La administración de Trump no puede negar a los inmigrantes detenidos dentro de Estados Unidos la posibilidad de ser liberados bajo fianza, dictaminó el jueves un tribunal federal de apelaciones.
Corte de apelaciones determina que la administración Trump no puede negar la posibilidad de una fianza a inmigrantes detenidos dentro de EEUU
Una Corte de Apelaciones dictaminó que la administración de Trump no puede negar a los inmigrantes detenidos en el interior de Estados Unidos la posibilidad de ser liberados bajo fianza. Bajo administraciones anteriores, a la mayoría de los no ciudadanos sin antecedentes penales que eran arrestados en el interior de EEUU se les permitía solicitar una audiencia de fianza mientras sus casos de inmigración estaban pendientes.
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La decisión, tomada por 2 votos contra 1 por el Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito, con sede en San Francisco —en la que un juez designado por el presidente Donald Trump formó parte de la mayoría—, acentuó la división entre los tribunales federales de apelación respecto a la política de detención obligatoria de la administración.
Otros cuatro tribunales de apelaciones también la han rechazado, mientras que el Quinto Circuito en Nueva Orleans y el Octavo Circuito en San Luis se han puesto del lado de la administración de Trump.
Esta creciente división entre los circuitos aumenta la probabilidad de que la Corte Suprema termine abordando el tema.
No se recibió de inmediato una respuesta a un correo electrónico enviado al Departamento de Seguridad Nacional solicitando comentarios.
Bajo administraciones anteriores, a la mayoría de los no ciudadanos sin antecedentes penales que eran arrestados dentro de EE. UU. se les permitía solicitar una audiencia de fianza mientras sus casos de inmigración estaban pendientes. La detención obligatoria se reservaba generalmente para las personas arrestadas en la frontera.
En julio pasado, los funcionarios de inmigración emitieron directrices que ampliaban la detención obligatoria a los inmigrantes en el interior de EEUU. La medida —parte de la campaña de deportación masiva del gobierno— provocó una avalancha de demandas federales por parte de inmigrantes que buscaban ser liberados de la custodia.
Algunos jueces federales que ordenaron audiencias de fianza criticaron duramente al gobierno por violar repetidamente sus órdenes.
El gobierno de Trump ha argumentado que el Congreso modificó la ley de inmigración en 1996 para permitir la detención obligatoria más allá de la frontera, pero que los gobiernos anteriores no hicieron cumplir esa disposición.
En el fallo mayoritario del jueves, el juez Daniel Bress, del Noveno Circuito de los Estados Unidos, rechazó ese argumento.
"Aunque ninguna interpretación de las disposiciones textuales complicadas e interrelacionadas que nos ocupan aquí está exenta de algunas deficiencias, la interpretación histórica de la ley es la más acertada", escribió Bress, designado por Trump.
A él se sumó la jueza M. Margaret McKeown, quien fue nombrada por el presidente Bill Clinton.
El juez Carlos Bea, quien fue nombrado por el presidente George W. Bush, disintió, argumentando que el texto y el propósito de una enmienda aprobada por el Congreso en 1996 respaldan la interpretación de la administración de Trump.