Por incumplimiento de una medida cautelar o preliminary injunction, la jueza federal de distrito Julie R. Rubin del Tribunal de Distrito de Maryland, ordenó al gobierno federal acatar las recomendaciones de mejora hechas en centros de detención del ICE en el centro de Baltimore o, de lo contrario, emitirá una orden de comparecencia e iniciará un procedimiento por desacato.
Jueza federal ordena al gobierno cumplir mejoras en centros del ICE de Baltimore bajo amenaza de desacato
Una jueza federal ordenó al gobierno cumplir mejoras en centros del ICE de Baltimore o enfrentará desacato. Exige entregar aviso de derechos, reportes constantes sobre celdas, medicamentos y salud, y evaluar y nombrar un administrador judicial
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A través de una orden interlocutoria de dos páginas, la jueza menciona que el 6 de marzo de 2026, a través del documento ECF No. 171 se especificó sobre cómo debían tratar a los detenidos y la obligación de entregarles un aviso con sus derechos.
Sobre la entrega de aviso de derechos, concedió al gobierno un plazo de cinco días, a partir de la emisión de la orden, para enviar una copia del aviso de derechos requerido por la medida de marzo y certifique que será implementado tal como se exigió.
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Servicios de salud a internos deben comprobarse
En el caso de informes y declaraciones juradas periódicas, estableció que cada 14 días, mientras la medida cautelar siga vigente, el gobierno debe presentar una declaración jurada del Director de la Oficina de Campo de la Sala de Retención de Baltimore (Baltimore Hold Room) que certifique bajo pena de perjurio lo siguiente:
-El recuento máximo diario de celdas en dicha sala.
-Datos sobre la entrega de medicamentos recetados a los detenidos en relación con su fecha de ingreso.
-Datos sobre la provisión de medicamentos de venta libre.
-La confirmación de que se han realizado exámenes médicos completos y oportunos conforme a la orden judicial.
-Una fe de presentación sobre la entrega del aviso de derechos a cada detenido.
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Incumplimiento será desacato: jueza
Además, en el documento se establece el posible nombramiento de un administrador (special master), por lo cual la jueza estableció que el 13 de octubre de 2026 a las 12:00 de la tarde, las partes deberán presentar escritos de un máximo de cinco páginas sobre sus posturas respecto a si el tribunal debe designar a un administrador judicial (bajo la Regla 53(a)(1)(C) de las Reglas Federales de Procedimiento Civil) para supervisar que el Gobierno cumpla con la medida cautelar. No se permitirán respuestas ni réplicas a estos escritos.
“Las partes quedan advertidas de que cualquier violación adicional de la Orden PI, o violación de esta orden, puede estar sujeta a una orden de comparecencia de oficio y al procedimiento de desacato asociado”, menciona el documento.
Esta medida se suma a la emitida en marzo pasado por la juez Rubin, en la cual ordenó que los detenidos deben contar, por lo menos, con 31 pies cuadrados de espacio personal. También ordenó limpiar las celdas una vez al día y realizar exámenes médicos a todos los detenidos dentro de las 12 horas posteriores a su ingreso, entre otros requisitos.
El caso está relacionado con una demanda colectiva de derechos civiles presentada hace dos años contra funcionarios de inmigración en Maryland, en particular con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Los argumentos presentados en contra de las autoridades describen el ingreso de los extranjeros detenidos a celdas confinadas durante días en espacios diseñados para custodia temporal de no más de doce horas.