LOS ÁNGELES, California.- Los ríos, bosques y montañas del suroeste de Honduras han sido sagrados para las comunidades indígenas que desde tiempos prehispánicos se establecieron en esa región a la que llamaron Lenca, "lugar de muchas aguas".
"Un país que se vende a precio de gallo muerto"
Indígenas de Honduras denuncian que el gobierno ha concesionado una tercera parte del territonio nacional para que transnacionales exploten sus recursos naturales.
Una de las marchas hacia Tegucigalpa en contra de la concesión de minas.
Imagen ORLANDO SIERRA/AFP/Getty Images
Son esas mismas tierras que compartieron con sus hermanos mayas las que el gobierno de Honduras está entregando en concesiones a empresas transnacionales para que exploten sus recursos naturales, denunció Tomás Gómez Membreño, un indígena lenca que está de visita en Los Ángeles, California, para exponer la situación por la que atraviesan.
Membreño es el sucesor de la reconocida activista Berta Cáceres, quien por más de 20 años encabezó la defensa de los pueblos indígenas en Honduras hasta que el pasado 2 de marzo fue asesinada, cuando antes de la medianoche de ese miércoles hombres armados irrumpieron en su casa y la mataron de cuatro balazos.
Como coordinador del Consejo de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), cargo que asumió tras el asesinato de Cáceres, Membreño dijo en entrevista para Univision Noticias que el gobierno hondureño está prácticamente vendiendo el país y "a precio de gallo muerto".
Tomás Gómez Membreño, coordinador del COPINH.
Imagen Jorge M. Almada
El activista también está en Los Ángeles para recibir un reconocimiento del Centro de Recursos Centroamericanos (CARECEN) por la labor en defensa de los derechos humanos que realiza COPINH.
Y también, señaló Membreño, para insistir al Congreso de Estados Unidos que apruebe la iniciativa HR 5474 conocida como Ley Berta Cáceres de Derechos Humanos en Honduras, con la cual se suspendería la ayuda económica que se envía ese país centroamericano para equipar y entrenar al ejército y a los cuerpos policíacos.
La ley propone que mientras el gobierno de Honduras no esclarezca los más de 100 asesinatos de activistas, incluyendo el de Berta Cáceres, y no lleve a la justicia a los culpables, mientras no investigue y procese judicialmente a militares y policías corruptos, y no establezca un orden legal que garantice los derechos humanos de sus ciudadanos, que Estados Unidos no envíe los $18 millones de dólares que están contemplados en el presupuesto del 2017 para ayudar a ese país en seguridad.
Notas Relacionadas
¿Quién mató a Berta Cáceres?
Opinión
4 min
La tercera parte del país en concesión
Desde el golpe de estado que derrocó al presidente Manuel Zelaya en 2009, mencionó el líder del COPINH, las concesiones para la explotación de recursos naturales se han duplicado, lo que representa que el 35% del territorio nacional ha sido entregado a compañías extranjeras, principalmente hidroeléctricas y mineras.
En el movimiento de defensa de los pueblos indígenas, dijo Membreño, muchos de sus compañeros de luchan han sido asesinados, porque antes de Berta ya habían matado a Tomás García Domínguez, Paula González y a los hermanos Michael y William Rodríguez.
Y después de Cáceres también ejecutaron a Nelson García y Lesbia Yaneth Urquía, además de los más de cien campesinos que en los últimos años han sido asesinados por defender sus tierras en el valle de Aguán.
"Defenderemos nuestra tierra hasta que tengamos vida", sentenció Membreño.
De desplazados a inmigrantes
En seis departamentos del suroeste del país, indicó el líder del COPINH, el gobierno ha otorgado 50 concesiones hidroeléctricas y mineras cuya operación pone en riesgo el desplazamiento de gran parte de los 400,000 indígenas que habitan la zona.
"El desplazado lo primero que dice es: 'me voy a Estados Unidos', pero no queremos eso, por eso defendemos nuestras tierras, para tener soberanía alimentaria, para que no haya más migración", mencionó.
La asignación de proyectos hidroeléctrico y explotación de minas en territorios indígenas, dijo Membreño, se hace sin un mecanismo de consulta popular.
"Las compañías compran las tierras a los indígenas, pero a precio de gallo de muerto, y si no quieren vender, entran con maquinaria", mencionó. "Y cuando defendemos el territorio, entonces empiezan a asesinarnos".
De acuerdo con reportes oficiales y de prensa, la autoría intelectual y material en la mayoría de los asesinatos de activistas está vinculada al Ejército y la Policía de Honduras, así como a corporaciones que pretenden explotar los recursos naturales del país.
Un estudio de la organización Global Witness refiere que entre el 2002 y el 2014 en Honduras fueron asesinados 111 activistas que defendían tierras o el medio ambiente.
Y detrás de esas muertes, destaca el reporte, están el Ejército y la Policía de Honduras al servicio de las industrias hidroeléctrica y minera.