera tráfico el uso o explotación comercial de esos bienes, como operar hoteles o negocios en terrenos nacionalizados. Aunque fue suspendida por más de dos décadas para evitar conflictos diplomáticos, entró plenamente en vigor en 2019.