El gobierno de Donald Trump inició hace varias semanas una campaña militar —que calificó como antinarcóticos— en el mar Caribe, desplegando buques de guerra, aviones, un submarino y miles de soldados frente a las costas de Venezuela.
Ataques militares de EEUU a supuestas lanchas del narco en el Caribe: expertos analizan su legalidad
La administración del presidente Donald Trump acumula hasta la fecha cuatro ataques militares a embarcaciones pequeñas que, según el gobierno, transportaban drogas en el mar Caribe. Las lanchas fueron destruidas dejando un saldo de al menos 17 fallecidos, según el conteo de los reportes oficiales. Pero expertos cuestionan la legalidad del operativo militar ordenado por la Casa Blanca, considerando que la lucha contra las drogas son operaciones de aplicación de la ley y no escenarios de guerra.
Por:
Ernesto Tovar
Video Video del cuarto ataque de EEUU a embarcación de presuntos narcotraficantes cerca de Venezuela
Hasta la fecha este operativo ha destruido al menos tres pequeñas embarcaciones, tipo lanchas, que el gobierno dijo —sin mostrar evidencias— que transportaban drogas y eran operadas por supuestos "terroristas" de origen venezolano, o vinculados a la pandilla de origen venezolano Tren de Aragua.
Esto ocurrió en coincidencia con el incremento a $50 millones de la recompensa que ofrece EEUU por Nicolás Maduro, a quien la Casa Blanca considera líder del grupo narcotraficante llamado Cartel de los Soles, lo que ha elevado las tensiones entre ambos países.
Los ataques contra este puñado de botes se han hecho con misiles y drones militares, y no se detendrán, según las afirmaciones del presidente Trump, del secretario de Estado, Marco Rubio, y del secretario de Guerra, Pete Hegseth.
"A todo matón terrorista que esté traficando drogas venenosas hacia los Estados Unidos de América: téngase por avisado, lo haremos saltar por los aires", dijo Trump ante la Asamblea General de la ONU. Rubio, por su parte, indicó hace algunas semanas que "la interceptación" de los embarques de drogas "no funciona", y que "lo que detendrá a los carteles es volarlos y deshacerse de ellos".
Hegseth, fue más explícito: "los rastrearemos, los mataremos y desmantelaremos sus redes en todo nuestro hemisferio, en el momento y el lugar que elijamos", dijo en sus redes sociales.
Pero la legalidad de estas actuaciones militares está en discusión, a partir de lo establecido en las leyes de EEUU, en el derecho internacional y en los convenios de derechos humanos, explican expertos legales y congresistas.
"Con base en la información que conocemos actualmente, los ataques parecen ser ilícitos según el derecho internacional", manifiesta Celeste Kmiotek, abogada del Proyecto de Litigio Estratégico del Atlantic Council, entrevistada por Univision Noticias.
"Según el derecho internacional de los derechos humanos" dice Kmiotek, los ataques a las embarcaciones "parecerían un asesinato extrajudicial en violación de tratados como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos".
Y añade que "bajo la legislación estadounidense, esto podría violar una serie de leyes y regulaciones, incluida la prohibición del asesinato, entre otras".
Sospechas de asesinatos extrajudiciales
" El derecho internacional no permite a los gobiernos simplemente asesinar a presuntos narcotraficantes", afirmaron Ben Saul, Morris Tidball-Binz y George Katrougalos, relatores especiales de la ONU para derechos humanos, ejecuciones extrajudiciales y promoción de la democracia, en un comunicado, tras conocerse el primer ataque, que dejó 11 fallecidos según la Casa Blanca.
"Las actividades delictivas deben desarticularse, investigarse y perseguirse de conformidad con el Estado de derecho, incluso mediante la cooperación internacional", dijeron.
La portavoz de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Ravina Shamdani, opinó de forma similar: "Las personas no deberían ser asesinadas por usar, traficar o vender drogas”
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La narrativa de la administración Trump ha apuntado a considerar a los supuestos criminales narcotraficantes como objetivos militares, pese a que no existen tales condiciones de conflicto armado o guerra, explica Kmiotek.
"A pesar de que Trump usó un lenguaje relacionado con el uso de la fuerza militar, no parece que Estados Unidos esté en un conflicto armado (ya sea con un grupo armado específico o con algún Estado). Esto significa que el derecho internacional humanitario no se aplica, lo cual es fundamental, ya que cambia la forma de determinar cuándo está permitido el uso de fuerza letal", indica la abogada.
Esto no significa que los ataques hubieran sido legales si hubieran ocurrido dentro de un conflicto armado, "pues según los hechos disponibles parece muy poco probable que hubieran sido ataques legales".
Y aclara Kmiotek que " en ausencia de un conflicto armado, las acciones del personal estadounidense se considerarían generalmente como una cuestión de aplicación de la ley", para los cuales "la fuerza letal se reserva únicamente para cuando es 'estrictamente inevitable para proteger la vida'".
"En ausencia de esta amenaza, el uso de fuerza letal violaría leyes bajo diversos marcos normativos", enfatiza la experta.
Lenguaje de guerra similar al del 11 de septiembre
Mark P. Nevitt, un comandante del Cuerpo de Abogados de la Marina y profesor en la Escuela de Leyes de la Universidad Emory, coincide en que " los ataques lucen como ilegales bajo las leyes internacionales y domésticas", en un artículo escrito para Just Security.
El antiguo oficial naval considera que los ataques son una importante escalada en el enfoque de las Fuerzas Armadas estadounidenses en las operaciones antidrogas.
"Tomando prestado el lenguaje de la "Guerra Global contra el Terror" posterior al 11-S, la administración Trump intenta convertir las misiones antinarcóticos en operaciones antiterroristas. Pero aplicar una nueva etiqueta a un viejo problema no transforma el problema en sí, ni otorga al presidente ni al ejército estadounidense una mayor autoridad legal para matar civiles", asegura Nevitt.
El procedimiento, según Nevitt, es similar al descrito por los expertos de la ONU. " Normalmente, un barco de este tipo sería interceptado y abordado, la droga confiscada y las personas a bordo arrestadas y procesadas".
Y describe que "si la embarcación se niega a obedecer, la Guardia Costera puede recurrir a disparos de advertencia y fuego de desactivación. Ninguno de estos procedimientos de escalada de fuerza se siguió en este caso. ¿Por qué?"
De acuerdo con reportes de varios medios estadounidenses y de la agencia de noticias AP, al menos una de las embarcaciones destruidas había dado la vuelta y estaba navegando de regreso a las costas cuando fue atacada.
El secretario Rubio dijo sobre esto que "no podemos vivir en un mundo en el que, de repente, den un giro de 180 grados y ya no podamos tocarlos".
Críticas desde el Congreso hacia los ataques ordenados por Trump
Desde el Congreso Senadores y Representantes han expresado sus inconformidad por la forma y los mecanismos en cómo la Casa Blanca ha desplegado el operativo militar, y ha dado muerte a casi una veintena de personas en cuatro embarcaciones destruidas.
El senador Jack Reed, demócrata por Rhode Island, y que es un exoficial retirado del Ejército, graduado en West Point, criticó la campaña militar por no contar con autorización del Congreso, que tampoco había recibido información como "la inteligencia que justificó ese ataque, la autoridad legal en la que se basó el Presidente y una garantía de que no estamos derivando hacia otra guerra no declarada".
Kmiotek explica que, a partir de la carta de Trump al presidente del Senado fechada el 4 de septiembre (dos días días después del primer ataque en el Caribe), el presidente considera que "su autoridad para estos casos se deriva del Artículo II, Sección 2 de la Constitución", referida a los poderes del Comandante en Jefe del Ejército.
Pero Reed, que es graduado en Leyes de Harvard y participa en el Comité de Servicios Armados del Senado, expresó en su intervención en el Congreso del 9 de septiembre que " el Artículo II no es un cheque en blanco. El presidente es el Comandante en Jefe, pero el Congreso conserva la facultad exclusiva de declarar la guerra en virtud del artículo I, sección 8, de la Constitución".
Con base a esto, Reed dijo estar "profundamente preocupado por las acciones militares" en el Caribe, "que se llevaron a cabo sin autorización del Congreso, sin una justificación legal clara y sin ninguna prueba de que fueran necesarias para proteger a Estados Unidos o a sus fuerzas de una amenaza inminente".
Civiles de grupos políticos ideologizados y afectos a Nicolás Maduro sostienen fusiles durante un entrenamiento militar sobre armamento en la base Fuerte Tiuna, en Caracas, el 20 de septiembre de 2025.
Imagen PEDRO MATTEY/AFP via Getty Images
El senador resaltó que si bien es un compromiso necesario combatir a las organizaciones criminales trasnacionales, hay riesgos de convertir la campaña en una guerra con Venezuela: tras los primeros ataques, el gobierno de Nicolás Maduro ordenó la movilización de miles de soldados y reservistas, e inició ejercicios militares navales en el espacio territorial venezolano en el Caribe, con barcos y naves de guerra.
¿Ataques a las 'narcolanchas' fueron en defensa propia?
También describió que según reportes de la prensa, se usaron armas letales como "helicóptero de ataque o un avión no tripulado MQ-9 Reaper"
"No hay pruebas —ninguna— de que este ataque se llevara a cabo en defensa propia. Eso importa, porque bajo la ley nacional e internacional, el Ejército de EEUU simplemente no tiene la autoridad para usar fuerza letal contra un buque civil a menos que actúe en defensa propia", dijo Reed.
Se refirió también a que no se hayan entregado pruebas de que las embarcaciones eran del narcotráfico, y enfatiza que incluso, si efectivamente lo eran, "nuestras fuerzas armadas no son fuerzas del orden. No están facultadas para perseguir a presuntos delincuentes y matarlos sin juicio previo".
Los reclamos de Reed, y de más de 20 senadores demócratas, fueron enviados a la Casa Blanca en una carta que apuntaba al hecho de que el gobierno de Trump no ha proporcionado "ninguna justificación legal legítima" para el ataque.
Las críticas también vienen desde la Cámara Baja: los representantes demócratas Gregory Meeks de Nueva York, Adam Smith de Washington, Jim Himes de Connecticut, y Bennie Thompson de Mississippi, quienes son miembros de los comités de Asuntos Exteriores, Servicios Armados, Inteligencia y Seguridad Nacional, emitieron un comunicado cuestionando que el presidente Trump "de forma unilateral" lanzara un ataque con fuerza militar letal en lugar de una respuesta policial.
¿Puede haber acciones legales por los ataques a embarcaciones en el Caribe?
La abogada Celeste Kmiotek afirma a Univision Noticias que una investigación de las Naciones Unidas "como una comisión de investigación dependiente del Consejo de Derechos Humanos, sería un paso positivo para reunir más detalles, documentar los ataques y proporcionar análisis jurídicos preliminares" sobre la legalidad de las acciones militares de EEUU en el Caribe.
Algunas de las consecuencias de esto, sostiene, sería evitar que se "normalicen los ataques" y "contrarrestar las justificaciones jurídicas engañosas", al tiempo que podría facilitar las acciones legales pertinentes.
Al respecto, la portavoz Shamdasani, de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, manifestó a inicios de septiembre que " toda pérdida de vidas en el contexto de una operación de aplicación de la ley debe ser investigada de manera independiente, rápida y transparente”.
Asimismo, para abordar las acciones de EEUU como Estado, "las partes afectadas pueden presentar una petición alegando una violación de los derechos humanos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos", explica Kmiotek.
"Además, si se produjera un conflicto entre Venezuela (u otro Estado) y Estados Unidos que fuera competencia de la Corte Internacional de Justicia (por ejemplo, un conflicto relacionado con determinados tratados), Venezuela podría solicitar la apertura de un procedimiento", añade.
Sobre la actuación de los funcionarios, los tribunales de EEUU "pueden tener jurisdicción", dice Kmiotek. " En Estados Unidos estos casos podrían estar en los tribunales civiles o bajo el Código Uniforme de Justicia Militar".
Sin embargo, los tribunales nacionales —tanto en EEUU como en otros países— pueden verse limitados por las inmunidades, que puede amparar a determinados funcionarios, incluidos los jefes de Estado, o que cubren a los funcionarios actuales o anteriores por actos realizados en el ejercicio de sus funciones oficiales.
Estas prerrogativas expiran cuando el funcionario deja su cargo, y muchas jurisdicciones consideran que las inmunidades funcionales no cubren ciertas violaciones graves del derecho internacional.
Además, existen mecanismos internacionales como la Corte Penal Internacional, pero esta "se limita a las violaciones graves del derecho internacional, incluidos los crímenes contra la humanidad, los crímenes de guerra, el genocidio y la agresión", explica Kmiotek.
"Venezuela es un Estado Parte, por lo que si EEUU extiende sus acciones al territorio venezolano, y si las acciones de EEUU se intensifican hasta cumplir los criterios de crímenes bajo la jurisdicción de la Corte, ésta podría exigir responsabilidades a los dirigentes estadounidenses", señala.
Venezuela planteó la semana pasada que la ONU investigue los ataques a embarcaciones en el Caribe como "crímenes de lesa humanidad", reportó AFP.
Mark P. Nevitt plantea en su artículo para Just Security que la ausencia de evidencias de la Guardia Costera de EEUU esté participando en el operativo en el Caribe, "constituye una prueba más de que Trump considera la confrontación con el presidente venezolano, Nicolás Maduro, como algo distinto a una misión policial destinada a interceptar drogas".
En su opinión, "hay más preguntas que respuestas sobre la legalidad de este ataque", en aspectos como la bandera de las naves, su origen y destino, por qué no se usaron medidas de fuerza escaladas, o sobre el asesoramiento jurídico de la operación".