Cubanos y haitianos que lleguen con el nuevo programa humanitario calificarán para ayuda económica, alimentos y salud por ocho meses
Los inmigrantes procedentes de Cuba y Haití que ingresen a Estados Unidos bajo el amparo del nuevo programa humanitario, a ha anunciado por el presidente Joe Biden el 5 de enero, califican para recibir ayuda federal de unos $400 mensuales hasta por un período de hasta ocho meses.
Los ciudadanos de ambos países fueron agregados a la lista de beneficiarios de la Oficina de Reasentamiento de Refugiados (ORR) el pasado 10 de enero, dependencia que opera bajo el mando del Departamento de salud y Recursos Humanos (HHS).
“Basado en este programa de la ORR, significa que las personas provenientes de estos dos países que ingresan bajo el parole humanitario el gobierno los trata como si fueran refugiados y califican para los beneficios del programa de refugiados”, explica José Guerrero, un abogado de inmigración que ejerce en Miami, Florida.
El programa anunciado por Biden a principios de enero incluye Nicaragua y Venezuela, este último activado en octubre del año pasado. El beneficio determina que los ciudadanos de estos cuatro países deben contar con un patrocinador que tenga residencia legal (permanente, Daca o TPS), quien asuma responsabilidad por los gastos del extranjero durante su permanencia temporal de dos años.
Una vez aprobada la solicitud de patrocinio, el extranjero recibe una autorización de viaje a estados Unidos (parole) y solo puede entrar por vía aérea. En el puerto de entrada un agente de la Oficina de Aduanas y Control Fronterizo (CBP) le debe otorgar una admisión y un permiso de estadía por dos años, al término de los cuales, si no ajusta su estatus de permanencia por cualquier vía legal disponible, debe marcharse de Estados Unidos.
El parole concede además una autorización de empleo (permiso de trabajo) temporal por dos años.
La ayuda para cubanos y haitianos con parole
La ORR explica en su página digital que los participantes cubanos y haitianos dentro del programa de ayuda federal se definen como “cualquier individuo al que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) le otorgó el estatus de libertad condicional como cubano/haitiano entrante o se le otorgó cualquier otro estatus especial establecido posteriormente bajo las leyes de inmigración para nacionales de Cuba o Haití”.
De acuerdo con el programa, la ayuda incluye alrededor de $400 dólares al mes, cupones o sellos de alimentos (Food Stamps) y Medicare (seguro de salud) por un período de 8 meses.
La pregunta que surge es por qué los nacionales de Nicaragua y Venezuela, que forman parte de la lista del programa temporal anunciado por la Casa Blanca en enero, no tienen acceso a recibir ayuda federal.
El secretario del DHS, Alejandro Mayorkas, dijo el lunes, durante una visita a Miami para defender el programa, que los inmigrantes originarios de Cuba y Haití son los más vulnerables del grupo al tener que cruzar el océano en precarias embarcaciones para poder ingresar a Estados Unidos en busca de refugio tras huir de sus países.
“A cubanos y haitianos se les trata con más exclusividad y se les recibe con más privilegios. Eso discrimina a los demás, es arbitrario, no es uniforme y va en contra del espíritu de la Ley de Inmigración y nacionalidad (INA)”, dice Alex Gálvez, un abogado de inmigración que ejerce en Los Ángeles, California.
“Todos (los inmigrantes que vienen en busca de asilo) deberían ser tratados de manera uniforme. Al no hacerlo así, el gobierno se arriesga a ser demandado en los tribunales de justicia”, apuntó.
Univision Noticias preguntó al DHS por qué no se incluyó en la lista de ayuda federal de la ORR a nicaragüenses y venezolanos. Al cierre de esta nota no había respuestas.
El viaje de Mayorkas para explicar el programa de parole
Durante su visita a Miami el lunes, Mayorkas defendió el programa humanitario anunciado por Biden a principios de mes, plan que la Casa Blanca considera como una medida de contención legal al ingreso irregular de inmigrantes a Estados Unidos, sobre todo por la frontera con México.
“Este es el modelo que hemos construido y seguiremos construyendo para que nuestro principio de ayuda humanitaria sea alcanzable de forma segura y ordenada”, dijo Mayorkas durante una conferencia de prensa. “Así las personas no tienen que arriesgar sus vidas en manos de quienes solo buscan explotarlas con fines lucrativos”.
El programa humanitario permite la entrada legal de 30,000 inmigrantes mensuales de los cuatro países.
“Desde que fue implementado hace tres semanas, ha habido una baja del 95% de cruce ilegal en la frontera. Eso nos dijo el secretario Mayorkas en una reunión el lunes”, dijo a Univision Noticias Joe García, un excongresista demócrata cubanoamericano que se reunió con el secretario del DHS.
“Nosotros pensamos que el gobierno está actuando dentro del marco de la ley. El Ejecutivo tiene mecanismos para regular el ingreso de personas en la frontera. El secretario del DHS está en pleno derecho de actuar conforme la ley para ordenar y regular la entrada de extranjeros”, indicó García.
El excongresista dijo que la comunidad cubana del sur de Florida “agradece” al gobierno la implementación de un programa que definió como “tan generoso con la comunidad cubana".
Demanda pendiente contra el programa migratorio
Mayorkas fue consultado respecto a una demanda contra el programa presentada la semana pasada por una veintena de estados gobernados por republicanos, entre ellos Florida y Texas. Alegan que la Casa Blanca excedió sus atribuciones al darle a ciertos inmigrantes un estatus de permanencia, hecho que constituye un cambio a la ley de inmigración sin la autorización del Congreso.
“El plan del DHS permite que extranjeros en sus países de origen puedan obtener una autorización anticipada para ingresar a Estados Unidos, a pesar de que no haya otra base legal para que lo hagan”, señala la demanda.
Los demandantes añaden que “el programa de libertad condicional establecido por el DHS falla en cada uno de los tres factores limitantes de la ley: no es caso por caso, no es para urgencia por razones humanitarias y no promueve ningún beneficio público significativo”.
Mayorkas respondió que “me resulta incomprensible por qué se presentó esta demanda, cuando en realidad aborda el desafío que hemos estado enfrentando en nuestra frontera sur”.
El gobierno de Biden se encuentra bajo una lluvia de críticas de los republicanos, quienes alegan que la Casa Blanca mantiene una política de “fronteras abiertas”, en referencia a la llegada incesante de migrantes en situación irregular por la frontera sur.
Durante el año fiscal 2022 agentes de la Oficina de Aduanas y Control Fronterizo (CBP) llevaron a cabo 2,378,944 arrestos en la frontera con México frente a 1,734,686 detenciones registradas en el año fiscal 2021.
En el Congreso, por su parte, no todos los demócratas están de acuerdo con Biden. Un grupo de más de 70 legisladores de ambas cámaras envió la semana pasada una carta a Biden para pedirle que cancele el programa porque, dijeron, viola la ley al restringir la política de asilo aprobada por el Congreso.
El grupo argumenta que el asilo es un recurso legal disponible, que cualquier extranjero que llega a la frontera puede solicitarlo y que son los jueces de inmigración quienes deciden el futuro de estas personas en Estados Unidos.
