Jueza federal impone restricciones a las detenciones migratorias de la administración Trump en Washington DC

Grupos de libertades civiles y derechos de los inmigrantes consiguieron que la jueza resolviera a su favor de forma preliminar en una demanda contra el DHS y las detenciones de agentes de inmigración sin orden judicial o causa probable.

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Una jueza federal ordenó el martes por la noche que la administración de Donald Trump ponga freno a los arrestos generalizados por inmigración en Washington DC sin órdenes judiciales ni causa probable de que la persona represente un riesgo inminente de fuga.

La jueza federal de distrito Beryl Howell concedió así la solicitud de grupos de libertades civiles y derechos de los inmigrantes en una demanda contra el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos.

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Un correo electrónico enviado al DHS fuera del horario de atención el martes no fue respondido de inmediato.

Los agentes que realizan arrestos por inmigración generalmente deben contar con una orden administrativa. Según la Ley de Inmigración y Nacionalidad, solo pueden realizar arrestos sin orden judicial si tienen causa probable para creer que la persona se encuentra en Estados Unidos ilegalmente y hay riesgo de que escape antes de que se pueda obtener una orden judicial, según el fallo de Howell.

La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) y otros abogados de los demandantes argumentaron que los agentes federales patrullaban y establecían puestos de control con frecuencia en Washington DC, barrios con gran cantidad de inmigrantes latinos, y luego detenían y arrestaban a personas indiscriminadamente.


Presentaron declaraciones juradas de personas que, según afirman, fueron arrestadas sin orden judicial ni la evaluación requerida del riesgo de fuga, y citaron declaraciones públicas de funcionarios de la administración que, según ellos, demostraban que la administración no estaba utilizando el criterio de causa probable.

Los abogados de la administración negaron que existiera una política que permitiera tales arrestos.

Howell, quien fue nominada al tribunal por el presidente demócrata Barack Obama, afirmó que los demandantes habían "establecido una probabilidad sustancial de una política y práctica ilegal por parte de los acusados al realizar arrestos civiles de inmigración sin orden judicial y sin causa probable".

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"La omisión sistemática de los acusados en aplicar el criterio de causa probable, incluyendo la falta de consideración del riesgo de fuga, viola directamente" la ley de inmigración y las regulaciones de implementación del Departamento de Seguridad Nacional, afirmó.

Qué ordenó la jueza Howell al DHS en Washington DC

Además de bloquear la política, ordenó a cualquier agente que realice un arresto de inmigración sin orden judicial en Washington que documente "los hechos específicos y particularizados que respaldan la causa probable previa al arresto para creer que hay riesgo de fuga antes de que se pueda obtener una orden judicial".

Howell también exigió al gobierno que presentara dicha documentación a los abogados de los demandantes.

El fallo es similar a otros dos en demandas federales que también involucraron a la ACLU, uno en Colorado y otro en California.

Otro juez había emitido una orden de restricción que impedía a los agentes federales detener a personas únicamente por su raza, idioma, trabajo o ubicación en el área de Los Ángeles tras descubrir que realizaban detenciones indiscriminadas. Sin embargo, la Corte Suprema levantó esa orden en septiembre.