Los aranceles que tan reciente como la semana pasada el presidente Donald Trump usó como 'ficha de cambio' en negociaciones con socios comerciales clave serán evaluados el miércoles en la Corte Suprema, instancia que finalmente decidirá si pueden o no continuar en pie.
Los aranceles con los que Trump intimida al mundo llegarán esta semana a la Corte Suprema
Lo que decida el Tribunal Supremo incidirá en la forma con la que Trump se relacionará en adelante con sus socios comerciales. Desde que asumió este segundo mandato, el presidente ha recurrido a los aranceles como una herramienta para amenazar y tratar de lograr concesiones.
Lo que decida el máximo tribunal del país en este caso, posiblemente hacia el verano, podría expandir los poderes de Trump. También incidirá en la forma en la que el mandatario se relacionará en adelante con sus socios comerciales, pues desde que asumió este segundo mandato ha recurrido a los aranceles como una herramienta para amenazar y tratar de lograr concesiones.
Los ha impuesto para supuestamente atajar los déficits comerciales, para presuntamente frenar el flujo de drogas y hasta como respuesta cuando algo le molesta, como sucedió hace poco con un anuncio canadiense que evocó palabras del expresidente Ronald Reagan.
En la Corte Suprema se verá en específico si Trump tenía autoridad para declarar una emergencia nacional y fijar un arancel universal a todas las importaciones, y si podía imponer tarifas a México, Canadá y China como castigo por no frenar el flujo de migrantes y fentanilo a Estados Unidos.
Una corte federal que ve asuntos comerciales y un tribunal de apelaciones determinaron ambos que Trump excedió su autoridad con los decretos presidenciales invocando la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional de 1977 o IEEPA por su sigla en inglés e imponiendo esas tarifas. Por eso la administración de Trump escaló el caso a la Corte Suprema.
El caso también llega a la Corte Suprema con un telón de fondo en el Congreso, donde un puñado de senadores republicanos ha votado con los demócratas para frenar algunas medidas arancelarias de Trump. Una de ellas contempló precisamente los llamados aranceles 'recíprocos' anunciados por Trump en abril. Las iniciativas tendrían que pasar además en la Cámara de Representantes y podrían ser vetadas por el presidente.
Cómo el gobierno de Trump defenderá sus aranceles
Un argumento principal que se le escuchará a los abogados del gobierno es que Trump tiene autoridad para invocar "emergencias" bajo la Ley IEEPA y para atajar esas "emergencias" con aranceles a otros países sin que los haya aprobado el Congreso.
En este caso, el presidente consideró que los déficits comerciales, y el flujo de inmigrantes y fentanilo desde México, Canadá y China representan "emergencias" para las que resultan útiles los aranceles. Y que, sin esos aranceles, Estados Unidos pasaría a ser un "país pobre" al borde de una "catástrofe económica".
"Por más de un siglo, el Congreso ha complementado el poder constitucional del presidente en asuntos de política exterior y seguridad nacional al delegarle la autoridad de gestionar aranceles sobre las importaciones en respuesta a condiciones internacionales. Esta Corte de forma repetida ha afirmado el ejercicio presidencial de tal autoridad", se lee en el documento presentado por el gobierno ante la Corte Suprema.
Existen otros dos puntos que muy posiblemente se escuchen bastante el miércoles en la Corte Suprema.
El primero es si la Ley IEEPA permite a un presidente fijar aranceles. Expresamente, la ley establece que puede "regular" las importaciones. El gobierno asegura que "regular" equivale a imponer aranceles. Los estados que demandaron a la administración de Trump afirman que eso no es así y que los aranceles deben ser aprobados por el Congreso, porque constituyen un "impuesto". Cada parte ha recurrido incluso a definiciones de diccionarios distintos para sustentar sus argumentos.
El segundo punto es si la Corte Suprema recurrirá a un principio conocido como la 'doctrina de cuestiones importantes' o major questions doctrine que usó, por ejemplo, cuando evaluó y frenó el alivio a las deudas estudiantiles del gobierno de Joe Biden. Bajo esa doctrina, es el Congreso quien debe autorizar medidas de gran magnitud.
El gobierno esgrimió en su documento a la Corte Suprema que la Ley IEEPA avala "naturalmente" la 'doctrina de cuestiones importantes', porque le dio "enormes poderes" a un presidente para "abordar emergencias nacionales extraordinarias en el contexto de las relaciones exteriores".
Habrá que ver si los jueces de la Corte Suprema toman esa vía. Algunos expertos legales dicen que la 'doctrina de cuestiones importantes' no aplica a asuntos de política exterior. Otros creen que, como la usó varias veces con casos del pasado gobierno, se verán algo presionados a aplicarle la misma vara a este nuevo gobierno.
Cómo los estados retarán los aranceles de Trump
En su documento, los estados mayormente centraron sus argumentos en que el Congreso es quien tiene la potestad de imponer aranceles y en que la Ley IEEPA no permite fijar tarifas a las importaciones.
"El Congreso, no el presidente, tiene el 'poder de fijar y recolectar impuestos' (...) Pero los peticionarios (el gobierno) argumentan que la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA) da al presidente poder para imponer aranceles a cualquier país, en cualquier tasa y por el tiempo que quiera", se lee en su documento.
Consideraron que la palabra "regular" que aparece en esa ley no autoriza la imposición de aranceles y afirmaron que, en su defensa, el gobierno no pudo encontrar ningún otro estatuto del Código de Estados Unidos que use la palabra "regular" para fijar aranceles o impuestos. "La invocación del presidente de la Ley IEEPA para imponer los aranceles en cuestión va incluso más allá de cualquier ejercicio de autoridad 'casi sin límites' que esta Corte ha rechazado en años recientes", argumentaron.
Los estados también argumentaron que los aranceles 'recíprocos' ni siquiera representan una "emergencia inusual y extraordinaria" bajo la Ley IEEPA porque los déficits comerciales no son "inusuales" y más bien el propio gobierno reconoció que son "persistentes".
También esgrimieron que, en el caso del decreto sobre México, Canadá y China por el flujo de migrantes y fentanilo, los aranceles no tienen nada que ver con las "amenazas" que el presidente busca eliminar.
"Ponerle un impuesto a los tomates no "aborda" el fentanilo. Si eso significa abordar la amenaza de traficantes de drogas, entonces cualquier cosa lo es", acotaron.
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