Casi un año después del envío de una carta automatizada a miles de inmigrantes que entraron a Estados Unidos durante el gobierno de Joe Biden bajo el programa CBP One, y en la que se les ordenó abandonar el país en un plazo de siete días, una jueza federal de Boston, Massachusetts, dictó que el documento era ilegal y restituyó los beneficios a los afectados.
Fallo declara ilegal la cancelación de CBP One: ¿qué pasa ahora con los 900,000 migrantes que lo utilizaron?
En una decisión de 25 páginas, una jueza federal de Boston, Massachussets, anuló una carta enviada por el gobierno en 2025 a miles de inmigrantes que entraron bajo el programa CBP One y les daba siete días para irse o serían encontrados. Ahora podrán seguir luchando por sus casos de asilo.
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Aproximadamente 930,000 personas utilizaron el programa CBP One para entrar a Estados Unidos.
En la decisión de 25 páginas, la jueza Allison D. Burroughs certificó “una clase” de demandantes y determinó que “las terminaciones del estatus de libertad condicional de los miembros de la clase, anunciadas mediante el Correo Electrónico de Terminación de abril de 2025, quedan ANULADAS”.
“Se ordena a los demandados (el gobierno) restituir a los miembros de la clase al estatus de libertad condicional que poseían con anterioridad al Correo Electrónico de Terminación de abril de 2025”, se lee en la sentencia.
¿Qué significa el fallo? ¿A quiénes se aplica? Te explicamos.
1.
Qué es el programa CBP One
En enero de 2023, durante el gobierno de Biden, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) activó una aplicación móvil que permitió a ciertos inmigrantes que se encontraban en México entregar información por adelantado y luego acudir a un puerto fronterizo para ser admitido legalmente.
La aplicación, conocida como CBP One, permitió a personas sin los documentos correspondientes ingresar a EEUU a través de ciertos puertos de entrada terrestres autorizados en la frontera suroeste y la capacidad de ingresar información a través de un módulo dentro de la aplicación en lugar de ir directamente a un puerto de entrada.
Quienes no utilizaran este nuevo mecanismo de entrada, advirtió el gobierno, serían deportados de manera expedita bajo el Título 42 de los Centros para el Control de las Enfermedades (CDC) por razones de seguridad sanitaria debido a la pandemia del COVID-19, o bajo el Título 8 por razones de inadmisibilidad.
Al presentarse en la frontera, previo registro en la aplicación y el recibo de una Notificación de Comparecencia (NTA), fueron entrevistados. La mayoría de los casos que demostraron temor creíble fueron enviados a la Corte de Inmigración para que un juez decida sus futuros en el país. A otros se les permitió entrar y sus casos fueron remitidos a la Oficina de Aduanas y Control Fronterizo (ICE) para decidir el curso de sus peticiones. Ambos grupos recibieron un “parole” que, a su vez, les permitió obtener una autorización de empleo mientras aguardaban la resolución de sus casos, que puede demorar años.
La aplicación permitió el ingreso de unos 930,000 inmigrantes de distintas nacionalidades, principalmente latinoamericanos.
2.
Qué hizo el gobierno de Trump
El 20 de enero de 2025, tras la toma de posesión de Donald Trump como presidente, la Oficina de Aduanas y Control de Fronteras (CBP) canceló la aplicación CBP One, dejando a miles de inmigrantes registrados sin la opción de presentarse en un puerto fronterizo y solicitar asilo en Estados Unidos.
Dos meses después, el 20 de marzo, la CBP activó la herramienta CBP Home diseñada para que los inmigrantes indocumentados, incluidos aquellos que pierden beneficios o derechos de permanencia, se autodeportaran y se fueran voluntariamente del país.
El DHS anunció un bono de $1,000 para quienes se inscribieran y se marcharan. En navidad el pago aumentó a $3,000 y en estos momentos es de $2,600 por persona, según dijeron las autoridades.
3.
Qué dijo la carta de abril de 2025
Las notificaciones electrónicas enviadas por el DHS a partir del mes de abril del año pasado informaban a los inmigrantes que ingresaron bajo la aplicación CBP One que su libertad condicional humanitaria (parole) estaba terminando. Y se les ordenó salir "inmediatamente" de Estados Unidos (con un plazo de solo siete días), advirtiéndoles sobre la revocación de autorizaciones de empleo (permisos de trabajo) y posibles acciones de deportación, que incluía detenciones en cárceles de ICE.
Las cartas fueron enviadas a la mayoría de los 930,000 inmigrantes que ingresaron a Estados Unidos bajo la aplicación móvil CBP One.
La carta con la orden de salida también instaba a los titulares del programa a abandonar el país para evitar multas o procesos penales.
4.
Qué dice el fallo de la jueza Burroughs
La jueza Burroughs dictaminó que la administración Trump revocó ilegalmente el estatus legal de decenas de miles de migrantes a quienes se les había permitido vivir y trabajar temporalmente en Estados Unidos bajo la aplicación CBP One. Ordenó al gobierno dar marcha atrás y concluyó que había emitido la orden generalizada a un gran número de personas —principalmente originarios de Venezuela, Cuba y Haití— sin presentar justificación alguna para este cambio.
Es decir, el gobierno debió haber notificado caso por caso la terminación de los beneficios y no de la manera en que lo hizo, a través de una carta electrónica enviada simultáneamente a cientos de miles de titulares del CBP One.
En la carta enviada en abril el gobierno notificó a todos los destinatarios del mensaje que su estatus se consideraría cancelado en un plazo de siete días. "Es hora de que abandone los Estados Unidos", se leía en la misiva. Y advertía que, si la persona no se marchaba, "el gobierno federal lo encontrará".
5.
Qué deben hacer ahora los beneficiarios del fallo judicial
a) “Las personas que entraron bajo la aplicación CBP One y tienen casos de asilo pendientes de resolverse en los tribunales de inmigración, pueden seguir navegando el debido proceso”, explica José Guerrero, un abogado de inmigración que ejerce en Miami, Florida. “La decisión brinda esperanza, pero las personas deben, primero, conocer sus expedientes y haber procedido de acuerdo con el reglamento del CBP One”.
En la mayoría de los casos que fueron remitidos por las autoridades migratorias a la Corte de Inmigración y tienen casos pendientes, pueden seguir navegando el debido proceso hasta que un juez decida sus futuros en Estados Unidos.
b) Guerrero también dijo que “la mayoría, sino todos los inmigrantes que ingresaron bajo el programa CBP One, recibieron un ‘parole’ al momento de entrar y la mayoría de los casos fueron remitidos a la Corte de Inmigración. En los casos que no fueron enviados a la Corte, los inmigrantes debían solicitar asilo en el plazo de un año. Aunque existen algunas excepciones”.
c) El ‘parole’ tiene una duración de dos años dentro de los cuales el inmigrante debe buscar asilo o regularizar su estadía bajo cualquier otro programa legal disponible. En la mayoría de los casos los expedientes fueron remitidos dentro de ese plazo a la Corte de Inmigración. Los extranjeros cuyos casos no fueron remitidos a la Corte de Inmigración tienen un año pasa solicitar asilo afirmativo ante la Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración (USCIS). En ciertas circunstancias pueden hacerlo después del primer año.
d) Si el inmigrante tiene CBP One y un caso de asilo pendiente, puede seguir esperando por su audiencia. “Pero si su permiso de trabajo está vencido, no puede renovarlo”, advierte Alex Gálvez, un abogado de inmigración que ejerce en Los Ángeles, California.
e) En el caso de aquellos inmigrantes que no tienen casos pendientes en la Corte de Inmigración y llevan más de dos años desde que entraron a Estados Unidos, “este fallo no les otorga beneficios”, indicó Gálvez.
f) Guerrero advirtió que “todos los inmigrantes que recibieron la carta de abril del 2025 y se encuentran en Estados Unidos, deben buscar consejo legal para revisar sus expedientes y determinar si tienen oportunidad se seguir luchando por sus derechos de permanencia en Estados Unidos.
g) Ambos abogados coincidieron en advertir a los miles de titulares del programa CBP One que se encuentran en el país “tener cuidado con las estafas”. Que busquen consejo legal “y no paguen nada a nadie” sin antes tener certeza que se trata de un trámite legal válido.
“Un error puede afectar severamente sus derechos de permanencia en Estados Unidos”, dijo Gálvez.