Policía de Bakersfield logra acuerdo con fiscalía de California para implementar reformas

La Fiscalía General de California anunció el lunes que el Departamento de Justicia del estado firmó un acuerdo con el Departamento de Policía de Bakersfield con miras la reforma de políticas y prácticas problemáticas que se han sido denunciadas en relación a esa agencia del órden público.

El actual Fiscal General de California Rob Bonta dijo estar “comprometido a fortalecer la confianza entre nuestras comunidades y las fuerzas del orden”. Bonta describió dicha meta como “una parte fundamental de la seguridad pública”, y dijo que “donde hay injusticia, debemos corregirla. Este acuerdo con la ciudad y su departamento de policía ayudará a que eso suceda".

Este acuerdo ocurre como seguimiento a una investigación iniciada por la vicepresidente de Estados Unidos Kamala Harris, quien en 2016 como fiscal general de California, respondió de esa manera a presuntos abusos del Departamento de Policía de Bakersfield.

La Fiscalía General de California dijo a través de un emitido el lunes, que "la ciudad de Bakersfield y el Departamento de Policía de Bakersfield” participarán en un conjunto integral de acciones, que serán supervisadas por un monitor independiente, para promover la seguridad pública, fortalecer los sistemas de supervisión y rendición de cuentas, continuar aumentando apoyar a los oficiales y proteger los derechos estatutarios y constitucionales de la gente de Bakersfield ".

Para Greg Terry, jefe de policía de Bakersfield, “la decisión se redujo a elegir entre litigar el pasado o controlar nuestro futuro, tranquilizar a nuestra comunidad y avanzar de manera positiva ”. Terry se comprometió a que los hombres y mujeres del Departamento de Policía de Bakersfield “trabajarán diligentemente para honrar este acuerdo con profesionalismo, compromiso e integridad".

El acuerdo consiste en un plan de cinco años para lograr las siguientes metas:

Revisar las políticas y los principios del uso de la fuerza para incluir el enfoque en los conceptos de necesidad, proporcionalidad y desescalada; exigir a los agentes que intervengan; definir una amenaza inminente que justifique la fuerza letal que sea consistente con la ley actual de California; prohibir el uso de armas de control electrónico en personas y menores esposados; exigir a los empleados que eviten sujetar a un sujeto boca abajo siempre que sea posible; y disponer que la conducta tanto del oficial como del sujeto que conduzca al uso de fuerza letal debe incluirse en la evaluación del incidente;

Modificar las políticas y el adiestramiento relacionados con los perros policía, asegurando que los despliegues caninos se lleven a cabo de una manera consistente con las técnicas de "ladrar y retener" para buscar y localizar a los sujetos, en lugar de recurrir inmediatamente a la fuerza;

Ampliar y mejorar la presentación de informes sobre el uso de la fuerza, requiriendo que se informe cualquier cosa por encima de las esposas estándar y responsabilizar a los agentes por omisiones materiales o inexactitudes en las declaraciones sobre el uso de la fuerza;

Exigir investigaciones de los supervisores en todos los casos de uso de la fuerza reportables, tomando medidas para responsabilizar a los supervisores por no detectar, investigar adecuadamente o responder a la fuerza que no es razonable o contraria a la política;

Fortalecer el entrenamiento sobre el uso de la fuerza, trabajando con el monitor independiente para mejorar las técnicas de desescalamiento y los ejercicios interactivos que ilustran la toma de decisiones adecuada sobre el uso de la fuerza;

Evaluar periódicamente las tendencias en los datos sobre el uso de la fuerza y reunirse con un panel asesor de la comunidad para recibir información sobre las políticas y los procedimientos de los representantes y organizaciones de la comunidad;

Analizar los datos de la Ley de Perfiles Raciales y de Identidad semestralmente y consultar con el monitor para desarrollar las mejoras necesarias a las políticas y procedimientos relacionados con la vigilancia policial libre de prejuicios;

Asegurar que las detenciones, registros e incautaciones cumplan con la ley, como parte de una estrategia general efectiva de prevención del delito que no contribuya a tensiones contraproducentes con la comunidad;

Mejorar y revisar la capacitación con respecto a las detenciones de investigación, reiterando que la raza, el color, la etnia, el origen nacional, la religión, el género, la identidad de género, la discapacidad u orientación sexual no deben usarse como un factor para establecer una sospecha razonable o una causa probable, excepto como parte de descripciones reales y creíbles de un sospechoso específico;

Brindar capacitación sobre intervención en crisis a todos los despachadores y sus supervisores, así como establecer una preferencia por los agentes del orden público que estén específicamente capacitados para tratar con personas en crisis de salud mental o que padecen una discapacidad de salud mental para responder a tales llamadas de asistencia;

Tomar medidas para garantizar un acceso oportuno y significativo a los servicios policiales para todos los miembros de la comunidad de Bakersfield, independientemente de su capacidad para hablar, leer, escribir, escuchar o comprender inglés;

Revisar y modificar, según sea necesario, el programa de reclutamiento, contratación y promoción, a fin de mantener un servicio de alto nivel y calidad a través de esfuerzos para atraer, contratar y promover exitosamente a oficiales calificados que reflejen la diversidad de la comunidad de Bakersfield;

Desarrollar un plan de participación comunitaria, continuando la participación constructiva con la comunidad para garantizar la resolución colaborativa de problemas y una vigilancia policial libre de prejuicios, así como para aumentar la transparencia y confianza de la comunidad; y

Asegurar de que todas las acusaciones de mala conducta del personal sean recibidas, documentadas, investigadas y adjudicadas, publicando un informe anual de los datos de las quejas del personal que se pondrán a disposición del público antes del 1 de abril de cada año.