Un tribunal de California prohíbe encarcelar a quien no puede pagar una fianza por ser pobre

LOS ÁNGELES, California.- A partir de la próxima semana los jueces de California tendrán que cambiar la forma tradicional de fijar las fianzas luego de que un tribunal estatal de apelaciones emitiera un fallo que prohíbe encarcelar a quien por ser pobre no pueda pagar determinada cantidad y no represente un peligro para la sociedad.

El fallo judicial de la Corte Estatal de Apelaciones del Primer Distrito con sede en San Francisco, emitido el pasado 25 de enero, establece que “un acusado no puede ser encarcelado únicamente debido a la pobreza”.

Los magistrados expusieron dudas sobre la constitucionalidad del sistema de fianzas en California y destacan que la práctica común de establecer fianzas tan altas para que los sospechosos no puedan pagarla sólo se justifica en aquellos que son considerados demasiado peligrosos como para dejarlos en libertad antes del juicio.

El procurador del estado, Xavier Becerra, tenía 30 días para apelar esa decisión ante el Tribunal Supremo de California, pero este martes anunció que no lo haría.

“La libertad bajo fianza debe basarse en el peligro que representa para el público, no en los dólares en el bolsillo”, dijo Becerra en una conferencia de prensa en Sacramento.

Para el fiscal del estado, mantener a los acusados encerrados a la espera de un juicio, simplemente porque no pueden pagar la cantidad fijada por el juez, sólo consolida su permanencia en un ciclo de pobreza.

Cuando alguien es acusado ante una corte criminal, el juez suele determinar una cantidad monetaria dependiendo de los cargos y de si la persona tiene antecedentes penales. El monto sirve como garantía para que el indiciado regrese a la corte a enfrentar su proceso judicial en libertad.

Para quienes no tienen el capital suficiente, existen las agencias de fianzas o ‘bail bonds’ que sirven de aval para cubrir el monto mediante el cobro del 10% de la cantidad impuesta por el juez. Sin embargo, las fianzas suelen ser tan altas que muchos ni siquiera pueden cubrir ese porcentaje.

El sistema de fianzas de California suele castigar a los más pobres, refiere un informe de Human Rights Watch (HRW).

El estudio realizado por esa organización defensora de los derechos humanos en las cárceles de seis condados de California, indica que 63% de los presos no había sido condenado o se encontraba a la espera de un juicio porque el acusado no podía solventar el costo de la fianza.

Al no poder pagar la fianza, recalca el reporte de HRW, las personas de bajos recursos que son acusadas de algún delito suelen declararse culpables para que sean excarceladas.

Una deformidad de la justicia

El fallo de la corte estatal de apelaciones establece que los jueces tendrán que cambiar su antigua práctica de establecer la fianza en cantidades fijas que son determinadas por los delitos imputados y los antecedentes del acusado.

El dictamen de los jueces no prohíbe la fianza monetaria, pero recalca que al menos debe establecerse en niveles en los que el acusado pueda pagar, a menos que el juez cite evidencia de que el acusado es demasiado peligroso para ser liberado antes del juicio.

También advierte de la necesidad de legislar al respecto “para corregir una deformidad de nuestro sistema de justicia penal”.

Actualmente en la legislatura de California está estancada la iniciativa SB-10 que desde hace más de un año presentaron el senador Bob Hertzberg (D-Van Nuys) y el asambleísta Rob Bonta (D-Oakland), la cual busca en gran medida reemplazar la libertad bajo fianza con una liberación supervisada, condicionada y basada en una evaluación de riesgo del acusado, entre otras medidas de seguridad.

Esa iniciativa de ley tiene en la industria de las fianzas a su principal opositor, ya que las empresas que se dedican a ello sostienen que el dinero es la mejor manera de asegurar la comparecencia del acusado ante el tribunal.