En una polémica decisión (6 a 3) de la Corte Suprema de Estados Unidos en septiembre, el más alto tribunal del país revocó la orden de un juez que prohibía a los agentes federales en Los Ángeles detener a personas e interrogarlas sobre su estatus migratorio basándose únicamente en su apariencia, el idioma que hablan o el lugar en donde se encuentran.
'Kavanaugh stops': cómo una decisión de la Corte Suprema dio luz verde al perfil racial en operativos de ICE
Una opinión del juez conservador Brett Kavanaugh ha dado paso a la frase 'Kavanaugh stops', al aceptar que agentes federales detengan a alguien si tienen "una sospecha razonable" de que se encuentra en EEUU sin estatus legal. A esa "sospecha razonable" se llega tomando en cuenta la "etnia aparente" de la persona, si habla otro idioma fuera del inglés o si lo habla con acento, y si se encuentra en lugares como paradas de autobús o puntos de recogida de jornaleros.
Por:Grettel Reinoso
Video Corte Suprema levanta restricciones a redadas en Los Ángeles: las implicaciones para inmigrantes
Aunque no es un fallo final sobre ese caso (Noem vs. Vázquez Perdomo), al aceptar la solicitud de emergencia del gobierno la Corte Suprema dio luz verde a los agentes federales, al menos mientras continúa el litigio, para seguir haciendo arrestos y utilizando tácticas agresivas que sus críticos aseguran que son inconstitucionales y violan la Cuarta Enmienda.
De hecho, tanto una corte federal de Los Ángeles como el Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito habían dictaminado que estas acciones constituían ejemplos ilegales de perfil racial.
Sin embargo, aunque la corte no explicó su decisión, una opinión concurrente del juez conservador Brett Kavanaugh, nombrado por el presidente Donald Trump en su primer mandato, afirmó que los agentes sí pueden detener a alguien si tienen "una sospecha razonable" de que esa persona se encuentra en Estados Unidos sin estatus legal. Aunque agregó, si bien la "etnia aparente" por sí sola no puede determinar una sospecha razonable, sí puede determinarla si se combina con otros factores, como por ejemplo, que la persona hable español o inglés con acento, y que se encuentre en lugares como paradas de autobús, lavaderos de autos o puntos de recogida de jornaleros, como los Home Depot.
Sus palabras llevaron al término 'Kavanaugh stops' para catalogar cuando un agente migratorio para o detiene a una persona a partir de lo que se conoce como perfil racial o 'racial profiling'.
El impacto de los 'Kavanaugh stops' o las detenciones basadas en perfil racial
Anil Kalhan, profesor de Derecho de Drexel University, describió los controles migratorios basados en los factores sugeridos en la opinión concurrente del magistrado como 'Kavanaugh stops'. El término también fue promovido por la abogada de derechos civiles Sherrilyn Ifill de Howard University.
“La Corte Suprema, en efecto, autorizó la práctica del Poder Ejecutivo de aplicar perfiles raciales sin considerar seriamente los perjuicios que resultan de las paradas, arrestos, detenciones y deportaciones indebidas”, declaró a Bloomberg Law Elora Mukherjee, directora de la Clínica de Derechos de los Inmigrantes de la Facultad de Derecho de Columbia.
“El término ‘Kavanaugh stops' ofrece una abreviatura coloquial útil para describir los daños devastadores y predecibles que enfrentan las personas y las comunidades”, agregó.
En un reporte publicado el pasado 16 de octubre, el medio ProPublica había identificado que más de 170 ciudadanos estadounidenses fueron detenidos por agentes de inmigración. Según ese reporte, entre ellos había unos 20 niños y, de ellos, dos con cáncer. También había al menos tres mujeres embarazadas.
Sin embargo, el gobierno no parece estar haciendo un seguimiento de estos casos, según David Bier, director de estudios migratorios del Cato Institute.
“Es fácil presentar esto como un suceso aislado, algo excepcional, cuando el gobierno no recopila datos de forma sistemática”, explicó Bier a Bloomberg Law. “Las lagunas en los datos están generando consecuencias legales", agregó.
En su opinión, Kavanaugh afirmó que tales encuentros deberían ser “típicamente breves” y que los agentes de inmigración deberían liberar rápidamente a las personas una vez que se determine su estatus migratorio. Pero muchas veces no ocurre así.
Notas Relacionadas
Para el magistrado, el daño que sufren estas personas detenidas e interrogadas, incluso cuando se encuentran legalmente en Estados Unidos, es "modesto" y "esas personas pueden quedar en libertad rápidamente tras aclarar a los agentes de inmigración que son ciudadanos estadounidenses o que se encuentran legalmente en Estados Unidos".
Pero organizaciones, defensores y los propios ciudadanos han denunciado situaciones muy distintas.
Por ejemplo, en una demanda presentada contra el gobierno de Trump por víctimas de perfil racial en el Distrito de Columbia, un grupo de personas con estatus legal en Estados Unidos describe cómo agentes de ICE y/o la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) los detuvieron durante horas, o incluso hasta el día siguiente. En algunos casos permanecieron esposados y fueron trasladados a centros por el simple hecho de ser latinos. Este panorama, aseguran, les hace vivir con temor de que les vuelva a ocurrir tal situación.
La lógica de Brett Kavanaugh se sustenta en un caso sobre "la apariencia mexicana"
Aunque está enfocado en las redadas recientes en Los Ángeles, el caso Vásquez Perdomo abre el debate al alcance de la Cuarta Enmienda, que regula cuándo las autoridades pueden detener a alguien sin una orden judicial. La norma permite una detención breve si existe una “sospecha razonable” basada en hechos específicos.
Este caso cuestiona qué puede considerarse “razonable” en el contexto migratorio. Para defender su postura, el gobierno se apoyó en el caso United States v. Brignoni-Ponce (1975), donde la Corte Suprema aprobó que la Patrulla Fronteriza tomara en cuenta la “apariencia mexicana” ("el modo de vestir y el pelado") como uno de los factores para que los agentes pensaran que una persona podía ser indocumentada. En aquel momento, los jueces aceptaron ese criterio por las estimaciones demográficas de la época y lo limitaron principalmente a zonas cercanas a la frontera.
En su opinión concurrente del tema, el juez Kavanaugh amplifica esa lógica de la "apariencia mexicana" y la proyecta al caso de Vásquez Perdomo, alegando que los agentes pueden considerar múltiples elementos, como el idioma, lugar de trabajo, o etnicidad apartente, para justificar una detención migratoria breve. Para el magistrado, esto es de "sentido común" y es compatible con la Cuarta Enmienda.
En cambio, para César Cuauhtémoc García Hernández, de la cátedra de Derechos Civiles y Libertades Civiles en la Universidad Estatal de Ohio, el problema central de esta lógica radica en que ni el idioma ni la “apariencia” permiten deducir a simple vista si alguien tiene permiso legal para vivir en Estados Unidos.
"En Los Ángeles, por ejemplo, la mayoría de las personas nacidas en el extranjero son ciudadanas naturalizadas y el bilingüismo es completamente normal. Además, la mitad de la población del condado se identifica como latina y la mayoría son ciudadanos estadounidenses. De hecho, dos demandantes en el caso Vásquez Perdomo son ciudadanos detenidos por error", detalla García Hernández en una publicación en SCOTUSblog.
Aunque Kavanaugh asegura que es un tema de "sentido común", su opinión respalda el creciente riesgo de detenciones basadas en prejuicios étnicos y lingüisticos, no en indicios reales de una irregularidad migratoria.
Video ICE arrestó con violencia a estos ciudadanos de EEUU: ahora exigen compensaciones millonarias
El duro disenso de la jueza Sonia Sotomayor
Las tres juezas liberales de la Corte Suprema votaron en contra de revocar la orden de un juez que prohibía las detenciones sobre el estado migratorio que se basen en la apariencia, el idioma o el lugar de trabajo de las personas.
En un documento de disenso de 21 páginas, la magistrada Sonia Sotomayor condena el hecho de que el más alto tribunal haya dado luz verde al gobierno para crear "un estatus de ciudadano de segunda clase".
"No deberíamos tener que vivir en un país donde el gobierno pueda detener a cualquiera que tenga apariencia latina, hable español y parezca ocupar un empleo de bajos salarios", escribió la jueza.
Sotomayor, la primera y única magistrada latina en la Corte Suprema, condenó que el gobierno "prácticamente ha declarado que todos los latinos, ciudadanos estadounidenses o no, que trabajen en empleos mal remunerados, pueden ser detenidos en cualquier momento, apartados del trabajo y retenidos hasta que presenten pruebas de su situación legal a satisfacción de los agentes".
Sotomayor también criticó directamente la opinión concurrente de Kavanaugh en este caso.
“Los agentes de inmigración no realizan ‘breves detenciones para interrogatorios’, como pretende hacer creer la opinión concurrente”, escribió la magistrada. “Detienen a personas utilizando armas de fuego, violencia física y detenciones en almacenes. Los inmigrantes indocumentados no son los únicos perjudicados por la conducta del gobierno. Ciudadanos estadounidenses también son detenidos, despedidos de sus trabajos e impedidos de trabajar para mantenerse a sí mismos y a sus familias”, agregó.
Sotomayor señaló que la realidad sobre el terreno es que los detenidos, aunque sean ciudadanos o residentes legales, no suelen ser liberados enseguida, como lo describió Kavanaugh.
“La opinión concurrente traslada indebidamente la carga de la prueba a toda una clase de ciudadanos, obligándolos a portar suficiente documentación para demostrar que merecen estar en libertad”, declaró Sotomayor. “La Constitución no permite la creación de un estatus de ciudadanía de segunda clase”, agregó.
'Palmer Raids', un atecedente de los 'Kavanaugh Stops'
Esta no es la primera vez que una ofensiva migratoria se asocia con el nombre de una personalidad pública reconocida con algún tipo de relación con el caso. Hace más de un siglo, el fiscal general de Woodrow Wilson, Mitchell Palmer, supervisó una serie de redadas masivas contra extranjeros sospechosos de ser comunistas o anarquistas.
En este contexto, en medio de un clima de temor como parte de la primera oleada anticomunista, miles de personas fueron detenidas en todo el país, en su mayoría sin evidencias ni órdenes judiciales. Fueron interrogadas y mantenidas bajo condiciones inhumanas, y se les prohibió el acceso a abogados.
Palmer ordenó expulsiones masivas y cientos de personas fueron deportadas. Las redadas se detuvieron finalmente gracias al entonces secetario interino de Trabajo, Louis Post, cuyo cargo incluía la revisión de las órdenes de deportación. Post anuló la mayoría de ellas.
Mira también:
Video Padre denuncia que su hijo ciudadano fue golpeado y detenido durante redada en California