Miles de hispanos están en cárceles de California por ser pobres, según reporte de Human Rights Watch

LOS ÁNGELES, California.- El caso de Daniel Soto, un joven que pasó casi dos meses en la cárcel por no pagar una fianza de 30,000 dólares que le impusieron por una acusación falsa, es citado en un reporte de la organización Human Rights Watch que concluye que en los últimos años "decenas de miles" de californianos pobres estuvieron detenidos incluso durante meses aunque no cometieron ningún delito.

El informe revela que alrededor del 63% de los presos en cárceles de seis condados de California no habían sido condenados y muchos de ellos esperaban un juicio ahí porque no pudieron solventar las onerosas fianzas. Las minorías, alerta el grupo, son las que más purgaron "condenas" injustas.

“California está deteniendo a miles de personas que no son culpables de nada, solo por no poder pagar una fianza”, dijo a Univision Noticias, María McFarland, codirectora de Human Rights Watch.

Según el reporte titulado “Sin afán de justicia: cómo la prisión preventiva y el sistema de fianza en California castigan injustamente a las personas de bajos recursos”, las autoridades judiciales presionan a quienes no tienen dinero para cubrir una fianza para que se declaren culpables y así sean excarcelados.

Casi medio millón de personas que las agencias del orden detuvieron entre 2011 y 2015 por delitos graves en los condados de Alameda, San Bernardino, Sacramento, Fresno, San Francisco y Orange finalmente fueron declaradas no culpables por falta de pruebas. Esto representó alrededor del 33% del total de arrestos en dichas jurisdicciones, según el informe.

Solo entre el 20% y el 30% de los detenidos en esas regiones pudieron pagar una fianza. La mayoría utilizó empresas que costean esos pagos bajo la condición de no reembolsar un centavo.

Esto coincide con un informe de Justice Policy Institute que descubrió que una persona que incluso al final es hallada no culpable por un delito menor pasa hasta un mes en un penal solo por su incapacidad de cubrir tales cuotas.

Cuotas por las nubes

En California, el costo promedio de una fianza es de 50,000 dólares (se establecen según la gravedad del supuesto delito, así como la ciudad y el condado donde se procesa el caso) y para ser liberados los infractores deben pagar esa tarifa por adelantado o cubrir el 10% del total para que una compañía de fianzas adelante el dinero. Se trata de la tasa más elevada del país y supera hasta en un 500% al monto fijado en otros estados.

"Están imponiendo fianzas para delitos menores, como consumo de drogas o delitos no graves por los cuales la persona no representa un peligro para la sociedad", dijo McFarland.

Cuando los detenidos se enfrentan al dilema de no poder solventar una cuota para defender sus procesos en libertad y no saber cuándo saldrán libres, muchos de estos optan por llegar a un acuerdo con los fiscales para declararse culpables aunque no lo sean, subraya el reporte.

A decir de la codirectora de Human Rights Watch, la solución es establecer un procedimiento que evalúe cada caso en particular, que programe citas en la corte para los acusados de faltas menores y que fije medidas que prevengan la fuga de quienes son señalados por delitos graves.

Varios legisladores en California han impulsado una propuesta para reformar el sistema de fianzas estatal porque igualmente consideran que penaliza a las personas de bajos recursos. "El sistema de fianzas de California castiga a los pobres simplemente por ser pobres", ha declarado el asambleísta Rob Bonta, uno de los promotores de dichos cambios.

Anteriormente, el 'Estado Dorado' no pudo modificar su sistema de fianzas debido a una fuerte oposición de la Asociación de Agentes de Fianzas de California, la cual considera que tales cambios "intentan liberar a criminales sin que estos rindan cuentas" y subraya los recientes aumentos a robos a la propiedad y delitos violentos.

La 'pena' de Daniel

A Daniel Soto, cuya experiencia comparte el informe de Human Rights Watch, le acusaron de agresión criminal en una ciudad no identificada en California.

Durante la noche del 2 de noviembre de 2015, el muchacho salió con sus amigos pero no supieron de él hasta la tarde del día siguiente. Su madre, María Soto, recibió una llamada en la cual le informaron que su hijo, que entonces tenía 18 años, había sido apuñalado y se encontraba detenido en el hospital donde lo atendían.

Según la versión del joven, aquella noche un hombre lo hirió con una navaja durante una pelea que se registró afuera de un restaurante. El joven llegó tambaleando hasta un policía, quien llamó a una ambulancia pero también lo arrestó. Aparentemente el sujeto que lo atacó se acercó primero al agente y le aseguró que él había sido víctima de un ataque.

Bajo custodia, Daniel recibió un balde de agua fría después de declararse no culpable de la acusación de agresión criminal. El juez le fijó una fianza de 30,000 dólares, una cantidad que su madre no logró reunir.

"Fue horrible. Él es mi hijo. Yo no comía, no dormía. Estaba preocupada por él", dijo María Soto.

Así, Daniel pasó más de seis semanas en la cárcel. El juez ordenó su liberación el 17 de diciembre, tras concluir que no había evidencia de que el muchacho hubiese cometido un delito.

El joven pudo regresar a su casa pero había perdido un semestre de la escuela.