Deportaciones a terceros países: ¿qué es y a dónde están enviando a los inmigrantes?

Para miles de inmigrantes que enfrentan una orden de deportación en Estados Unidos, el destino ya no necesariamente es el país del que son ciudadanos. Durante el segundo gobierno de Donald Trump su administración ha ampliado el uso de deportaciones a terceros países, una práctica que permite trasladar a personas a una nación distinta de aquella a la que normalmente serían deportadas.

Mientras una deportación tradicional busca devolver a una persona a su país de nacionalidad o al lugar que corresponda conforme a la legislación migratoria, en una deportación a un tercer país el gobierno estadounidense utiliza a otro Estado como destino o como punto de tránsito, aunque la persona no sea ciudadana de ese país.

La legislación migratoria estadounidense contempla desde hace años la posibilidad de remover a una persona hacia un país distinto al inicialmente designado cuando el regreso a ese destino resulta impracticable, inconveniente o imposible. Lo que ha cambiado durante la administración Trump es la escala y la utilización de acuerdos con otros gobiernos para recibir a personas que no son sus nacionales.

La práctica comenzó a adquirir una dimensión mucho mayor a partir de 2025. De acuerdo con un seguimiento de la organización U.S. Committee for Refugees and Immigrants (USCRI), para junio de 2026 más de 19,000 personas habían sido enviadas desde Estados Unidos a al menos 25 países distintos de aquellos con los que tenían sus principales vínculos nacionales. Para julio, la organización documentaba que Washington había buscado acuerdos con más de 50 gobiernos para aceptar a personas deportadas de terceros países, aunque buena parte de esos arreglos no se ha hecho pública.

Esto significa que no todos los países que han negociado con Estados Unidos necesariamente están recibiendo grandes cantidades de deportados. Algunos han aceptado grupos pequeños; otros funcionan como países de tránsito, desde donde los migrantes pueden ser trasladados posteriormente a su nación de origen o a otro destino.

Uno de los ejemplos más importantes para los latinos es México. Aunque México no es un "tercer país" para los mexicanos, sí lo ha sido para personas de otras nacionalidades. Desde el inicio del segundo mandato de Trump, el gobierno mexicano ha aceptado a miles de personas deportadas desde Estados Unidos que no son mexicanas. Según cifras citadas por Associated Press, México recibió alrededor de 12,000 deportados extranjeros durante 2025, principalmente cubanos y venezolanos, y los traslados continuaron durante 2026.

La estrategia también ha adquirido una dimensión particular para los propios mexicanos. En 2026, Estados Unidos comenzó a enviar a mexicanos a Guatemala y Honduras, en lugar de trasladarlos directamente a México. El gobierno guatemalteco confirmó que 2,284 mexicanos habían llegado a Guatemala en lo que describió como una escala de tránsito antes de ser trasladados a territorio mexicano; Honduras también recibió mexicanos que posteriormente fueron enviados a México.

¿Qué países están recibiendo deportados de Estados Unidos?

En América Latina y el Caribe, Estados Unidos ha utilizado acuerdos o arreglos con México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Costa Rica, Panamá, Ecuador, Paraguay, Belice y San Cristóbal y Nieves, entre otros. En algunos casos, los países reciben personas para posteriormente facilitar su regreso al país de origen; en otros, permiten que permanezcan temporalmente o soliciten algún tipo de protección.

Costa Rica firmó en marzo de 2026 un acuerdo con Estados Unidos para recibir hasta 25 ciudadanos de terceros países por semana. Los primeros grupos incluyeron personas procedentes de países como Albania, Kenia, Marruecos, China, India y Camerún. Costa Rica les ofreció la posibilidad de participar en programas de retorno voluntario, solicitar determinadas categorías de residencia o pedir refugio.

Panamá también ha funcionado como receptor y país de tránsito. En abril de 2026, ambos gobiernos alcanzaron un nuevo acuerdo para recibir personas provenientes de países latinoamericanos de habla española —con excepción de Cuba— y, en determinadas circunstancias, personas de otras nacionalidades. El arreglo contempla hasta 50 personas al mes y documentos de tránsito de 30 días, con la posibilidad de continuar posteriormente hacia el país de origen u otro estado donde tengan derecho a permanecer.

Paraguay mantiene un mecanismo diferente. En agosto de 2025 Estados Unidos y Paraguay firmaron un memorando con elementos de lo que se ha descrito como un "Safe Third Country Agreement", mediante el cual determinadas personas que solicitaron protección en Estados Unidos pueden ser trasladadas a Paraguay y presentar allí sus solicitudes ante la Comisión Nacional de Refugiados. El acuerdo tuvo un anexo en febrero de 2026 y los traslados continuaron este año.

Belice también tiene un acuerdo específicamente relacionado con protección. El convenio, firmado en octubre de 2025, se denomina formalmente "Agreement for Cooperation Regarding the Examination of Protection Requests" y permite transferir a determinados solicitantes de asilo mientras sus casos son procesados. El acuerdo tiene restricciones sobre las nacionalidades que pueden ser trasladadas y establece un límite de personas.

En África, la administración Trump ha establecido algunos de los acuerdos más controvertidos. Estados Unidos ha enviado personas a Eswatini, Rwanda, Ghana, Uganda, Sudán del Sur, Sierra Leona, Camerún, República Centroafricana, Guinea Ecuatorial y Liberia, entre otros países.

En Eswatini, por ejemplo, existe un memorando de entendimiento firmado en mayo de 2025. Estados Unidos ha enviado grupos de personas de distintas nacionalidades y para agosto de 2026 se habían registrado más de 30 traslados. Reuters informó que el acuerdo tiene un valor de 5.1 millones de dólares y ha sido cuestionado por organizaciones de derechos humanos debido a las condiciones de detención de algunos deportados.

Rwanda firmó en junio de 2025 un memorando para recibir hasta 250 nacionales de terceros países. Siete personas fueron trasladadas en agosto de ese año y, posteriormente, el propio Departamento de Seguridad Nacional (DHS) estadounidense reconoció ante un tribunal que había efectuado transferencias a Rwanda conforme al acuerdo.

Camerún acordó en diciembre de 2025 aceptar nacionales de terceros países deportados desde Estados Unidos. USCRI documentó 36 personas trasladadas a ese país en al menos cuatro ocasiones.

En julio y agosto de 2026 la estrategia siguió extendiéndose. Liberia, por ejemplo, comenzó a recibir deportados estadounidenses y un primer grupo de 20 personas llegó al país, dentro de un acuerdo que contempla la recepción de hasta 1,200 deportados.

También existen acuerdos o traslados documentados con países como Uzbekistán, Polonia, Kosovo y Palau. En el caso de Palau, Estados Unidos acordó enviar hasta 75 personas a cambio de un pago de 7.5 millones de dólares, y el primer traslado se produjo en mayo de 2026.

En conjunto, el seguimiento de USCRI muestra que los países que han recibido personas deportadas desde Estados Unidos abarcan África, América Latina y el Caribe, Europa, Asia y Oceanía. La cifra exacta cambia constantemente porque algunos acuerdos permanecen confidenciales y porque existen diferencias entre un país que ha firmado un convenio y uno que efectivamente ha recibido personas.

¿Es lo mismo un tercer país que un "tercer país seguro"?

No. Y esta diferencia es fundamental para entender qué está haciendo Estados Unidos.

"Tercer país" describe principalmente el lugar al que es enviada una persona: es un país distinto de aquel del que es nacional o donde tenía su residencia habitual.

"Tercer país seguro", en cambio, es un concepto relacionado específicamente con la protección internacional y el asilo. Supone que una persona puede ser trasladada a otro estado para que allí se examine su solicitud de protección y que ese estado debe ofrecer condiciones adecuadas de protección, incluido el respeto al principio de no devolución, que impide enviar a una persona a un lugar donde pueda enfrentar persecución, tortura u otros daños graves.

Por eso, no todas las deportaciones a terceros países son deportaciones bajo un acuerdo de "tercer país seguro".

De hecho, el análisis del Migration Policy Institute sobre los acuerdos alcanzados durante el segundo gobierno de Trump distingue entre varias categorías: acuerdos de tercer país seguro o cooperación en materia de asilo, acuerdos que funcionan como puentes de deportación, acuerdos que contemplan encarcelamiento y otros cuyo contenido no ha sido hecho público.

Esta distinción también explica por qué la situación genera preocupación entre organizaciones de derechos humanos. El problema no es únicamente a qué país llega un deportado, sino qué ocurre después: si puede permanecer legalmente allí, solicitar protección, recibir asistencia jurídica, evitar ser detenido indefinidamente o ser enviado nuevamente a un país donde podría correr peligro.

La ONU ha recibido información sobre varios de estos acuerdos y ha expresado preocupación por posibles riesgos de violaciones de derechos humanos y de devolución en cadena, es decir, que una persona sea enviada primero a un tercer país y posteriormente trasladada a otro donde pueda enfrentar persecución o tortura.

Así, para los inmigrantes que viven en Estados Unidos, una orden de deportación ya no necesariamente significa que el siguiente destino será el país que aparece en su pasaporte. Dependiendo de las circunstancias del caso y de los acuerdos vigentes, Estados Unidos puede intentar trasladar a una persona a otro país antes de que llegue a su nación de origen.

Y ese es precisamente la cuestión que hace que las deportaciones a terceros países sean una de las piezas más relevantes, y controvertidas, de la política migratoria de la administración Trump en 2026.