RALEIGH, Carolina del Norte.- El próximo 18 de septiembre entrará en vigor una nueva norma migratoria conocida como "carga pública", que podría afectar el proceso de miles de personas. La medida otorgará a los funcionarios de inmigración mayor discreción para evaluar si un solicitante de la residencia permanente (green card) podría convertirse en una carga para la sociedad.
Qué es la norma de 'carga pública' y cuáles son los cambios para migrantes este 18 de septiembre
¿Puede el uso de un beneficio público afectar tu solicitud de residencia permanente? A partir del 18 de septiembre, la respuesta podría ser sí. Una nueva norma migratoria, conocida como "carga pública", da a las autoridades de inmigración mayor discreción para evaluar este factor, lo que ya generó dos demandas de más de veinte estados y varias ciudades del país.
Video Nuevos criterios de carga pública evaluarán más ayudas estatales para inmigrantes
Sin embargo, el lunes 21 estados más el Distrito de Columbia presentaron una demanda contra la administración de Trump, argumentando que miles de migrantes se verían afectados al alejarlos de los apoyos gubernamentales que pudieran necesitar.
Además, una demanda por separado, con el mismo objetivo, fue presentada ante los tribunales por las ciudades de Seattle, San Francisco y Chicago, así como por dos condados que se unieron a la ciudad de Nueva York.
Carolina del Norte no forma parte de ninguna de las dos demandas.
¿Qué significa ser "carga pública"?
La norma de "carga pública" (o public charge, como se le conoce en inglés) es una disposición de la ley de inmigración de Estados Unidos que permite al gobierno negar una visa o tarjeta de residencia a alguien que depende, o que podría depender, de asistencia gubernamental.
En julio de este año, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) presentó una norma definitiva que permite a las autoridades de inmigración basarse en el uso de cualquier beneficio público, durante cualquier periodo de tiempo, para considerar a un no ciudadano como una carga pública, según se establece en la demanda presentada por los estados.
Es importante señalar que, anteriormente, solo se tomaban en cuenta ciertos beneficios gubernamentales en efectivo o la recepción de ayuda a largo plazo. En 2022, el gobierno federal emitió una norma que limitaba la determinación de carga pública a la asistencia económica para el mantenimiento de ingresos o a la institucionalización a largo plazo a expensas del gobierno.
¿A quiénes afecta?
En otras palabras, quienes reciban ayudas como cupones de alimentos, vales de vivienda, entre otros beneficios, podrían estar sujetos a ser considerados carga pública.
Tan solo en Carolina del Norte estamos hablando que más de 3 millones de habitantes están inscritos Medicaid y el 43 % son niños, según un artículo publicado por North Carolina Justice Center.
Las autoridades señalaron que cada caso se evaluará de manera individual, pero esto ha generado alerta entre organizaciones pro inmigrantes y algunos gobernadores.
Asimismo, es probable que la norma obligue a los estados y las ciudades a utilizar sus propios fondos y recursos administrativos para atender las consecuencias de esta medida.
¿Quiénes están sujetos a la carga pública?
Para entender mejor el tema, consultamos al abogado de inmigración Michael Urbina.
"Todas las categorías, excepto quienes están aplicando por asilo, TPS, visa juvenil, visa U, visa T, o las personas que están aplicando por el ajuste cubano; fuera de eso, sí están en riesgo", explicó Urbina.
Aunque puede haber más factores, estos son cinco de los principales según Urbina:
📍La edad
📍El estado de salud
📍El estatus familiar, incluyendo si cuenta con un patrocinador
📍El nivel de educación
📍Las habilidades y la experiencia laboral
"Quienes son considerados inadmisibles por la posibilidad de llegar a convertirse en carga pública podrían tener que pagar una fianza. Esta funciona como una garantía de que no buscarán obtener beneficios públicos", explicó Michael Urbina, abogado de inmigración.
El 80 por ciento de las familias que tienen SNAP (Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria) tienen al menos un miembro que trabaja en Carolina del Norte.
Las demandas alegan que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) excedió su autoridad legal al aprobar una norma "arbitraria y caprichosa" que contraviene 140 años de precedentes legales.
Ambas demandas buscan una declaración judicial: los estados solicitan que se anule la norma, mientras que las ciudades piden que se prohíba permanentemente su aplicación.
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