Nicolás Maduro: Quién es su abogado en el juicio en NY y qué significa que Venezuela pague por su defensa

Paul Manafort, exjefe de campaña electoral de Donald Trump en 2016; Julian Assange, fundador de WikiLeaks, y Michael Krautz, exejecutivo hallado inocente en el caso de fraude de Enron, comparten algo en común con el exmandatario venezolano Nicolás Maduro: todos tuvieron al afamado abogado penalista estadounidense Barry Pollack como defensor.

Y ahora el derrocado líder venezolano, heredero político del fallecido Hugo Chávez, podrá contar Pollack en su equipo, una vez que el gobierno de EEUU levantó el bloqueo que impedía que el Estado venezolano pague porlos honorarios legales del abogado litigante.

Pollack, de 61 años, se graduó con honores del Centro de Derecho de la Universidad de Georgetown en 1991, donde posteriormente se convirtió en profesor. Es socio en el bufete neoyorquino Harris St Laurent, que lo describe como "uno de los principales abogados litigantes del país" y "ampliamente reconocido".

Tiene más de 30 años de experiencia representando a particulares "entre ellos, ejecutivos y altos funcionarios del gobierno", así como a empresas y otras organizaciones en juicios, apelaciones e "investigaciones delicadas y, a menudo, de gran repercusión mediática", indica el bufete.

La labor de Pollack abarca industrias de los sectores financiero, aseguradoras, medios de comunicación y entretenimiento, bienes raíces, tecnología y criptomonedas y emprendimientos de riesgo. Y sus áreas de desempeño son arbitraje y litigios comerciales, disputas corporativas, investigaciones y defensa en casos de delitos de cuello blanco y asuntos regulatorios.

Entre los logros más destacables de Pollack figura la negociación de un acuerdo de declaración de culpabilidad que dio lugar a la puesta en libertad de Assange, quien había sido acusado de violar la Ley de Espionaje por publicar información clasificada filtrada por Chelsea Manning.

A esto se le suma la inocencia de Krautz con Enron, uno de los dos casos que no terminó con culpabilidad en las numerosas acusaciones por el escándalo de la empresa energética; y el caso de Martin Tankleff, un hombre de Long Island, en Nueva York, que fue liberado tras 17 años en prisión por presuntamente haber asesinado a sus padres.

Tankleff, con Pollack en su equipo, logró 13.4 millones de dólares en compensaciones en demandas civiles.

El bufete Harris St Laurent presenta testimonios de clientes no identificados de Pollack, que dicen del litigante que es "un abogado meticuloso y reflexivo" que "vive, respira y sueña con los juicios, y se desenvuelve con total naturalidad ante los jurados".

Otra opinión afirma que "Barry es una leyenda en el mundo de los ejecutivos".

La controversia sobre el pago de la defensa de Maduro

Nicolás Maduro, de 63 años, fue capturado la madrugada del 3 de enero en Caracas por militares estadounidenses, en una operación de fuerzas especiales que culminó con el traslado del exmandatario y su esposa, Cilia Flores, de 69 años, a una prisión en Nueva York para ser juzgados por narcoterrorismo y otros cargos.

Prácticamente de inmediato se conoció que Pollack asumía la defensa de Maduro, que un par de días después se presentó ante el juez del Distrito Sur de Nueva York, Alvin Hellerstein, declarándose como un inocente que fue secuestrado y que era "presidente de mi país".

Pollack afirmó entonces sobre Maduro que es "el jefe de un Estado soberano y tiene derecho a los privilegios e inmunidades que conlleva ese cargo".

Una acusación formal de 25 páginas imputa a Maduro y a otras personas de colaborar con cárteles de la droga y miembros del ejército venezolano para facilitar el envío de miles de toneladas de cocaína a Estados Unidos. A él y a Flores también se les acusa de ordenar secuestros, palizas y asesinatos de quienes les debían dinero por drogas o socavaban su operación de tráfico. Si son declarados culpables, se enfrentan a cadena perpetua.

Pero el primer escollo para la defensa de Maduro surgió a finales de febrero. Pollack comunicó a un juez federal de Manhattan en un correo electrónico que el departamento del Tesoro había bloqueado la autorización de los honorarios legales que el gobierno de Venezuela está obligado a pagar por Maduro y Flores, de conformidad con su legislación y sus prácticas habituales, bajo el argumento de que las sanciones financieras contra el país caribeño impedían dichas transacciones.

"El Sr. Maduro, en su calidad de jefe de Estado de Venezuela, tiene tanto el derecho como la expectativa de que los gastos legales relacionados con estos cargos sean sufragados por el gobierno de Venezuela", expreso Pollack en un escrito ante la corte.

Según el abogado, menos de una semana después de la detención de Maduro, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Tesoro había dado permiso para el pago de los costos legales de la defensa. Pero, en menos de tres horas esa decisión fue revocada "sin explicación".

Pollack advirtió que esto podría vulnerar el derecho constitucional de Maduro a la asistencia legal.

El juez presiona al gobierno y menciona el "primordial derecho a la defensa"

En una posterior audiencia a finales de marzo el juez Hellerstein presionó al gobierno de EEUU sobre los motivos para impedir que Venezuela pague los honorarios legales de Maduro en el juicio por narcotráfico.

En el tribunal, el fiscal federal adjunto Kyle Wirshba había dicho entonces que las sanciones, vigentes mucho antes de que Maduro y Flores fueran acusados, se debieron a denuncias de que el gobierno de Maduro reprimía la libertad de expresión y saqueaba la riqueza venezolana.

Permitirles usar fondos del gobierno venezolano para defenderse en un caso que surge de esa conducta "socavaría las sanciones", dijo Wirshba.

Estados Unidos ha dicho que Maduro y Flores pueden usar fondos personales para pagar a sus abogados. Ellos han dicho que no tienen dinero.

Pero los abogados defensores argumentaron que EEUU está violando los derechos constitucionales del mandatario depuesto con su postura sobre los gastos legales de la pareja.

Y el juez Hellerstein preguntó por qué el argumento de la fiscalía sobre las sanciones financieras sigue vigente, ahora que las relaciones entre Estados Unidos y Venezuela se han relajado un poco con la flexibilización y licencias para las industrias petrolera y minera, y con el envío de un Encargado de Negocios a la embajada de EEUU en Caracas.

"Hemos cambiado la situación en Venezuela", observó Hellerstein, insinuando que el argumento para seguir bloqueando los fondos de la defensa también ha cambiado. "El objetivo y la necesidad primordiales actuales y el derecho constitucional es el derecho a la defensa".

En este contexto, Pollack solicitó al juez que desestime la acusación contra su cliente alegando que Estados Unidos ha violado de manera inconstitucional su derecho a defenderse al bloquear los fondos venezolanos destinados a sufragar sus gastos legales.

Pollack también apeló al argumento fiscal de impedir defensores privados para Maduro: sostuvo que si a su cliente le asignaran defensores públicos, investigar y preparar su caso agotaría recursos legales destinados a personas que no pueden pagar sus propios abogados. Eso no tiene sentido, sostuvo, en "un caso en el que hay alguien distinto del contribuyente estadounidense listo, dispuesto y capaz de financiar esa defensa".

Sin embargo, Hellerstein se negó entonces a anular el caso.

Implicaciones legales y diplomáticas de la defensa privada pagada por Venezuela

La controversia sobre los honorarios legales de Maduro está estrechamente vinculada a la política exterior de Estados Unidos. La primera administración de Trump rompió relaciones con Maduro en 2019, reconociendo al entonces presidente de la Asamblea Nacional, de la oposición, como líder legítimo de Venezuela. La administración de Biden siguió fielmente la misma política.

Y luego de varios meses en el impasse sobre el pago de los honorarios, este viernes se conoció que el departamento del Tesoro permitirá "a los abogados de la defensa recibir pagos del gobierno de Venezuela bajo ciertas condiciones", escribió el fiscal de Nueva York, Jay Clayton, al juez encargado del caso, Alvin Hellerstein, en una carta.

Según la misiva, los fondos deben haber estado disponibles después del 5 de marzo de 2026 y no pueden proceder de las ventas de petróleo venezolano reguladas en Estados Unidos.

Washington controla de facto la exportación de crudo venezolano, cuyos ingresos se depositan en cuentas especiales supervisadas por la Casa Blanca.

Y de acuerdo con el mismo escrito presentado el viernes, la defensa reconoce la exención de las sanciones y retira por ahora su moción para desestimar los cargos.

Sin embargo, permitir que el gobierno de Rodríguez corra con los gastos de la defensa de Maduro podría complicar los esfuerzos de la fiscalía ante los tribunales para rebatir el argumento del líder derrocado de que su captura fue ilegal y de que, en su calidad de jefe de Estado extranjero, goza de inmunidad judicial en virtud de la legislación estadounidense e internacional.

Y en medio de esto, Washington, en su acercamiento con el gobierno de la presidente encargada venezolana Delcy Rodríguez —vicepresidenta de Maduro cuando este fue capturado— ha sido reconocida por la Casa Blanca como gobernante en Venezuela.

Maduro se autodenomina "prisionero de guerra" y se ha declarado no culpable de los cuatro cargos que enfrenta: conspiración de "narcoterrorismo", conspiración para la importación de cocaína, posesión de ametralladoras y artefactos destructivos, y conspiración para poseer ametralladoras y artefactos destructivos.

Él y su esposa están recluidos por separado en una prisión de máxima seguridad en el distrito neoyorquino de Brooklyn.