Dos funcionarios de la ciudad de Industry son acusados por corrupción con $20 millones de fondos públicos

Los Ángeles, CA - Un ex legislador estatal y desarrollador urbano de la ciudad de La Jolla hizo su primera comparecencia ante la corte tras ser acusado en un caso de corrupción junto a tres personas más que ocuparon cargos públicos en City of Industry.

William Barkett, de 63 años, Anthony Bouza, de 60, Paul Jule Philips, de 71, y Frank Hill, de 67, enfrentan 12 cargos por la supuesta "apropiación indebida de millones de dólares que se suponía que se usarían para estudiar si una granja solar era adecuada en un terreno para ser comprado por la Ciudad de Industry", según el comunicado de la oficina del Fiscal del distrito del condado de Los Ángeles.

Barkett y Hill se presentaron ante la corte este martes. Barkett fue dejado en libertad tras pagar una fianza de un millón de dólares. Ambos deberán presentarse nuevamente el próximo 27 de octubre.

Philips, quien se presentó ante la corte el viernes pasado por un cargo de malversación de fondos públicos, es actualmente administrador en la ciudad de Bell, según el San Gabriel Valley Tribune. Fue puesto en libertad después de ser fichado el domingo, según muestran los registros de la cárcel. El ex fiscal de distrito del condado de Los Ángeles, Steve Cooley, que representa a Phillips, dijo al periódico que su cliente es "inocente y acusado injustamente".

Desviaron presuntamente $20 millones

De acuerdo con la acusación, entre los años 2016 y 2018, la ciudad de Industry entró en negociaciones de "arrendamiento de terrenos con San Gabriel Valley Water and Power (SGVWP) para examinar una posible granja solar". Como parte del contrato, la ciudad acordó pagar por adelantado costos que debían ser reembolsados si se construía la granja solar.

Las personas que manejaron los fondos, según la acusación, fueron Philips, quien era el administrador municipal de la ciudad y Bouza, un abogado contratado por la ciudad y un contratista privado que supuestamente ayudó a redactar un acuerdo. "Durante ese tiempo, aproximadamente $20 millones en fondos públicos supuestamente se enviaron a una cuenta controlada por Barkett, propietario de SGVWP". según el comunicado.

Aunque una parte del dinero "se pagó a otros proveedores, Barkett está acusado de gastar alrededor de $8.3 millones en artículos personales. También supuestamente falsificó o alteró facturas para inflar el monto".

Por su parte, Bouza y Hill, también un contratista y un exasambleísta estatal "están acusados de tener un conflicto de intereses financiero cuando supuestamente redactaron o influyeron en los contratos con la ciudad".

Barkett enfrenta un cargo por malversación de fondos públicos, lavado de dinero y hurto mayor. Bouza enfrenta ocho cargos de tener un interés financiero en un contrato público. Philips enfrenta un cargo de malversación de fondos públicos, mientras que Hill enfrenta dos cargos de tener un "interés financiero en un contrato o compra realizada en una capacidad oficial.

Con información de City News Service.

Te puede interesar: